En un comunicado del 5 de octubre, la Asamblea Jáchal informó “que en el día de la fecha se realiza una toma pacífica de la municipalidad de Jáchal en reclamo a las autoridades, que hagan público el resultado de los análisis de agua del mes de agosto, en los que se registra un importante avance de la contaminación (de ríos y pozos), con metales pesados: mercurio, aluminio, manganeso entre otros, por encima de lo permitido”.

La toma, que se mantiene en pie e incluye el encadenamiento de varios vecinos, se produce luego de que un juez de paz autorizase horas antes a la Barrick Gold a reiniciar sus tareas en la mina Veladero, en San Juan, cercana a la localidad de Jáchal. La infantería rodea la protesta.

Los asambleístas declaran que “Nos están matando la tierra, nos están dejando sin agua” (cba24, 6/10) y exigen el cierre de la mina y la remediación de los daños.

Por sus niveles de contaminación, las aguas de varias localidades sanjuaninas resultan no aptas para el consumo humano y de animales, así como para la irrigación agrícola. Se reveló a su vez la presencia de escherichia coli, lo que daría cuenta de que la mina también arroja residuos cloacales a los ríos.

Impunidad y lucha

La medida demuestra la tenacidad de la lucha vecinal, que se prolonga hace más de un año, así como la impunidad con la que actúa el pulpo contaminante:

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  En septiembre de 2015, se produjo en Veladero el desastre ambiental ligado a la minería más grave que haya vivido el país, con el derrame de agua cianurada en el río Jáchal; la Barrick pagó una multa (escasa) y siguió operando. Allí comenzó un sostenido acampe de la asamblea vecinal frente a la municipalidad.
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  En marzo de 2016, se supo que la empresa había ocultado derrames en 2011 y 2012; los vecinos denunciaron la connivencia estatal.
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  Mientras se procesaba la movilización a un año del derrame, se supo que otra filtración había tenido lugar el 8 de septiembre.

Luego de este último incidente, el juez Pablo Oritja determinó la suspensión de la actividad en Veladero.

Gobiernan para los pulpos

Luego de la medida de Oritja, el gobierno nacional anunció que querellaría contra la Barrick. La hipocresía tardó poco en revelarse: al poco tiempo, la vicepresidente, Gabriela Michetti, realizó una gira pro-minera por Canadá, tierra de la Barrick, en busca de inversiones. En ese lapso, el juez Hugo Quiroga (que acaba de tomar la causa, ya que Oritja comenzó una licencia por vacaciones) resolvió en cuestión de horas el fin de la suspensión de las tareas en la mina.

La connivencia con los pulpos de la megaminería contaminante es un asunto de Estado para el macrismo y los gobernadores. Las políticas favorables a los pulpos mineros de los gobiernos anteriores fueron refrendadas por el ejecutivo actual en febrero, eliminando las ya escasas retenciones a las exportaciones mineras. Por su parte, el gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, fue al “mini Davos” a ofrecer “seguridad jurídica” a los empresarios mineros.

Luego del último incidente de septiembre, la comisión parlamentaria de Minería debió suspender reuniones en tres oportunidades por falta de quórum, lo que el bloque parlamentario del Partido Obrero  denunció como resultante de un “pacto entre Cambiemos y el FpV para proteger a la Barrick Gold”.

Finalmente la comisión sesionó el 5 de octubre. Allí, Soledad Sosa, diputada por Mendoza del PO-FIT, “insistió por el tratamiento de sus proyectos para encomendar a la comisión de minería y recursos naturales a que se constituyan en Veladero”. El dictamen común dio lugar a esta exigencia, pero no a los pedidos de Sosa de que se interpele a los ministros Juan José Aranguren (Energía y Minería) y Sergio Bergman (Medio ambiente).

Sigue la toma

Los últimos informes de Jáchal no se toca, en sus redes sociales, denuncian que “La Policía formó un cordón dónde hay una distancia de más de un metro a la puerta de ingreso al municipio haciendo ABANDONO DE PERSONA, lo que lleva a que no se les pueda ingresar ni agua, ni comida, ni elementos de higiene. #JachalResiste” y que ya se descompuso una de las manifestantes.

Los asambleístas alertan ante medidas represivas y llaman a la más amplia solidaridad popular.