Mientras la Cámara de diputados debatía el miércoles 14 los proyectos de ley para, supuestamente, proteger los Glaciares de la depredación de la minería; la Presidenta firmaba –de la mano de sus ‘operadores’ mineros como De Vido, funcionarios mineros nacionales y de varias provincias, y el gobernador de La Rioja– varios convenios para promover la megaminería en la Rioja y San Juan con fuertes capitales chinos. “Julio de Vido mantuvo reuniones con importantes empresarios mineros chinos en Shangai y prometió que en los próximos años, la Argentina ‘será uno de los más importantes jugadores internacionales en materia minera“ (El Cronista, 16/7).

Quienes seguían la visita de CFK al gigante asiático –tras la ruta del aceite de soja– no tomaban en cuenta el avanzado estado de los negocios para traer inversiones mineras de China y para desarrollar asociaciones con los capitales internacionales que operan en el país y con los capitales ‘emergentes’ del círculo de negocios de los K. De acuerdo a las versiones de la delegación de Argentina, el asunto del aceite de soja se arreglaría ahora en tres meses. Es posible que esto ocurra porque la disputa entre agrarios y mineros por la conservación de recursos de agua se habría al menos atenuado, como lo demuestra la gestión del gobierno agro-minero del radical Brizuela del Moral en Catamarca, o el riojano Beder Herrera. Es así que “La Presidenta, en tanto, festejó la firma de ‘un importante convenio entre el gobierno de la provincia de La Rioja, cuyo gobernador (Luis Beder Herrera) me acompaña (…) con una empresa minera de aquí, de la República Popular de China (Shandong Gold Group)’” (ídem).

Con esto, La Rioja pasa al pelotón de provincias promotoras de la megaminería (que ya integran Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy). Beder Herrera había hecho campaña a gobernador atacando al proyecto de Barrick en Famatina. Ahora, La Rioja va a tener megaminería por dos: a la Barrick en Famatina y a la Shandong, que explotará la zona de Chilecito. Para que no queden dudas, “el oficialismo (riojano) salió a coro a manifestarse a favor de los emprendimientos mineros” (Rioja virtual, 20/7).

Tampoco San Juan se quedó atrás. “El otro convenio fue entre la minera pública de San Juan, IPEEM, con un grupo llamado MCC Group (que actualmente explota la mina de Sierra Grande en Río Negro). Esta empresa, según el escalafón del Foring de Estados Unidos, es una de las 370 empresas más grandes del mundo, y en conjunto con la sanjuanina han firmado llevar adelante inversiones para el desarrollo de áreas que la empresa de San Juan tiene en el departamento de Iglesias… se refiere a un tramo conocido como La Hortiga (Diario de Cuyo, 16/7). Es decir zonas cercanas al yacimiento de Veladero, hoy explotado por Barrick.

¿Y la ley de glaciares?

Como adelantamos en el número anterior (ver PO Nº 1.137, 15/7), el lobby minero juega a varias puntas. Intentó primero, sin éxito, postergar el debate, pero luego con el apoyo oficialista y del PRO, además de diputados opositores de las provincias mineras (del peronismo federal y de la UCR) dejaron a la sesión sin quórum cuando se discutían los artículos en particular y la patearon como mínimo para agosto. Como después tiene que volver a senadores –que había aprobado el proyecto presentado por Filmus, más favorable a las mineras– mucha agua va a correr todavía hasta que salga, si sale.

Mientras tanto, como adelantáramos, las provincias mineras cordilleranas han aprobado en trámite express (sin pasar por comisiones) leyes de protección de medio ambiente y glaciares que dejan en sus manos el control y la aplicación de la ley nacional que salga, amparándose en la constitución del ’94 que, Pacto de Olivos mediante, dejó el manejo de los recursos naturales en manos de las provincias. Como señalara Silvia Ferreyra, asesora de la diputada Merchan, “las mineras ya encontraron la solución” (Argenpress info, 13/7), refiriéndose a la legislación provincial en marcha. La ley aprobada en San Juan por unanimidad (contó con el voto de los aliados del peronismo federal y del PRO) en su “artículo 17, una norma transitoria, establece que ‘todas aquellas actividades que estuvieren en ejecución a la entrada en vigencia de esta ley, continuarán su desarrollo, sometidas a los controles ambientales preexistentes’. Con esta cláusula transitoria, los emprendimientos mineros como Lama-Pascua o la obra del túnel internacional, no sufrirán cambios o alteraciones en sus planes de desarrollo” (Pregón Minero, 15/7).

Las mineras preparan también recursos judiciales, argumentando que la Nación legislaría sobre competencias provinciales, y así tenemos armado el cuento de la buena pipa. Basta ver lo que pasó con la ley de protección de bosques nativos, que dependía para su aplicación de las reglamentaciones provinciales. Algunas provincias ni siquiera la reglamentaron tres años después de su promulgación y la destrucción de bosques, para facilitar el avance de la soja continúa a todo trapo en Córdoba, Santiago del Estero o Salta, por citar los casos más conocidos.

Es más, en un texto difundido por la Red nacional de acción ecologista (ver Renace informa, 17/7), uno de sus dirigentes, Javier Rodríguez Pardo, se pregunta si la ley en discusión “¿Protege o encubre una actividad extractiva perversa?”. Es que con la falta de controles, dejados en manos de gobiernos provinciales que son agentes de las mineras, el resultado sería terminar legitimando lo que se quería controlar. Así, una de sus conclusiones es “que es preferible no contar con ley alguna (lo que) significa entender que por sí sola esta norma legal se halla desamparada y bien puede ser utilizada con el argumento de que se hace minería conforme a la legislación vigente, refrendada por la provincia generalmente asociada a los intereses mineros”.

Según este análisis, la ley Bonasso encubre a los pulpos, porque no resuelve el tema de la autoridad de aplicación, que está, por la Constitución, en manos de los gobernadores mineros.

¿Qué hacer?

La lucha contra el saqueo y la contaminación de los pulpos mineros no debe enredarse en maniobras encubridoras. Hay que seguir el camino que en su momento emprendió Esquel, que logró la prohibición de la megaminería en Chubut. Hoy, todavía Das Neves está maniobrando para ver como deshace lo logrado por la movilización de Esquel siete años atrás. O como lo está reclamando Andalagalá, a pesar de la represión kirchnero-cobista frente al megaemprendimiento de Agua Rica. Hay que prohibir a los pulpos saquear nuestra riqueza. Los gobiernos provinciales son sus cómplices y hay que denunciarlos. Catamarca, con más de trece años de explotación de Alumbrera, es hoy más pobre y está más contaminada. La justicia es cómplice. Desde hace más de un año hay un juicio por los convenios impositivos favorables a la Barrick en Pascua Lama y ni siquiera se los conoce, siguen siendo secretos. Hay que denunciarla y movilizarse. Es el único camino.