Desde Prensa Obrera entrevistamos a Matías Crespo, uno de lxs imputadxs en Chubut por ser parte de las grandes movilizaciones en la provincia para defender el agua de la megaminería y el saqueo capitalista. Matías es trabajador del Estado y militante de la corriente social y política Marabunta.

¿Cuál es la causa por la que estás imputado? ¿Cuántos son en total los vecinos procesados y quién lleva adelante la causa? ¿En qué instancia están al momento?

Estoy imputado por una protesta que se realizó en mayo del año 2021 en la ruta nacional 3, cuando la Legislatura de Chubut decidió desestimar el proyecto de ley por Iniciativa Popular que buscaba prohibir la megaminería en todo el territorio provincial. Somos 23 vecinxs de Rawson, Trelew y Puerto Madryn imputadxs, la causa tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 2 de Rawson, a cargo del Juez Gustavo Lleral, por el delito de entorpecimiento de servicios públicos. En noviembre del 2021 el Juez nos llamó a declaración indagatoria, pero días antes sin expresar motivo, suspendió las audiencias.

Vale decir que la conflictividad social en Chubut por el avance extractivista ese año iba en aumento, culminando con las jornadas de protesta conocidas como el Chubutazo, uno de los hitos historicos mas importantes de la lucha socioambiental, ya que se logró derogar el proyecto de ley de zonificación minera que impulsaba el gobernador Mariano Arcioni y todo el staff politico del PJ y de la oposición de derecha (JxC). Pasado un año del Chubutazo, con el clima social mas calmado, el Juez Lleral vuelve a insistir con los llamados a indagatorias. Lo que le permitiria el día de mañana dictar nuestros procesamientos.

¿Cómo fue el proceso de organización de la segunda Iniciativa Popular y qué objetivos perseguía?

La 2da iniciativa popular fue un proyecto de ley impulsado por la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, mediante el cual se buscaba reforzar la protección ambiental contra la megaminería intensiva, a gran escala y con la utilización de químicos contaminantes como el cianuro. En Chubut tenemos una ley vigente (la ex 5001) que se ganó luego de la lucha de las asambleas de Esquel hace mas de 20 años, la cual prohíbe esta minería pero deja abierta la puerta con un artículo que permitiría la zonificación del territorio provincial para establecer espacios geográficos donde sí sería posible implantar este tipo de proyectos extractivistas.

Esa zonificación nunca se hizo y el primer intento fue en el 24/11/2020: justo el mismo día en que ingresó en Legislatura el proyecto de la segunda Iniciativa Popular. De esta forma entraron dos proyectos antagónicos al recinto. El de la Iniciativa Popular tuvo su origen en las asambleas dispersadas en todo el territorio, costa, meseta y cordillera del Chubut, y contó con las firma de mas 30.000 vecinxs, que dieron su aval acercándose a las mesitas en plena pandemia.  El proyecto del gobierno fue un acuerdo por arriba entre los partidos patronales (ChuSoTo, PJ, JxC), a lo que se le sumó la presión del Gobierno Nacional de Fernández, de la mano de sus Ministro de desarrollo productivo Matías Kulfas. Si bien el lobby minero siempre esta presente fue, impresionante desde noviembre del 2020. Los gobiernos nacional, provincial, la oposición de derecha, los medios masivos de comunicación, la burocracia de los sindicatos de Camioneros y Uocra, todos alineados atrás del proyecto Navidad de Panamerican Silver Coop. Era evidente la compra de vountades para presionar sobre la zonificación.

¿Cuál fue la respuesta de la Legislatura? ¿A qué se lo atribuís?

