Juntos por el Cambio obtuvo una cómoda aprobación de su dictamen en el tratamiento de la Ley de Humedales en la reunión plenaria de comisiones de Diputados. Al momento de votar se ausentaron los diputados del Frente de Todos alineados con los gobernadores del PJ, lo que refleja la postración política del kirchnerismo y el sector oficialista que coquetea con los reclamos de los movimientos de lucha ambientales.

Leonardo Grosso, del Movimiento Evita y presidente de la Comisión de Ambiente, no quiso dictaminar en la primera plenaria. Después se avino al acuerdo entre el PJ con Juntos por el Cambio para postergar la segunda citación y luego soportó el vaciamiento de la misma por la oposición, y en la tercera convocatoria finalmente la deserción de los propios.

A Grosso no le sirvió llegar con una nueva propuesta de dictamen, que recorta aspectos importantes del proyecto consensuado con los movimientos de lucha. En relación al inventario, estira el plazo de su realización de dos a tres años. Durante este lapso se elimina el concepto de “moratoria” reemplazándolo por “transición” y en las áreas y zonas de humedales que sean objeto de incendios se elimina el párrafo que establece que “las mismas no pueden habilitar ningún cambio de uso del suelo o autorizar ningún tipo de obra y/o aprovechamiento económico hasta tanto no se culmine la restauración”.

Se eliminaban también los incisos que establecen una Evaluación Ambiental Estratégica y una Evaluación de Impactos Acumulativos, ya que plantearían un monitoreo constante de los efectos destructivos sobre los humedales de las actividades agrícolas o mineras, y porque establecen un “mecanismo para que posibles personas afectadas, organizaciones no gubernamentales que propugnan por la protección ambiental, otras organizaciones sociales, comunidades, universidades u otros organismos técnicos especializados, mediante petición fundada, requieran el desarrollo de este procedimiento. Una vez que se determine dicha necesidad deberán suspenderse todos los pedidos y/o proyectos que se encuentren en proceso de Evaluación de Impacto Ambiental”.

Por su parte el proyecto de Juntos por el Cambio no acepta la más mínima regulación. Aunque es presentado en tono “ambientalista”, plantea “evitar restricciones a la actividad productiva”. Además, otorga más potestades a las provincias en el desarrollo del inventario y el ordenamiento territorial y dispone que las autoridades nacionales de aplicación sean tanto el Ministerio de Ambiente como la Secretaría de Agricultura. Sería el triunfo completo para el lobby agrario, que necesita la tranquilidad de una ley absolutamente en sus términos.

Como una capitulación trae la otra, Grosso cerró la reunión preparando la entrega definitiva en el recinto: “Los dos dictámenes tienen parecidos en la definición de humedales, el inventario, las restricciones, la moratoria y el financiamiento. Son grandes puntos de acuerdo de la política argentina de los dos grandes bloques parlamentarios. Tenemos una oportunidad. Resolvamos las diferencias, el articulado, el hasta dónde, el cómo, lo finito”.

Ocurrió con Vicentin, ocurre con la Ley de Humedales; el peronismo es incapaz de enfrentar a los “poderes concentrados” que dice combatir. Como planteó en el primer plenario de comisiones la diputada Romina Del Plá, la movilización independiente es el camino.