Nuevamente gana lugar en los medios la brutal contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo; otra vez desde la promesa de María Julia Alsogaray, en 1994, de limpiar el Riachuelo en mil días. Ahora, el ombudsman nacional, Eduardo Mondino, reclama que se declare la emergencia sanitaria en la zona.

Según Clarín (5/12), el 55% de los casi 5 millones de personas que habitan la cuenca carecen de cloacas, un 35% no tiene agua potable y casi medio millón vive en villas. En su tramo más contaminado (el que recorre Lomas de Zamora, Lanús y Avellaneda) las concentraciones de sustancias tóxicas en tierra, aire y agua superan en 16 veces los niveles máximos tolerables. El 80% de la contaminación es atribuido a 65 de las tres mil empresas allí instaladas. Los recursos dirigidos a las obras de saneamiento, otorgados por el BID, fueron destinados en un 77% a consultorías.

Este drama no tiene solución en manos de los gobiernos capitalistas. Ya denunciamos (ver Prensa Obrera N° 816, 4/9 y anteriores), la incapacidad manifiesta de todos los responsables municipales, provinciales y nacionales para acabar con el envenenamiento de la población y el medio ambiente.

El intendente electo de Avellaneda, “Cacho” Alvarez, presentó hace poco un proyecto de traslado del Polo Petroquímico, pero antes es necesario establecer quién va a actuar como ejecutor y fiscalizador de las medidas necesarias.

Planteamos establecer una comisión obrero-vecinal, sobre todo en Villa Tranquila, Villa Inflamable, Dock Sud y La Boca, los barrios más castigados. Los vecinos y los trabajadores de Shell, Dapsa, Molinos, etc., deben co ntrolar la seguridad ambiental. Las condiciones de seguridad las deben establecer las comisiones obreras, no las ART.

Las obras necesarias deben ser financiadas con un gravamen a las ganancias patronales, todas grandes beneficiarias de la devaluación, bajo gestión de las organizaciones populares, empleando vecinos a partir de sus bolsas de trabajo, con salarios y derechos convencionales y sindicales.

De la misma manera, deben ser reubicados los vecinos que tengan que evacuar la zona, garantizando vivienda y subsidios para todos ellos. La promesa de construcción de cloacas para 250 mil personas está lejos de cubrir las necesidades elementales de la población afectada.

Finalmente, no pueden quedar impunes los envenenadores.