El domingo 9 de mayo, más de un centenar de automóviles formaron una nutrida caravana que partió desde Santa Clara del Mar y arribó al Balneario Parque Mar Chiquita. Luego de recorrer 17 kilómetros por la ruta 11, pasando por otras localidades de la costa del municipio, se realizó una concurrida concentración frente a la entrada del desarrollo urbano privado conocido como “Lagos de Mar”. El principal reclamo de la comunidad local y zonal, movilizada y organizada entorno a asambleas socio-ambientales (SOS Mar Chiquita, Paren el Desierto Verde), es que no se realicen las obras de urbanización de dicho barrio privado ya que el mismo ocupa zonas sensibles de afectación de la única albufera del país: la laguna Mar Chiquita. Además, se exige que se derogue una ordenanza, aprobada el mes pasado por el legislativo municipal con el aval del ejecutivo, que habilita la depredación ambiental de la laguna al modificar la zonificación del suelo urbano.

El área afectada por las empresas Capital Trusts SA y DSV Desarrollos Inmobiliarios SRL para la instalación del barrio privado forma parte de una reserva natural que preserva la biodiversidad del ecosistema y proveen de valiosos servicios ambientales a la comunidad, además de ser un recurso para el turismo. Por tales cualidades, el área tiene múltiples declaraciones normativas que fundamentan la importancia de su preservación, como la Ordenanza municipal 169/90 que la declara reserva municipal y la Ley provincial 12270/1998 que eleva a Reserva Natural a “las playas del litoral marítimo desde la desembocadura de la albufera y el cuerpo de agua y riberas de la Laguna (albufera)”. Se destaca la declaración internacional de la UNESCO de 1996 que la incorpora al “Programa sobre el Hombre y la Biosfera” (MAB).

 

“Lagos de Mar” cierra la grieta entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio

“Lagos de Mar” es un barrio privado que se lanzó comercialmente en 2012 con el respaldo del intendente peronista Jorge Paredi, que en aquel entonces estaba en su tercer mandato (2003-2015). En una primera etapa, se lanzaron a la venta 409 lotes en 83has. que forman parte de la zona de manejo de la reserva. Ofertado como “barrio náutico”, afín con las intervenciones que se realizarían en la ribera de la laguna para que sea un apostadero para deportes acuáticos, el impacto ambiental que este emprendimiento acarrearía (riesgos de inundación para el pueblo, pérdida de biodiversidad, etc.) fue advertido por informes científicos de la UNMdP y por la propia comunidad, cuestionando los dudosos informes de la OPDS. La organización de asambleas y movimientos socio-ambientales en defensa de la albufera logró detener el avance del barrio privado y desató un conflicto entre los vecinos y el régimen político local que defendió el proyecto.

El gobierno del macrista Ronda (2015-2019) mantuvo la continuidad en el respaldo del Estado local a los especuladores inmobiliarios pero se topó con una organización de los pobladores cada vez más aceitada, combativa y formada que llevó el caso a la corte logrando un fallo histórico que paralizó las ventas y obras. Los intentos del exintendente fracasaron ante los reveses judiciales a favor del reclamo y la permanente denuncia y actitud de lucha del activismo.

La novedad en el último mes es que el cuarto gobierno peronista de Jorge Paredi (quien asumió en diciembre de 2019) volvió a la carga e impulsó una ordenanza con total impunidad que instala una nueva zonificación urbana para reordenar el espacio urbano de tal forma que favorece a la empresa inmobiliaria. Finalmente, aprovechando el contexto de pandemia y la desmovilización que supone este momento, el Concejo Deliberante sesionó a espaldas del pueblo, sin dejar pasar al recinto al activismo y la ordenanza (que lleva por número 37/21) fue aprobada. Esto desató la indignación de un pueblo que tuvo que salir en defensa de la albufera en plena pandemia, demostrando que el patrimonio natural y cultural de los pueblos no lo resguarda ni Juntos por el Cambio, ni el Frente de Todos, ambos responsables, como en Andalgalá y en Esquel, del régimen de depredación del ambiente que ejerce el capital.

Hacemos responsable al gobierno de Paredi, Kicillof y al ministro Cabandié del desastre ambiental que provocaría la construcción de “Lagos de Mar”. El kirchnerismo en la provincia, lejos de reivindicar una política ambiental centrada en elevar la calidad de vida de los sectores populares y preservar el medio ambiente, favorece los intereses de la especulación inmobiliaria. Destruir un ambiente único del país para el negocio inmobiliario y desalojar con represión a centenares de familias sin techo del predio de Guernica para “despejar” el terreno para un barrio privado, es la misma moneda y la misma cara.

El pliego de reclamos y reivindicaciones difundido por las organizaciones socio-ambientales es:

* Que el gobernador Axel Kicillof no convalide la Ordenanza nro. 037/21

*Derogación de las Ordenanzas nro. 037/21 (Rezonificación del Balneario Parque) y nro. 019/20 (Ordenanza de regulación de agrotóxicos) porque carecen de toda legalidad, sustento y lógica poniendo en riesgo la salud de las personas y el ambiente del territorio en que habitamos.

* Que se termine de una vez por todas con los aprietes o cualquier otra forma de violencia institucional o política, garantizando el gobierno abierto, la transparencia y la ética pública.

* Mecanismos de participación ciudadana real, para el diseño, la planificación y toma de decisiones que hacen al presente y futuro de nuestro partido.

* Respeto al derecho de la ciudadanía de definir y decidir en base a sus propias y verdaderas necesidades, priorizando la demanda social por sobre los intereses de grandes grupos económicos.