En un operativo conjunto de la Bonaerense de Sergio Berni y un grupo de civiles identificados como “gente del intendente Mario Secco”, un grupo de productores agroecológicos de Punta Lara fue desalojado violentamente sin orden judicial en lo que califica como un allanamiento ilegal con inusitada violencia física y amenazas de todo tipo.

El accionar “cívico policial” fue calculadamente dirigido contra militantes ambientalistas de larga trayectoria contra Monsanto y apunta tanto a intimidar a quienes fueron las víctimas directas -en este caso productores de semillas y bioinsumos en el marco de la agricultura regenerativa-, como a un movimiento ambiental en ascenso en la región que lucha sin cuartel contra los efectos del coque contaminante y cancerígeno que produce la fábrica Copetro. Según denunciaron los productores desalojados y golpeados por la policía, la sargenta Caprista, el oficial ayudante Clavijo y el subcomisario a cargo de la Comisaría 2da de Punta Lara actuaron como personal policial interviniente en el brutal desalojo del 23 de diciembre.

El desalojo combinó tanto la persecución contra militantes agroecológicos como el afán delictivo por apoderarse de una tierra legítimamente cedida por su dueño y que los “civiles” pretenden convertir en un negociado inmobiliario. Anotemos que la comisaría de Punta Lara tiene varias denuncias por maltrato y torturas a jóvenes, que dieron lugar a movilizaciones de estudiantes y familiares en lucha contra la impunidad policial. Los “civiles”, quienes llegaron en autos particulares flanqueados por los patrulleros, sacaron chapa de allegados a la intendencia kirchnerista, impartiendo órdenes a la policía y comunicándose con un “tercero” para informarles paso a paso la marcha del operativo.

Sobran evidencias para una inmediata investigación de este atropello, que incluye violencia, destrucción de propiedad y el robo de un grupo electrógeno. La impunidad a cara descubierta de los “civiles” y la ostensible protección policial que recibieron dan cuenta de un “modus operandi”, que también debe ser investigado más allá de esta causa.

Exigimos el cese de la hostilidad permanente contra los productores agroecológicos y el castigo a los responsables materiales e intelectuales de este operativo desalojador. El Suteba Ensenada (conducción Multicolor) ha hecho pública la denuncia que calla la burocracia de Roberto Baradel, completamente integrada al gobierno de Secco y al tándem Kicillof- Berni ¡Basta de perseguir a los ambientalistas!