Hace pocos días medios de prensa denunciaron ante la opinión pública la preocupante noticia del posible vertido de hidrocarburos en el Brazo Rico del Lago Argentino situado dentro del Parque Nacional Los Glaciares (PNLG), en un área muy próxima al Glaciar Perito Moreno.

La versión daba cuenta de la aparición de una gran mancha sobre la superficie lacustre a la altura del Puerto Bajo Las Sombras, visible a simple vista y apreciable en imágenes de satélite, que sería producto de un importante derrame de aceites o combustible ocurrido el pasado 11 de abril proveniente de una de las embarcaciones que a diario transportan turistas hacia la pared sur de dicho glaciar. Ese mismo día, guardaparques del área protegida que advirtieron el derrame radicaron el acta correspondiente ante la Administración de Parques Nacionales (APN).

Se apunta hacia la empresa concesionaria del PNLG “Hielo y Aventura S.A.” y hacia una de las embarcaciones más pequeñas de su flota, la lancha monocasco “Alacalufe” que cruza el denominado Lago Rico para llevar y traer pasajeros a las excursiones de caminata sobre el hielo del Glaciar Perito Moreno.

Recién once días después, el 22 de abril, cuando las consecuencias del derrame ya eran irreversibles y grandes vestigios de hidrocarburo e hilos de aceite oscuro podían apreciarse a simple vista sobre la superficie del agua prístina, las autoridades de la APN enviaron personal a constatar la presencia de la o las manchas, corroborando su existencia. Finalmente, el día 28 de abril el hecho tomó estado público pero quedando oculto tras un sospechoso manto de silencio de parte de autoridades y organismos que deben custodiar y velar por la preservación del parque nacional y sus recursos.

¿Peligra el agua para consumo humano de El Calafate?

Las fotos aéreas del muelle del Puerto Bajo Las Sombras que utiliza el concesionario Hielo y Aventura son abrumadoras. En la zona de atraque de las embarcaciones una extensa mancha color parda destaca la contaminación a simple vista sobre la superficie color turquesa. A su vez, un video tomado desde la misma lancha que habría iniciado el derrame muestra desde la popa de la embarcación cómo el motor despide en su avance una gruesa estela de aceite y gasoil oscuro que se va mezclando con las aguas del Lago.

Más allá del desastre ambiental, corresponde preguntarse si semejante derrame de hidrocarburos sostenido a lo largo de tanto tiempo sobre el Brazo Rico del Lago Argentino (derrame que no ha sido mitigado ni contenido a la fecha) no podría afectar en alguna medida la calidad del agua que Servicios Públicos extrae para consumo humano del mismo Lago Argentino y que los calafateños toman a diario. En efecto, nadie ha informado cómo se efectuarán los controles que den cuenta de que el vertido de combustible que no ha sido contenido y probablemente termine aguas abajo del lago no afectará la calidad del agua para consumo de El Calafate. Servicios Públicos S.E. no ha emitido al respecto ningún comunicado.

Asimismo, y a poco de cumplirse un mes de conocida la denuncia, llama la atención la deliberada falta de información de los organismos e instituciones estatales encargados de controlar y vigilar la correcta prestación de los servicios brindados por los concesionarios del parque. Si un medio de prensa de la capital provincial no hubiera publicado la denuncia nadie se habría enterado de la situación.

Ante un evento de contaminación de semejante magnitud que afectó o podría haber afectado en un grado todavía no determinado el Glaciar Perito Moreno y sus aguas circundantes (y hablamos nada menos que del recurso natural más importante del Parque Nacional Los Glaciares desde el punto de vista turístico), no hubo declaraciones ni comunicados oficiales de parte de la Administración de Parques Nacionales (APN), Prefectura Naval Argentina, la Secretaría de Ambiente de Santa Cruz ni del secretario de Turismo provincial, Mario Markic, dando cuenta del grave incidente.

Pero al igual que los anteriores, y como si la situación les fuera por completo ajena, tampoco emitieron palabra sobre el derrame el intendente de El Calafate Javier Belloni ni ninguno de los ediles que integran el Consejo Deliberante municipal (oficialismo ni oposición), ocupados de seguro en cosas más importantes que un derrame de combustible frente al glaciar más importante de la Argentina y del principal atractivo económico del que vive la comunidad que representan.

Pareciera ser que contaminar el Glaciar Perito Moreno y el Lago Argentino con total impunidad causa menos temor y resulta a la postre más sencillo que levantar la voz para informar a la comunidad lo sucedido y exigir se investigue la responsabilidad de la empresa concesionaria hasta las últimas consecuencias.

Una empresa que al igual que los otros concesionarios del PNLG opera hace décadas en situación de mercado cautivo y entrega al Estado nacional un canon irrisorio en comparación de la millonaria recaudación que factura anualmente. Debería como mínimo ser obligada a cumplir con las más avanzadas certificaciones y estándares internacionales (ISO 14001) y a invertir en modernos dispositivos de seguridad ambiental en todas sus embarcaciones a fin de evitar este tipo de eventos.

Desde el Partido Obrero solicitamos a las autoridades provinciales y nacionales que instituciones independientes lleven adelante estudios para establecer la verdadera magnitud del daño ambiental en la zona del Lago Rico. Así como para poner en marcha protocolos de mitigación y limpieza de la contaminación ocasionada por hidrocarburos, tanto en el espejo de agua como sobre las costas de la Península de Magallanes. Y que Servicios Públicos S.E. informe de los controles a efectuar sobre la calidad del agua para consumo que toman los calafateños.

Exigimos una pronta investigación que determine la existencia de responsabilidades penales de parte del concesionario en la contaminación del Lago Argentino y el Glaciar Perito Moreno, así de la como la posible complicidad en la falta de controles y laxitud en la aplicación de normativas ambientales de parte de las autoridades de aplicación del Estado.

Como vecinos, y en caso de corroborarse dicha responsabilidad, esperamos el apartamiento inmediato de aquellos funcionarios públicos que no cumplieron con sus deberes de contralor del concesionario, la aplicación de una multa ejemplar a la empresa causante del vertido y la ejecución de la acción de remediación ambiental correspondiente, a su entero costo.

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