El mes de febrero debutó con una mortandad de peces producto de la contaminación del Río Ctalamochita con ácido nítrico. La mortandad de peces se verificó río abajo de la Petroquímica de Río Tercero, provincia de Córdoba,  por lo que se presume que este derrame es su principal causa.

El ácido nítrico es una sustancia química altamente tóxica y corrosiva, utilizada principalmente en la fabricación de agrotóxicos destinados a la fertilización del suelo, pero también a la fabricación de explosivos. La intoxicación con este ácido se produce por inhalación y tiene efectos sobre las vías respiratorias y las mucosas. El derrame producido afectó aire, agua y tierra, con lo que sólo estamos asomándonos a las consecuencias inmediatas de la contaminación producida: aún resta ver sus consecuencias mediatas sobre la población afectada.

Río Tercero es una ciudad asediada por eventos de combinación ambiental. En su ejido municipal conviven tres complejos industriales interconectados: la fábrica militar de Río III, la Petroquímica Río Tercero y  el complejo Atanor, del grupo Albaugh. Para ilustrar su vinculación, diremos que Atanor produce agrotóxicos: 2,4-D, 2,4 DB, Glifosato y  Atrazina, entre otros. Para la producción de estos agrotóxicos necesita TDI, que obtiene de la Petroquímica; la Fábrica Militar provee ácido nítrico  a Petroquímica y recibe a su vez fosgeno para la elaboración de sus productos. El fosgeno es un químico altamente contaminante y letal en caso de inhalación, altamente cancerígeno. Como se puede interpretar, todos componentes de indudable peligrosidad, tóxicos e inflamables.

La frecuencia de los derrames que se registran en el polo químico da cuenta por un lado  de que la capacidad operativa de las plantas está al límite y sus instalaciones, obsoletas; por otro, revela que los controles no existen: los organismos responsables de la supervisión de las plantas, tanto del orden municipal como provincial y nacional actúan sobre eventos ocurridos y no desarrollan ninguna política preventiva. Por si faltaran elementos, la proximidad de las industrias potencia su peligrosidad ante la posible asociación por contacto de sustancias químicas; finalmente, la cercanía a la zona urbanizada torna viable una catástrofe ambiental y social.

La peligrosidad de este escenario ha sido señalada por el abogado y técnico químico Aime,  quien fuera titular del Área de Residuos Peligrosos de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba entre 2006 y 2015. En una entrevista otorgada a la revista digital “Sala de Prensa ambiental”, en octubre de 2018, el exfuncionario había señalado que “En el polo químico de Río Tercero muchas industrias no aplican los protocolos de seguridad ni el mantenimiento de su infraestructura y esta situación se agravará con las dificultades económicas que atraviesa el país, por lo que es posible que comiencen a repetirse estos sucesos por falta de control e inversiones”.  En esa oportunidad, 4 eventos contaminantes habían ocurrido en el lapso de 32 días.

La estrecha ligazón política y empresarial orientada a favorecer los intereses de los sectores vinculados al agronegocio avanza inescrupulosamente sobre el ambiente, actualizando su depredación. El Estado muestra nuevamente su complicidad de clase: No hay controles de Policía Ambiental como parte de una política orientada a estimular las inversiones del sector y a garantizar la impunidad y  las ganancias de los capitalistas. Se extorsiona a los trabajadores de la ciudad de Río Tercero bajo el pretexto de que las denuncias implicarían la pérdida de puestos de trabajo. El ministro de ambiente Scotto es cómplice de esta extorsión en la medida en que no establece medidas urgentes de remediación de daño ambiental y medidas preventivas en resguardo de la población. 

Frente a este escenario de depredación ambiental desde Tribuna Ambiental Córdoba exigimos:

•    Clausura preventiva de la fábrica Petroquímica, sin afectar los salarios ni los puestos de trabajo de la totalidad de sus trabajadores, hasta tanto se determine la causa fehaciente del derrame y se garantice un examen completo de las instalaciones;

•    La constitución de un  órgano de control y fiscalización del polo químico  industrial independiente del gobierno, con representantes electos de la comunidad, que garanticen una auditoría ambiental actualizada;

•    Erradicación en un plazo perentorio del polo químico fuera del ejido municipal de Río Tercero, con instalaciones que garanticen la inocuidad de los trabajos realizados tanto para los empleados de planta como para el ambiente. 

•    La prohibición de la producción y comercialización de agrotóxicos por parte de la empresa Atanor y de Petroquímica Río Tercero.

El estado municipal, provincial y nacional son cómplices de la falta de control de las instalaciones correspondientes al polo químico de Río Tercero. Saquemos las conclusiones y organicémonos en defensa del ambiente.