Más de 10 comunidades originarias de la puna jujeña acampan en el paraje Tanques en Susques para denunciar que la empresa minera Minerales Australes S.A. instaló maquinaria en su territorio para extraer litio sin contar con ningún permiso. A pesar de las denuncias y de la exigencia de autorizaciones, la empresa no ha movido sus instalaciones y sigue operando sin haber presentado los papeles respaldatorios. Las comunidades vienen alertando hace años sobre el aumento de la escasez de agua dulce, la sequía de humedales y el aumento de muertes de animales como consecuencias de la actividad minera.

La vocera de la comunidad agrega que el personal de policía, junto con personal civil de la misma empresa, han amedrentado a ancianas del acampe con la amenaza de ser desalojados. Esto da cuenta de la complicidad del Estado, quien refuerza la violencia institucional para  garantizar los activos de las mineras a costa de la depredación ambiental.

La explotación del litio por mineras multinacionales crece, en medio de una mayor demanda de grandes capitales extranjeros ante el desarrollo de baterías y de la industria tecnológica en general. En esta cadena, Argentina solo aporta la materia prima, rematando estas riquísimas reservas sin restricciones al dominio y con mínimas exigencias ambientales. Los beneficios al sector forman parte de la agenda del gobierno, que busca tentar a las mineras en función de incrementar las exportaciones para pagar la deuda.

No conformes con las prebendas estatales, llegan a las regiones de extracción prometiendo grandes cantidades puestos de trabajo, con condiciones laborales acordes a la tarea, para evitar la protesta de las comunidades vecinas. Luego, esos puestos de trabajo son calificados  (para la utilización de maquinaria de alta tecnología), y por lo tanto de difícil acceso para la población de la región, y también incumplen con las condiciones laborales prometidas.

Puntualmente en Jujuy, el gobernador Gerardo Morales generó facilidades para las empresas como las rebajas impositivas votadas en la legislatura jujeña (con el aval del PJ), y también la eliminación de un impuesto a la exportación de minerales por decreto (aún con precios internacionales bastante lucrativos), quedando solamente la retención por regalías de tan solo el 3% para las arcas provinciales. Es decir que el negocio en cuestión es sumamente perjudicial para el país, mientras lo que prevalece en las provincias y ciudades afectadas es el saqueo de los bienes naturales, la contaminación y afectación del agua, el daño a la salud de la población y el deterioro de la producción regional.

El avance de las mineras se encuentra intrínsecamente vinculado a la agenda del FMI y a la orientación política del gobierno nacional. Este saqueo forma parte del rumbo asumido por Alberto Fernández de fomentar la megaminería, a lo largo y ancho de todo el país, en función de recolectar divisas para el pago de la deuda. Rechazamos esta agenda entreguista. No al pacto con el FMI. Sigamos el camino del pueblo mendocino y chubutense con la movilización popular.