Miles de hogares sin agua. Maestros que les piden a los chicos que lleven el agua desde sus casas que, en muchos casos, tampoco existe. Bares del centro que han dejado de servir café.

Desde el gobierno le echan la culpa al clima. Bajo la cobertura de la necesidad de racionar su uso, se anunció la instalación de medidores. La cuestión climatológica estaba prevista, pero no se adoptaron medidas para enfrentarla. Desde hace décadas, se postergan obras vitales para asegurar el abastecimiento de la población en una época de sequía. La SAT (la empresa estatal de agua) ya impuso dos tarifazos este año, alegando obras que nadie conoce.

Los especialistas señalan que el ciclo seco durará más de una década. Los ingenios, las citrícolas y las empresas de bebidas tienen piedra libre, sin embargo, para el uso indiscriminado del agua de los pozos perforados por la SAT.

La reacción no tardó en llegar. En Tafí Viejo hay un proceso de asambleas y movilizaciones. En varios barrios de la capital se han producido cortes y cacerolazos. En el interior, algunas escuelas han sido ocupadas por sus estudiantes (Delfín Gallo) por la falta de agua en los baños.

La crisis del agua tira abajo el principal slogan de campaña del gobierno: las obras realizadas, y la política de salud. Hoy se percibe que las obras han sido sólo cosméticas (asfalto) o negociados. La salud de la población está expuesta a la falta de agua potable. En las asambleas y la coordinación, estamos planteando un impuesto de emergencia a los grandes usuarios (ingenios, citrícolas, Coca Cola, etc.) para realizar obras de emergencia, perforaciones e inicio de las obras prometidas (acueductos). Y obligar a los grandes usuarios a que inviertan en el reciclado del agua y en perforaciones propias, a niveles de profundidad que no afecten las actuales napas de abastecimiento de la población.