Más de dos meses estuvieron recorriendo todo el país las distintas columnas de la Caminata del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, hasta finalmente concluir con una movilización al Congreso de la Nación el pasado 22 de mayo, reclamando por sus derechos y sus condiciones de vida. “Basta de que apuñalen nuestras montañas, nuestros cerros, nuestros lagos. Estamos hartas de la megaminería. En el campo estamos desatendidos, no tenemos agua para lavarnos las manos, algo que tanto nos piden para prevenir la pandemia. Se nos mueren por desnutrición los hijos. Nos violan nuestras niñas, nuestras nietas, las matan. Matan nuestra espiritualidad”.

Con esas palabras sintetizó las demandas Bartolina Casimiro, referente de los pueblos de Tafí del Valle, Tucumán. Son mujeres de 36 naciones indígenas que chan comenzado a organizarse desde el año 2013. En esta ocasión los principales ejes de la caminata nacional fueron la lucha contra los incendios forestales -particularmente de la Patagonia- que arrasaron con miles de hectáreas de bosque en todo el país; y la denuncia del chineo de varias jóvenes indígenas wichi, quienes son secuestradas, violadas en manadas, torturadas y asesinadas, en las más absoluta impunidad.

El Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir viene luchando contra la megaminería, el avance de la sojización, la deforestación y el fracking. Condensan todos los agravios que sufren en el concepto de terricidio. En los más de 2.000 kilómetros de caminata realizados, confluyeron con asambleas y movimientos de lucha de las distintas localidades contra la depredación ambiental y por los derechos de las mujeres.

Una delegación fue recibida en Casa de Gobierno por la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; de Seguridad, Sabina Frederic, y el titular de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria. Los funcionarios se comprometieron “a seguir incluyendo en la agenda social y política sus demandas y necesidades” (Télam, 22/5). Es una forma de salir del paso, para encubrir que el gobierno nacional promueve a fondo los nuevos emprendimientos megamineros, subsidia a los pulpos del fracking y se aferra al precio de la soja como garantía de repago en la negociación con el FMI. A su vez, no se puede soslayar la agudización del flagelo de los femicidios y la violencia hacia las mujeres durante las gestión de las ministras “feministas”.

El gobierno de los desalojadores de Guernica no tiene soluciones para ofrecer a las demandas de los pueblos indígenas expulsados por los negocios de los Lewis y los Benetton. Es interesante el hecho de que, ocupando los reclamos ambientales un aspecto central, no haya asistido al encuentro Juan Cabandié; quien sí estuve recientemente respaldando el devastador modelo megaminero de la Barrick Gold en San Juan, cuando la multinacional apuesta a abrir el nuevo emprendimiento Josemaría.

Esta movilización fue un paso importante para profundizar el camino de la organización y de lucha por todos los reclamos, que irá confluyendo en un frente único con las organizaciones de lucha del movimiento ambiental, de la mujer y de los trabajadores. Porque para poner fin a la depredación, la violencia y el hambre es necesario combatir a un régimen de saqueo que sostienen todos los gobiernos desde hace décadas, y hoy encarnan Alberto Fernández y los gobernadores de los distintos partidos patronales, y la propia Iglesia cómplice inmemorial del genocidio indígena y hoy acérrima enemiga de los derechos de las mujeres.

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