El frigorífico de aves Soychú contamina con total impunidad la ciudad bonaerense de Salto; mientras, la justicia, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y la Autoridad del Agua, encargados de sancionar y controlar el cumplimiento de las normas ambientales de las empresas en la provincia de Buenos Aires, hacen la vista gorda y marchan muy lentamente en sus resoluciones. Los vecinos convivimos con el olor nauseabundo de los restos del eviscerado, menudencias de pollo y los escapes de amoníaco. Las altas temperaturas lo vuelve insoportable.

Los vecinos más afectados son los que habitan los barrios El Triángulo, Valaco y El Milagro, así como quienes viven en quintas cercanas a la ruta 191, porque precisamente en el kilómetro 94 se emplaza el frigorífico de aves Soychú que conduce el empresario Franco Santángelo, una de las faenadoras más grandes del país con base en Gualeguay (ER).

La empresa es conocida por incumplir cualquier tipo de normativas y producir a costa de la salud de los vecinos. Todos los restos del eviscerado y menudencia (deshechos no comestibles) son descartados y arrojados al Arroyo del Burro Muerto, que atraviesa los barrios mencionados y se extiende a lo largo de 3.000 metros hasta desembocar en el Río Salto.

Al olor nauseabundo que despliegan las aguas contaminadas del arroyo, se suman los regulares escapes de amoníaco, que atentan contra la salud de los vecinxs de la zona, maltratan su calidad de vida y afectan el ecosistema.

El perverso manejo empresarial se agrava con la insistente amenaza y apriete de cerrar y despedir trabajadorxs cada vez que se le exige la inversión correspondiente para producir ajustada a reglamento.

La generación de empleo no puede ser argumento para jugar con el bienestar de las familias de toda una ciudad.

Por otra parte, en Salto hay muchas empresas radicadas en el corredor industrial de la ruta 191, entre ellas dos frigoríficos más, por lo que el permitirle a una de ellas funcionar incumpliendo la ley bajo el pretexto de posibles despidos, marca un fuerte y peligroso mensaje hacia el resto de las empresas.

La complicidad del Municipio

El Intendente Ricardo Alessandro (PJ) en la entrevista realizada por Grupo la Provincia (GLP), sacándose el lazo de encima, asegura que han agotado todas las instancias que son de su competencia debido a que, por su categoría, la firma está bajo la órbita del Organismo de Desarrollo Sostenible (OPDS) y de la Autoridad del Agua (ADA), organismos funcionales al gobierno de la Provincia.

“Desde el Municipio, en un trabajo conjunto con Control Urbano, Bromatología, Seguridad y la Dirección de Medio Ambiente, hemos labrado actas permanentemente, cuya documentación ha sido enviada al OPDS, organismo encargado de realizar las inspecciones en las empresas”, expresó el secretario General de la Comuna, Camilo Alessandro.

Se refiere a una causa iniciada en 2018 a raíz de reiteradas denuncias de los vecinos por el Juzgado de Faltas Municipal, que sancionó a la firma con la risueña multa de $2.256.000 pesos tras haber comprobado lo que los habitantes de Salto sufren cotidianamente, los efectos de la contaminación provocado por la falta de tratamiento adecuado de los residuos industriales sobre el Arroyo del Burro Muerto.

De hecho, el expediente 24.930 cuenta con elementos probatorios como las muestras de efluentes líquidos, cuyos resultados arrojaron que los parámetros de DQO, DBO5, sólidos sedimentables en dos horas, nitrógeno amoniacal, sulfuros, S.S.E.E. y sustancias fenólicas se encontraban muy por encima de los límites establecidos por la Resolución ADA Nº 336/06, destacándose que estas últimas se encuadran como sustancias especiales.

La sentencia fue apelada por la empresa y desde entonces se encuentra en un parate judicial agravado por la pandemia, que le permite a Soychú seguir volcando los desechos no comestibles en el arroyo con total impunidad.

La situación se ha tornado compleja y la preocupación de los vecinxs es alarmante. El Hospital Municipal registra casos permanentes de niños descompuestos con vómitos, nauseas, ardor en los ojos, producto de las fallas técnicas producida por el escape de amoniaco de las chimeneas del frigorífico.