Cuando entraron los dos proyectos (Iniciativa Popular y zonificación minera) fueron muy distintos los caminos que tuvieron. Mientras la zonificación fue por un tubo, prácticamente sin tratamiento en comisiones, la Iniciativa debió recorrer un largo camino. Sin embargo, la sociedad estaba muy movilizada, entonces no había condiciones para aprobar la zonificación, por eso el gobierno pretendieron ganar esa disputa por el desgaste. Fueron dos años de una lucha incansable, con movilizaciones masivas. Uno de los golpes mas significativos en ese periodo, fue el rechazo de la IP en mayo del 2021. La sesión fue bochornosa, ya que ni siquiera se trató el contenido del proyecto. En menos de cinco minutos aprobaron un dictamen de cuatro renglones elaborado por una comisión llena de legisladores promineros, que aconsejaba rechazar el proyecto. Como vengo diciendo, este accionar se lo atribuyo a un consenso establecido en torno al extractivismo como modelo de (mal) desarrollo, al cual adhiere el PJ, JxC y el resto de los partidos patronales, que es un consenso establecido a nivel nacional y tiene sus distintas expresiones en los territorios provinciales, en virtud de la competencia provincial para definir sobre los “recursos naturales” -que por mi parte prefiero denominar como bienes comunes.

¿Qué relación encontrás entre estos hechos y el Chubutazo?

El Chubutazo es expresión del aumento de la intensidad de las protestas, producto de la bronca popular generada en varios niveles: bronca contra el ajuste y la pobreza, bronca contra la represión en la pandemia, bronca por la entrega de los bienes comunes como el agua y el territorio, por un gobierno que ninguneó la protesta social masiva, que habló de 500 ruidosos, que ninguneó 30.000 firmas de vecinxs de toda la provincia plasmadas en la IP. Es clara la relación que existe, la protesta por la que se nos judicializa fue un peldaño mas en esa escalera de conflicto. A nadie le gusta vivir protestando, pero si después de 15 o 20 marchas de miles y miles de personas en toda la provincia, el gobierno decía que son 500 ruidosos y despreciaba las demandas del pueblo, necesariamente las protestas se fueron radicalizando, hasta llegar al Chubutazo como su expresión máxima.

Estamos enmarcando la causa en la idea de la criminalización de la protesta. ¿Qué significa esta expresión y qué otros hechos lo demuestran? ¿Es una excepción o una política de Estado?

Criminalizar la protesta es utilizar el aparato penal (policía, fiscales, juzgados criminales, establecimientos carcelarios) para abordar la conflictividad social derivada de la situación económica, social y política. Es un esquema bastante repetitivo, sobretodo en contextos de crisis, ajuste, empeoramiento de las condiciones de vida para las mayorías trabajadoras y, muy particularmente, para avasallar los derechos de los pueblos que se levantan contra las avanzadas extractivistas en sus territorios.

En el marco de las relaciones sociales vigentes, considero que funciona como mecanismo aleccionador: producida la protesta, el derecho penal aisla a unos pocxs participantes del movimiento social general, aplicando una sanción violenta contra estos, como forma de disciplinar al resto de los integrantes del movimiento mostrando lo que les espera, en caso que persistan con su vocación de protestar. Lo cierto, es que es una practica sumamente ilegal, ya que la protesta social es un derecho, en un sistema que se proclama como democrático. Lo cierto es que la criminalización de la protesta es un mecanismo que en los últimos años se ha profundizado -a la par que se profundiza la crisis económica, social y política-, encontrando como principales destinatarios a las organizaciones sociales que reclaman por trabajo y por salario, a los pueblos originarios que reclaman por sus territorios, a los trabajadores que reclaman por aumentos salariales en un contexto inflacionario y sobre lxs activistas socioambientales que luchamos en defensa del agua y el territorio en un marco de avanzada del extractivismo, el saqueo y la desposesión de los bienes comunes.

¿Qué se puede hacer para colaborar en la lucha por el sobreseimiento?

Creo que es necesario pronunciarse, sumarse a las convocatorias de movilizaciones o concentraciones, difundir, adherir a los pronunciamientos, pero sobretodo estar en la calle. De la criminalización de la protesta, ningune luchadore social está excente. Tenemos que repudiar esta practica, porque la política y la protesta no pueden ser tabicadas por el sistema judicial y mucho menos con el derecho penal. No somos criminales, somos trabajadores expresando nuestro repudio ante un sistema social que esta en decadencia y estamos luchando porque queremos para nosotres y las futuras generaciones un mundo donde se pueda vivir en nuestra tierra, sin miseria y sin contaminación.

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