A través de un decreto, el municipio bonaerense de Ituzaingó estableció que a partir del 1ro de enero de 2022 regirá en todo el distrito la prohibición de la tracción a sangre para el trabajo de los recicladores urbanos. Quienes la incumplan, le serán confiscados los carros y caballos y les podrían aplicar la ley 14.346 (maltrato y crueldad animal), que establece penas de quince días a un año de prisión. Los controles los harán a través de las fuerzas de seguridad y con las fiscalías de la zona.

La resolución firmada por el intendente interino Pablo Descalzo (Frente de Todos) no fue sometida a ninguna deliberación pública ni tampoco, siquiera, tratada por el Concejo Deliberante. La municipalidad informó que hubo reuniones con asociaciones protectoras de animales y algunas cooperativas de cartoneros, que la medida busca satisfacer un reclamo histórico de estas entidades y que instan a que la repliquen en otros municipios de la provincia de Buenos Aires. Además, la comuna sostiene que los recuperadores urbanos van a estar más seguros y que se reducirían los constantes accidentes en la vía pública que se dan con las cargas que llevan adelante los animales. También aducen que la normativa es la coronación de un esquema de planificación que comenzó con un análisis de la situación de los trabajadores del reciclado y que según ese relevamiento “se encontró como solución sustituir a los animales por vehículos” (Clarín Zonal, 25/12).

Según el sitio local “La Ciudad Web” (1/12), en el artículo 8 del decreto municipal se crea un mecanismo para que los trabajadores puedan acceder al vehículo: “La modalidad de sustitución establecida en el artículo 7º podrá contemplar la firma de un comodato entre el municipio y los beneficiarios y/o el otorgamiento de subsidios para la adquisición del zootropo y/o el intercambio del caballo o vehículo precario utilizado para la recolección con el reconocimiento total o parcial del costo del vehículo zootropo a entregar, en conformidad según lo disponga la Autoridad de Aplicación”. Sin embargo, los problemas que trae esto son varios. Por un lado, no se les ha dado un tiempo prudencial a los trabajadores para hacer el cambio de modalidad de transporte. En algunos casos se tienen que endeudar para acceder al vehículo.

Además, senta las bases para un posible negociado sin control entre el municipio y los proveedores de estas herramientas. Por otro lado, el mantenimiento y la carga de combustible para los vehículos motorizados son sumamente costosos y propensos a que se puedan romper frecuentemente debido al estado intransitable de muchas calles del partido. Teniendo en cuenta el último punto, difícilmente se puedan evitar siniestros viales. Por último, la gestión municipal anunció que crea el programa Runta, de apoyo a los recicladores y cuyo primer objetivo es “mejorar las condiciones laborales de los trabajadores informales”, un verdadero saludo a la bandera. El intendente Descalzo lleva décadas de gestión, con trabajadores municipales cobrando salarios de miseria, con barrios postergados y ahora declama que le importa la “inclusión”, una total hipocresía. La medida que se va a implementar desde el primer día del próximo año lamentablemente seguirá manteniendo a los trabajadores recicladores en la total precariedad.

En realidad, si tenemos que abordar el maltrato animal apuntemos a muchas familias acomodadas del distrito que usan a los caballos para la práctica deportiva del Polo y/o la propia policía montada. En ambos casos, los equinos están sometidos a una enorme exigencia y son descartados cuando sufren algún traumatismo. No vemos aquí el mismo énfasis con que le imputan a las familias carreras pobres, que son el blanco de las denuncias por el mal estado de los animales. Aquí solo criminalizan a los trabajadores cartoneros que no tienen alternativas de subsistencia y carecen de la asistencia del Estado para la cobertura de gastos veterinarios, alimentación y la capacitación para los cuidados y los buenos tratos. Pretenden “limpiar” de la vista cotidiana una “mala imagen” que dan los carreros y los animales en malas condiciones con una medida supuestamente ecológica para el espacio público mientras que siguen privilegiando el acaparamiento inmobiliario en desmedro de las tierras para viviendas populares o espacios verdes, como ocurre por ejemplo en Parque Leloir.

Desde el Partido Obrero de Ituzaingó consideramos que el tema debe abordarse desde un punto de vista integral. Ante todo, que se anule de inmediato el decreto municipal, es inaceptable la persecución y hostigamiento a las familias trabajadoras explotadas. Abramos la discusión a los vecinos, trabajadores del reciclado, organizaciones ambientales, protectoras de animales y profesionales para la elaboración de un plan para el tratamiento de los residuos en el distrito y que integre a los recuperadores a planta municipal bajo convenio y salario igual a la canasta familiar. En el mientras tanto, que el municipio asista a las familias que requieran cubrir los costos veterinarios o mantener los vehículos a motor o pedal de los que realizan las tareas de carga de materiales (incluidos los carreros a pie) a reciclar e ir logrando una transición en la que se termine de no depender de la tracción a sangre.