Para la mayoría de la prensa, especialmente la que está enfrentada con el gobierno, la Ley de Protección de Glaciares, aprobada el miércoles pasado por el Senado, constituye una rotunda derrota del gobierno y un golpe demoledor a las mineras. En un sentido similar se pronunciaron Greenpeace y dirigentes ambientalistas como el constitucionalista Sabsay. Voceros de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) consideraron la sanción un “triunfo popular” (Argenpress, 1/10).

Sin embargo, las afectadas, los principales pulpos mineros, afirmaron que “continuarán normalmente sus actividades” (comunicado de Barrick, 1/10). Das Neves, el gobernador minero-petrolero de Chubut, cuyos tres senadores votaron sin embargo por la ley, aseguró que “es una ley inocua, poco aplicable” y que “como toda ley cuando no es taxativa, no se ejecuta” (Diario Chubut, 1/10). Finalmente, para el secretario de Minería, uno de los más decididos opositores a la sanción de la ley, “la ley que salió es casi igual a la que proponíamos nosotros… Ahora todo dependerá de la reglamentación” (Diario de Cuyo, 1/10). ¿No es entonces lo que luce?

El artículo 17

El texto aprobado por el Senado no es el mismo que el que salió de Diputados. Le falta el artículo 17, que señala expresamente que “no se autorizará la realización de nuevas actividades hasta que no esté finalizado el inventario (de los glaciares)”. La modificación no volverá, sin embargo, a Diputados para su reconsideración, porque los senadores de todas las tendencias coincidieron en un recurso leguleyo para establecer que no se había modificado el proyecto que votó la Cámara baja. Semejantes procedimientos advierten que lo ocurrido es serio, porque el texto modificado habilita para que las actividades depredatorias continúen mientras la ley no haya sido reglamentada. Filmus, el reciente amigo del ambientalismo, justificó en forma expresa el mamarracho jurídico. El Senado ha consumado una de las conspiraciones más elaboradas de la historia argentina, con el concurso de protectores y de violadores del medio ambiente. Después hay analistas que se manifiestan perplejos por la perpetuidad de la camarilla matrimonial.

La confección del inventario tiene una duración prevista de 180 días, pero nadie sabe desde cuándo. El organismo encargado de realizarlo, el Ianiglia (instituto dependiente del Conicet), carece de los recursos para la empresa -no digamos en 180 días, sino siquiera en 180 meses. A pesar de que goza de merecido prestigio profesional, el organismo depende del Poder Ejecutivo, al igual que, por ejemplo, el Indek. El sanjuanino de la Barrick, el gobernador Gioja, ya declaró que al Ianiglia “habría que hacerlo de nuevo”. Su director, Villalba, declaró poco antes de la votación que la definición de glaciares que él va a tomar como criterio es la “(d)el glaciar de escombro”, es decir la versión más restrictiva;”la minería no tiene nada que temer”, remató (Mining Press, 27/9).

Libertad de voto

Que para votar una ley de carácter estratégico, que define el lugar de la minería en las próximas décadas, las principales fuerzas políticas con representación parlamentaria -el oficialismo, el radicalismo y el peronismo antiK- hayan dado libertad de voto, es una evidencia incuestionable de la complicidad del poder político en su conjunto con los pulpos mineros. Se trata de un procedimiento que apunta a ocultar las conspiraciones que precedieron a la votación. El asunto fue tratado como un ¡tema de orden moral! ¿Qué sentido tiene hacer de internas abiertas si después cada uno de los electos hace lo que le viene en gana?

La libertad de voto puso de relieve que solamente siete de los treinta miembros del bloque oficialista votaron por la ley aprobada, pero con eso contrariaron a los secretarios del gabinete, tanto el de Minería como el de Medio Ambiente. Entre los siete se encuentran el jefe del bloque, Pichetto, y Pampuro, el segundo en la línea sucesoria después de Cobos. Entre los ausentes figura Jenefes, representante de una provincia minera, cuyo gobernador fue de los más firmes defensores de la posición de las mineras.

Entre los radicales votaron en contra los representantes de Catamarca (¿seguirán siendo ex k?). Verani, senador por Rio Negro que había anticipado su voto junto a las provincias mineras finalmente se abstuvo. La UCR de San Juan se había pronunciado en idéntico sentido, pero carece de representación en el Senado.

También el peronismo federal votó partido al medio: la mayoría de los senadores cordilleranos en contra y los pampeanos a favor, con la ausencia de Menem y la abstención del peronista disidente Basualdo, de San Juan.

La presión de las mineras

En las semanas previas, el lobby minero había salido con todo: en combinación con los gobernadores de las provincias cordilleranas puso en marcha un conjunto de acciones. Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan, La Rioja y Santa Cruz declararon a los glaciares y los recursos naturales, en leyes provinciales similares, patrimonio provincial. Con eso apuntan a presentar cuestionamientos judiciales.Después fue el turno de las solicitadas contra la ley de glaciares, entre las se destaca la que firmaron la Caem (Cámara de empresarios mineros) junto a la UIA y a la Cámara de la Construcción. Se trata de una de las primeras manifestaciones de Techint, que es contratista de las mineras y ha visto reanudar la construcción de la red de gas del norte.La otra solicitada lleva la firma de la burocracia del sindicato minero (Aoma), que sigue fielmente a su patronal. Enfrenta el intento de organización del activismo, como fue hace dos años en Santa Cruz (Cerro Vanguardia) y el año pasado en San Juan (en Veladero).

Funcionarios, pulpos extranjeros, la gran patronal industrial y contratista, y la burocracia sindical: ahí tenemos la radiografía de las fuerzas sociales que apoyan el saqueo minero.Finalmente, estuvieron los viajes. En Nueva York, donde asistió a la Asamblea de la ONU, Cristina K no se podía privar, en pleno debate de la ley de glaciares, de mostrar “en acto” en qué canasta tiene puestos los huevos. Después de visitar la Bolsa de Wall Street, recibió en el hotel donde se hospedaba a unos veinte grandes empresarios reunidos por el Council of the Americas. Fueron de la partida los directivos de la Barrick Gold (Ambito Financiero, 27/9).Otro que anduvo de viaje fue el gobernador K de Mendoza, Celso Jaque, que se fue a San Pablo a entrevistar a Mario Barbosa, el principal ejecutivo de Vale Fertilizantes, el gigante minero brasileño que va a explotar el yacimiento de Potasio Río Colorado, en la frontera de Mendoza con Neuquén, lo cual es una amenaza por su elevada salinidad para toda la cuenca de los ríos Negro y Colorado (Los Andes, 24/9). Fue a rendirle cuentas de cómo la provincia le ha sacado en tiempo récord todos los permisos y autorizaciones ambientales. Aquí tenemos a la minería del Mercosur en acción. La minera Vale, desde su privatización en tiempos de Henrique Cardoso, se va a quedar con el potasio del subsuelo pre-patagónico, uno de los recursos clave para la agricultura comercial intensiva.

Tareas

La ley aprobada es un fraude, pues no previene el saqueo y la depredación de la minería. Sigue planteada la necesidad de paralizar los proyectos mineros y que los inventarios se realicen bajo control del movimiento ambiental, de las poblaciones afectadas y de los trabajadores.