El 9 de noviembre realizaremos una jornada en defensa del ambiente, contra los desmontes y en rechazo al acuerdo que firmó Jorge Capitanich con capitales chinos para instalar factorías de cerdos en la provincia.

El proyecto es instalar tres complejos integrados por cinco granjas de 2.400 madres cada una. Cada granja apunta a una producción anual de 32.300 toneladas de soja y 87.400 toneladas de maíz para la alimentación de los cerdos. Estas megagranjas industriales de cerdos va a traer grandes prejuicios: involucran el uso de miles de millones de litros de agua, contaminan los suelos y las napas, produciendo olores nauseabundos afectando la calidad de vida de la población aledaña, además de tener un fuerte impacto sobre la salud de los trabajadores.

Además, a la inversa del relato oficial de generar puestos de trabajo de calidad y en cantidad, tendrá impactos negativos sobre los pequeños y medianos productores porcinos locales, beneficiando económicamente a los grandes capitales extranjeros. Todo ello en detrimento de las condiciones sanitarias, sociales y ambientales, incluidos los riesgos de potencial pandémico que se generan en esas instalaciones.

Esta medida forma parte de toda una política depredación ambiental, ya que el gobierno ha presentado a través de la Fiscalía de Estado de la provincia una medida anticautelar contra cualquier resolución judicial que afecte la legalidad y plena vigencia en materia forestal; que alteren o restrinjan la ejecución de planes, permisos, guías de tránsito de productos forestales e industriales, o el avance de permisos o autorizaciones otorgadas que se encuentren en ejecución por aplicación de la ley provincial o que produzcan la interrupción o suspensión de la producción
y la industria forestal, como así también, el transporte de la producción forestal primaria e industrial, el desarrollo de las actividades de los trabajadores forestales, empresas, acopios, playas de carga, o cualquier actividad derivada.

Esta es la respuesta oficial a la resolución de la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la provincia del Chaco, que resolvió hacer lugar a una medida cautelar de la asociación Conciencia Solidaria, integrante del colectivo Somos Monte Chaco, que había ordenado la inmediata suspensión de todo permiso y/o autorización de aprovechamiento y/o cambios de uso de suelo -desmonte- en cualquier estado de ejecución en que se encuentre, desde el mes de diciembre del año 2014 y hasta el presente; la inmediata suspensión de todo procedimiento, trámite o actividad tendiente a otorgar permisos y/o autorizaciones de aprovechamiento y/o cambios de uso de suelo -desmonte-, recategorizaciones o actividad alguna.

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Es un ataque directo a la lucha contra los desmontes en la provincia que, según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, fue la que registró más pérdidas de bosques nativos entre 2016 y 2019, con 130.177 hectáreas desforestadas, accionar que no ha frenado durante la pandemia y con la protección del gobierno. Esta medida demuestra el carácter depredador del gobierno y la oposición en un contexto de una sequía histórica y graves focos de incendios intencionales para extender la frontera sojera. A este sector el gobierno lo acaba de premiar con la condonación de las deudas contraídas con la Fiduciaria del Norte por casi 300 millones de pesos.

Por el vértice se oponen los proyectos presentados por la banca del Partido Obrero en la Legislatura chaqueña, como el proyecto ley 1571/2020 que plantea se suspendan y se prohíban los desmontes y cambios de uso de suelo por un período de 24 meses a partir de la sanción de la presente ley en todo el territorio de la provincia; y el proyecto de ley 1629/2020 zonas de protección y remediación ambiental a todo territorio alcanzado por las quemas e incendios durante los últimos cinco años, prohíbe modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anteriores inmediata al incendio ya que la banca del Partido Obrero ha sido el único canal de expresión de la lucha de las agrupaciones ambientalistas.

Capitanich convierte a la provincia en la punta de lanza a nivel nacional del acuerdo porcino que Alberto Fernández busca firmar con China. El Chaco es la prueba de fuego para medir la posibilidad de extender estos emprendimientos en distintas provincias.

Por ello desde el Partido Obrero y Tribuna Ambiental invitamos a la jornada del 9 de noviembre como puntapié para discutir un plan de lucha, cómo seguimos frente a una política entreguista de los recursos y depredadora del medio ambiente y el rechazo a la instalación de las megafactorías en la provincia.

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