Ambiente

21/2/2022

Incendio Corrientes: la solidaridad expone el ajuste y la entrega ambiental

La colecta millonaria organizada por Santiago Maratea da cuenta de la ausencia de recursos por parte del Estado.

Foto @CHapuToba El bombero es el "negro" Sanchez y es de Caá Catí

La crisis ígnea en Corrientes ha vuelto a dejar al descubierto al gobierno nacional y provincial, de la mano de una colecta millonaria organizada por el influencer Santiago Maratea y la fuerte solidaridad nacional de la población. El presidente Alberto Fernández, el ministro de Ambiente Juan Cabandié y el gobernador Gustavo Valdés entre los principales apuntados por la desinversión pública y la falta de recursos y políticas ambientales.

De reconocida trayectoria en la organización de campañas solidarias, Santiago Maratea lanzó en horas de la madrugada del domingo una colecta para recaudar 20 millones de pesos para destinar a la compra de insumos para combatir los incendios forestales en la provincia de Corrientes, situación que se extiende hace varias semanas.

La cuenta aproximada surgió del relevamiento de necesidades informadas por bomberos, brigadistas, veterinarios y por el Consorcio del Manejo del Fuego en la provincia, aunque en las horas posteriores, debido a la viralización y alcance de la campaña, que ya lleva superados holgadamente los 100 millones de pesos, el presupuesto se fue complejizando, incluyendo varias camionetas y autobombas.

El interrogante que quedó expuesto en los comentarios que inundaron las redes sociales, en apoyo a la campaña, fue ¿por qué, a semanas de los incendios, el Estado no intervino para garantizar estos recursos indispensables?

Se tiran la pelota

Desde el gobierno nacional y provincial se vienen tirando la pelota respecto a las responsabilidades políticas del caso.

El gobernador radical, Gustavo Valdés, señala que la provincia carece de una estructura propia a la altura de las necesidades y que habría solicitado la instalación de bases de aviones hidrantes en la zona. Aunque, en medio de la crisis, destinaba un autobomba a tareas de limpieza en el corsódromo, donde el viernes se inauguró el Carnaval, mientras pedía ayuda a la embajada norteamericana.

Por su parte, Cabandié insiste en que el Estado nacional  envió “sendos” recursos y que es el gobernador quien demoró la solicitud de ayuda. Además, señaló que la provincia no fue capaz de crear brigadas especiales para el combate de los incendios. Y responsabilizó a la quema de pastizales como el origen de la crisis ígnea en la provincia.

Desconfianza popular en los ajustadores

Las llamas, que ya devoraron el 10% de la superficie correntina (según informe del Inta), deben su origen a la extensión del agronegocio sojero y forestal, que ambos gobiernos promueven, lo cual acentúa las sequías y altas temperaturas y termina con los ecosistemas locales. La pérdida de los humedales –que implican un 25% del territorio correntino-, bajo este proceso, agrava más la situación, multiplicando exponencialmente los recursos necesarios para abatir la extensión del fuego.

Es llamativo que si bien el gobierno inyectó recientemente (10 de febrero) $4.000 millones al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, sea una colecta solidaria la responsable de comprar el equipamiento para los bomberos y brigadistas que combaten el fuego.

Con ajustadores en ambos lados de la grieta, aún a pesar de las conversaciones “tranquilizadoras” de Cabandié con Elisa Carrió, no es de extrañar que la población confié más en la intervención del reconocido influencer, que en las gestiones de su propio gobierno: nacional y provincial.

La subejecución de recursos destinados al combate de la crisis ígnea es parte de la política de “ahorro fondomonetarista”, a costa de la destrucción de ecosistemas enteros y la flora y fauna del país. La salida a esta crisis debe partir de establecer una normativa que conserve el medio ambiente, partiendo de la aprobación de la Ley de Humedales, entre otros proyectos, y el financiamiento estatal de los equipos y trabajadores aplicados para prevenir y mitigar los incendios.