La respuesta del OPDS y el ADA

Consultado por el “qué pasa mientras tanto”, ese tiempo que para los vecinos es calidad de vida diezmada, el titular del OPDS Juan Brardinelli respondió al GLP que “se está trabajando en las sanciones correspondientes”.

“Tenemos controlados todos sus elementos de aparatos sostenidos a presión, que tiene una gran cantidad, y estamos aplicando todo lo que implica la normativa y hemos ido numerosas veces a la empresa”, indicó.

Interrogado sobre plazos para que la firma se adecúe a la normativa correspondiente, el titular del organismo dijo que “hay que evaluar bien cuáles son los orígenes de esas emisiones, si son gaseosos o líquidos, si corresponde todo a Soychú o no, hay que evaluar el conjunto y es en lo que estamos trabajando para identificar exactamente las causas y poder actuar en consecuencia”, demostrando que después de más de cuatro años y pese a haber una sentencia judicial al respecto, el OPDS no tiene confirmada la contaminación desde la firma.

¿Y con los desechos vertidos al arroyo qué pasa?

Ese interrogante corresponde a otra área burocrática del organigrama provincial: la Autoridad del Agua (ADA).

Desde el directorio del organismo ADA, su Director Oscar Deina reconoció a GLP que “Soychú tiene problemas de vuelco” y que “se han detectado valores fueras de estándar”.

Según su relato, “esta empresa el 6 de noviembre de 2017 firmó una carta de intención para ingresar al Programa de Reconversión Industrial (PRI) para los vertidos industriales y siguió el trámite. Nosotros ingresamos en la gestión y en este momento está en estado de aprobación tecnológica del vuelco”.

“Esto es una cuestión técnico-administrativa que tiene que mejorar su sistema de tratamiento, en eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora le estamos pidiendo que presente un Plan de Mitigación hasta tanto pueda implementar las medidas técnicas de mejoras de su planta de tratamiento”, completó. Para el representante del ADA, “sin perjuicio de que la empresa nos ha mostrado su voluntad de querer mejorar su sistema de tratamiento, no puede seguir volcando con parámetros fuera de calidad, porque es una actividad industrial y no puede afectar ni a las personas ni al medioambiente como resultado de los residuos generados en sus producciones”.

En el expediente están las constataciones del análisis del vuelco, que está fuera de los estándares permitidos.

La empresa amenaza con despedir trabajadores cada vez que se le exige funcionar a reglamento

Hay una cantidad de estrategias tecnológicas. Por eso decimos que los planes son integrales. Las estrategias en las que puede avanzar son inmensas, no sólo la parte final. El manejo es integral, por eso tenemos que proteger el recurso hídrico y la empresa también tiene que hacer su proceso gastando la menor cantidad de agua posible.

Necesitan inversión y gestión, pero la empresa lo tiene que hacer.

Desde el ADA dicen que si en un año la empresa no mejora su sistema, clausurarán el vuelco.

Organicemos la lucha de los vecinos con un programa de salida para superar la contaminación ambiental

Los hechos demuestran que no hay amenaza de clausura ni denuncias de vecinxs que amedrenten a Soychú, ya que pese a tener en jaque a los vecinxs de la ciudad donde produce, no está dispuesta a resignar ganancias en favor de su bienestar.

Consciente de que el municipio ya agotó sus posibles instancias, la avícola juega a demorar los tiempos en la justicia y en los organismos provinciales, que son los espacios con capacidad para ponerle un freno a su impune accionar.

Mientras tanto, los restos de aves siguen nadando en el arroyo y toda una población padece el lento paso del tiempo burocrático mientras ve maltratada su salud.

Desde el Partido Obrero de Salto le decimos:

Basta de amenazas de clausura y amedrentamiento a vecinxs y trabajadorxs.

Basta de perversidad e impunidad empresarial.

Pongámosle un freno a la contaminación de Soychú.

Plan de lucha, alerta y movilización.

Apertura de los libros contables de la empresa.

Comités de Seguridad y control ambiental de la producción y Plan de Mitigación a cargo de los trabajadores.

No a la corrupción administrativa de los entes oficiales (OPDS/ADA) funcionales a los empresarios.

No a la permisividad de la administración municipal.

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