La Empresa Industrial Varela ha sufrido un aparente y tardío traspié judicial mediante una sentencia que le prohíbe seguir contaminando, con plomo, arsénico y cromo, lo cual ya ha afectado la vida y la salud de los vecinos del Barrio La Rotonda, situado cerca de Alpargatas y del arroyo Las Conchitas.

El fallo mencionado provino del Tribunal Contencioso Administrativo de La Plata al cabo de tres décadas de contaminación impune e ininterrumpida. Cabe señalar que ésta no ha sido la única fuente de contaminación de una empresa que se ocupa del reciclado de baterías. Hay otras empresas muy cercanas geográficamente que también lo han hecho y así continúan, como la curtiembre Gibaut, cuyos deshechos van al arroyo Las Conchitas, o Champions, la fábrica de baterías ubicada debajo del puente de Bosques.

Los organismos que pudieron detectar el nivel de contaminación fueron el Hospital Garrahan, la UNLP, la UBA y la Asociación Toxicológica Argentina, que dieron cuenta de un altísimo porcentaje de plomo en la sangre, cuyos efectos patológicos fueron de diverso orden, y abarcan desde enfermedades como cáncer, patologías renales, incluyendo daños en los órganos reproductores, hipertensión, anemia, problemas neurológicos y cognitivos, y desde luego, la muerte.

Destaquemos que el fallo judicial establece una reparación a las víctimas por parte del estado provincial, aunque enfaticemos también que los daños sufridos son irreparables. Cualquiera puede comprender que tres décadas causando profundos daños a la población, como fruto de las emanaciones tóxicas, el relleno del suelo con material proveniente de los deshechos fabriles que también contaminaron las napas de agua, constituyen un delito gravísimo por parte de esta empresa capitalista, como de los gobiernos patronales que los dejaron pasar y fueron cómplices conscientes de sus consecuencias.

Una mención especial la merece el gobierno municipal, liderado otrora por Julio Pereyra y hoy por Andrés Watson, que no realizó ninguna investigación ni estudio referido al porcentaje de sustancias contaminantes en la sangre de los vecinos del barrio, lo cual debería colocar a Pereyra, y sus funcionarios y sus sucesores al mando del municipio, en el banquillo de los acusados, por su complicidad ostensible.

Fue la lucha vecinal la que arrancó este fallo, la misma que llevó al municipio a decretar la emergencia sanitaria y en 2006 a formar un comité de crisis, ambas medidas para la tribuna que pretendieron tapar dicha complicidad, pero que fueron inservibles para resolver la cuestión de cuajo, lo cual exigía la erradicación de esa industria, el traslado a una zona no urbanizada y el control obrero y vecinal de las sustancias utilizadas, con la finalidad, desde luego, de proteger la salud y la vida de los trabajadores de esa empresa.

Si el capital es capaz de recurrir al fracking para obtener petróleo, las mineras a contaminar los ríos y arroyos para obtener una alta tasa de beneficio, o el capital sojero a provocar enormes desastres ambientales mediante los desmontes (inundaciones, incendios, etc.), lo ocurrido en el Barrio La Rotonda no es un rayo en cielo sereno. El régimen capitalista revela su agotamiento también en esto, porque destruye la naturaleza y las fuerzas productivas. Junto a la lucha por condenar a los responsables de este crimen corresponde sacar esas conclusiones para abrir camino a una sociedad sobre nuevas bases sociales.

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