Una nueva explosión, este 20 de marzo a las 3:30 horas de la madrugada , tuvo lugar en la fábrica química Atanor de San Nicolás, generando daños en la salud de los vecinos, en las viviendas aledañas y heridas graves a un operario.

La misma empresa señala en un comunicado que “las consecuencias esperables son irritación ocular y de las vías superiores”, pretendiendo preocuparse por las consecuencias de esta explosión e incendio, minimizando el episodio y tapando el peligro constante que viven los habitantes de la zona y los trabajadores en una química que manipula sustancias de alta toxicidad y peligrosidad en sus reacciones químicas y físicas y que produce glifosato y otros venenos dañinos para el conjunto de la humanidad.

Atanor con plantas ubicadas en Río Tercero, Córdoba, y en Pilar y en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, produce herbicidas altamente contaminantes como glifosato, 2,4D y atrazina. El dueño de la empresa es el grupo Albaugh, del empresario Dennis Albaugh nacido en Iowa, EEUU. La atrazina es un producto prohibido en EEUU, Europa y Australia por su alta capacidad de contaminación de las aguas y de las personas. La empresa acaba de participar de Expoagro donde defendió las políticas mileistas de apertura de los mercados y anunció más inversiones en el desarrollo de agrotoxicos, políticas que disfraza con emprendimientos a los que presenta como ecológicos, como la reutilización de plásticos. Una estrategia empresarial muy antigua con la cual pretenden disimular los daños que producen.

Hace apenas 20 días el gobernador Llaryora de Córdoba le prorrogó la “licencia ambiental” para que puedan seguir extendiendo los negocios. Tanto en la provincia de Buenos Aires con el gobernador Kicillof, como en Córdoba la empresa no recibe ningún control de parte de los gobiernos, lo que explica la contaminación y la afectación de la salud de la población de las zonas urbanas donde están radicadas sus plantas.

Ni el gobierno municipal de los Passaglia, ni Kicillof, ni Milei, ni los anteriores gobiernos condenan ni condenaron la existencia de una fábrica que durante décadas ha afectado a los vecinos y operarios, causando muertes prematuras y enfermedades incurables como variantes de cáncer en el aparato digestivo, respiratorio y en la piel.

La fábrica persiste, en su funcionamiento, en la elaboración de agroquímicos letales y en el uso de sustancias de alta peligrosidad, mientras en forma sistemática hay siniestros como en el 2016, de las mismas características que el actual. Es una larga línea del tiempo de consecuencias gravísimas que produce una empresa amparada por la Justicia y por los gobiernos.

Paradójicamente, por las mismas razones de peligrosidad, hace años dejó de funcionar la planta de Llavallol.

En San Nicolás, ni las denuncias de los afectados durante años, ni las campañas de ambientalistas y de trabajadores, ni los listados de muertos por manzanas, ni los informes de hospitales, ni las medidas cautelares han servido para cerrar una fábrica que a todas luces viene matando a la población.

Produce sustancias contaminantes y las fabrica con elementos peligrosos que sistemáticamente producen explosiones, fugas y envenenamiento del aire y gases que ingresan a los hogares a través de las cloacas.

Informes antiguos, como la fábrica y otras más recientes, dan cuenta de que también es responsable de la alta contaminación del Río Paraná.

Para los vecinos de San Nicolás, asolados en estos momentos por la inundación, se agrega esta explosión contaminante.

No basta con el comunicado de que si arden los ojos o hay dificultades para respirar vaya al hospital. Atanor viene matando.

Las asambleas de vecinos deben exigir el cierre inmediato de la planta, la atención gratuita y sistemática de todos los enfermos producto de la contaminación durante años; que la empresa se haga cargo con su patrimonio de las familias afectadas materialmente, laboralmente y en su salud.

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