El distrito semirural ubicado al norte de la provincia de Buenos Aires tiene actualmente más de 40.000 habitantes y 60.000 hectáreas rurales. En las últimas décadas se registra la consolidación de dos tendencias respecto del crecimiento poblacional: por un lado, el uso residencial del suelo; por el otro, un proceso de modernización agropecuario que concentra la producción y la tenencia de la tierra en pocas manos.

En cuanto al uso residencial del suelo, el distrito tiene un crecimiento exponencial del desarrollo de barrios privados, countries y casas de campo, los que sumados al agronegocio incrementan notablemente el valor de la tierra, expulsando pequeños productores, familias rurales y sobre todo agravando el déficit de viviendas de los desposeídos.

Al mismo tiempo, los cascos urbanos y principalmente sus zonas periféricas crecen con la radicación de los expulsados de las zonas rurales y del constante flujo de migrantes de países limítrofes que forman parte de la mano de obra barata y precarizada dedicada al trabajo eventual en la recolección de distintos cultivos frutales o en los establecimientos avícolas de la zona. Otros miles se ofrecen como prestadores de servicios de limpieza domiciliario, mantenimiento, corte de césped, trabajos de albañilería y toda una serie de tareas requeridas por los nuevos y acomodados habitantes.

Un desarrollo que de conjunto muestra una clara orientación desigual y combinada

Mientras la zona rural se despuebla, en las periferias urbanas crecen los asentamientos precarios y la pobreza de sus moradores, al tiempo que crecen los barrios privados y countries, dando lugar a un desarrollo de enclaves residenciales segregados social y físicamente del resto de la población.

La lucha de un pueblo fumigado

Junto con el desarrollo de la producción extensiva del agronegocio, que destina a la soja y otros commodities gran parte de la tierra disponible, en Exaltación de la Cruz la población padece sobre sus cuerpos, el suelo, el agua y el aire la contaminación y el envenenamiento producto del uso de agrotóxicos.

En 2018 un relevamiento llevado adelante por un grupo de vecinas dio cuenta de la existencia de 94 personas afectadas de distinta manera por estos químicos en un radio de tan solo 280 casas. Si bien no hay registros públicos, se han comprobado cerca de 50 casos de cáncer y más de 30 fallecimientos en un período de apenas unos años (Página 12, 16/10/2020).

La lucha y la organización independiente de quienes se enfrentan a este “modelo de desarrollo” que privilegia la ganancia capitalista por sobre la salud, ha dado resultados parciales pero alentadores.

Uno de ellos fue el logro en 2019 de la prohibición de las fumigaciones aéreas.

Pero quizás el más importante y el que más han resistido las entidades que agrupan a los patrones rurales es la medida cautelar dispuesta por la justicia.

Ante las fundadas denuncias, el poder judicial ha establecido un medida cautelar que, entre otras consideraciones, establece la prohibición de pulverizar a menos de 1.000 metros de lugares poblados, escuelas rurales y zonas de protección como turismo, apicultura y otras (Benítez, Ceferina P. vs. Francisco, Lucas s/ Medidas Cautelares Expte. N° 29473).

La complicidad del gobierno municipal y de la oposición de Cambiemos

En Exaltación de la Cruz el ejecutivo municipal está a cargo del Frente de Todos. En las últimas elecciones, su candidato hizo campaña con un discurso “verde” prometiendo fomentar la agroecología y la zaraza de la soberanía alimentaria y los alimentos sanos.

Claro que este candidato ya formaba parte del ejecutivo saliente, aunque en su ropaje vecinalista, como suele suceder cuando buscan despegarse de algún alineamiento nacional en declive. En definitiva, se trata del mismo peronismo que viene gobernando el distrito hace más de 30 años.

El municipio sancionó en 2012 la ordenanza 101, que restringe las pulverizaciones a unos convenientes y modestos 150 metros. Una medida a todas luces favorable a las patronales del agronegocio. A la fecha no ha adecuado su normativa a la medida cautelar, a pesar que aquella insta al municipio a ordenar el tema en la misma dirección.

Pero no solo eso. El municipio no ha tomado ninguna medida para garantizar efectivamente el cumplimiento de la manda judicial.

Un párrafo merece la oposición que en el Concejo Deliberante tiene Cambiemos.

No ha habido ninguna declaración ni mucho menos algún proyecto de ordenanza impulsado por quienes dicen ser oposición. Está claro que su política obedece a intereses de clase. Después de todo las patronales del agro son parte de su misma clase social y a ella responden cuando ocupan cargos en cualquier espacio.

El referí juega para ellos

Los afectados directos por el envenenamiento se ven empujados a realizar las denuncias penales contra los fumigadores y a esperar largamente por expedientes que quedan cajoneados.

La justicia local está a cargo de Juan Manuel Esperante, fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Exaltación de la Cruz, tal su rimbombante nombre.

Este fiscal, presuroso para disponer desalojos mediante el aparato represivo cuando las familias se ven empujadas a tomar un terreno vacío y ocioso para levantar sus casillas, es el que mantiene frenadas al menos 9 denuncias penales presentadas por vecinos damnificados por las pulverizaciones en lugares expresamente prohibidos por la cautelar y tratándose de un flagrante delito penal.

Pero aquí también se invierte la carga de la prueba. No es el victimario quién debe demostrar o no su inocencia, sino la víctima la que tiene que aportar las pruebas.

Hasta ahora no se conocen avances de esas denuncias. Y mucho menos las medidas que este fiscal debería tomar para garantizar el cumplimiento de la prohibición.

Una programa de fondo para enfrentar el problema

Un sector importante de la sociedad viene haciendo su experiencia con el gobierno nacional, provincial y municipal del FdT, que ya ha dado sobradas muestras de una dirección que no solo sostiene el agronegocio sino que busca privilegiarlo dada su política económica, cuya viga maestra es el acuerdo para el pago de la deuda externa, primero con los bonistas y ahora con la negociación en ciernes con el FMI. Ese pacto colonial implica la necesidad del estado de hacerse de las divisas y esas divisas pueden ser provistas por el agronegocio.

Esta verdad elemental está quedando cada vez más expuesta.

Por eso ninguna medida contra las pulverizaciones con agrotóxicos puede estar desligada del rechazo al pacto colonial con los acreedores externos y con el FMI.

Otra medida elemental es la organización independiente. No se puede luchar contra las políticas que favorecen el agronegocio dentro de marco de las organizaciones políticas cooptadas por el gobierno o que forman parte de la misma fuerza política que las promueve. Las medidas en apariencia progresistas impulsadas por algún concejal que forma parte de la alianza de gobierno son nada más que un taparrabos de las políticas de saqueo, entrega y complicidad con el agronegocio que nos envenena.

Desde el Partido Obrero de Exaltación de la Cruz exigimos:

Basta de agrotóxicos.

No al pago de la deuda externa.

Fuera el FMI.

Relevamiento sanitario en los barrios para conocer el estado de salud de la población.

Estudio independiente, financiado por el estado, de la contaminación del agua y los suelos.

Registro público de tierras destinadas al agronegocio, sus propietarios y arrendatarios.

Adecuación normativa a la medida cautelar de los 1.000 metros.

Plan de viviendas populares.

Agua y cloacas en todos los barrios.

 

 

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