La Cámara 12° del Crimen de la provincia de Córdoba, integrada por los vocales Ana María Lucero Offredi, Gustavo Reinaldi y Gabriela María Bella, ha sobreseído al productor agropecuario Francisco Parra acusado por fumigaciones cometidas en 2004 sobre el Barrio Ituzaingó, en las afueras de la capital provincial. Con esta medida la causa queda al borde del archivo.

El sobreseído Parra estaba imputado como responsable por las fumigaciones que se produjeron en B. Ituzaingó en 2004, en Comuna Los Cedros en 2006 y 2007, y por las consecuencias en la salud de los vecinos que derivaron en enfermedades y muertes que continúan al día de hoy. Así, la Cámara 12° culmina lo que denunciamos como un operativo de impunidad que se venía gestando desde hace años.

Las resoluciones del tribunal se inscriben en una clara orientación que va más allá de la justicia provincial, como es la orientación política y económica que adoptan los diferentes estamentos de gobiernos, tanto nacional como provincial, favoreciendo los negocios del agroveneno. Este negocio es para los gobiernos una fuente de ingreso de divisas que tendrían como destino el pago de la deuda externa.

Por eso, podemos ver cómo en la provincia de Córdoba, el año pasado, se votó en la Legislatura las “Buenas Practicas Agropecuarias”: una ley que exonera de responsabilidad penal a los envenenadores y trasforma la fumigación y contaminación en zonas urbanas en una mera falta. Esta ley fue aprobada con un fuerte apoyo del kirchnerismo local, en una sesión con el pleno completo. Sólo tuvo tres votos en contra, los del FIT.

Una prueba contundente del frente único formado entre los envenenadores, el poder político y la justicia es que no pasaron 60 días de la aprobación de la ley y nos enteramos que las históricas Madres fueron separadas como querellantes en el juicio, por resolución de esta Cámara. Son medidas en espejo que llevan la misma orientación: favorecer el agronegocio desde los distintos poderes del Estado.

Esto continuó, ya entrado el 2020. En marzo se notifica la suspensión del juicio por parte del Tribunal, semanas antes de que se declarara la cuarentena, con la caradurez de apelar al artilugio legal del perjuicio al reo. Días después, nos enteramos que las fumigaciones no entraban dentro de las actividades restringidas por la cuarentena y que mediante una resolución de cancillería se bajaban los aranceles a productos destinados a la fabricación de agrotóxicos. Este sería el hilo de Ariadna del entramado de complicidad del poder económico, político y judicial de los agronegocios.

A esto le podemos sumar que más allá de las rimbombantes declaraciones del ministro de Ambiente contra el glifosato, jamás solicitó la derogación de la resolución de cancillería y mira para otro lado cuando se denuncia que bajo su gestión, y en cuarentena, se desmontaron más de 10 mil hectáreas en el país a cuenta de los agronegocios.

En este escenario, es más necesario que nunca establecer un frente único nacional de las organizaciones ambientales, la juventud y los trabajadores para denunciar este sobreseimiento de impunidad y dar una respuesta contundente.

Que el superior tribunal de justicia haga lugar al a la apelación contra la absolución. No al pase a archivo de la causa, que se sustancie un nuevo juicio con todos los querellantes.

Por memoria, justicia y resarcimiento. Basta de fumigaciones. Organicemos una protesta nacional y una movilización sobre los tribunales de Córdoba.

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