Según la ONG Greenpeace, la República de Chile afronta “la mayor crisis hídrica de todo el hemisferio occidental y el 76% de su territorio está afectado por la sequía desde hace una década” (Infobae, 11/4). De acuerdo con un informe de la Dirección Meteorológica chilena (DMC) 2021 fue el cuarto año más seco desde que hay registros y todas las regiones del país presentaron un déficit del 50% en las precipitaciones, especialmente las de la zona central que incluye a su capital Santiago. Esta situación no se debe a una fatalidad de la naturaleza, sino que obedece a dos grandes causas: el cambio climático y el régimen de propiedad del agua.

El calentamiento global

Uno de los factores que estarían detrás de la mega sequía que azota a Chile desde hace más de una década, sería una masa de agua caliente en el sur del Pacífico situada al este de Nueva Zelanda. Esto genera condiciones de calor y sequedad que son las causantes del derretimiento de los casquetes de nieve en los Andes, el agotamiento de los embalses y la degradación de los paisajes. Con ello, una investigación de la Universidad de Chile concluye que el cambio climático es en parte culpable de esta mancha y, en consecuencia, de la sequía; aunque todavía no está claro en qué medida, ya que, según los científicos, la variabilidad natural de las temperaturas oceánicas y atmosféricas también ha influido.

La enorme mancha (equivalente a la superficie de los Estados Unidos) es ahora 1,5 grados más cálida que hace 40 años. Su calor eleva la temperatura del aire directamente por encima de ella y los vientos transportan el aire caliente hacia las tierras chilenas. Esto influye en las tendencias de presión, afectando a las precipitaciones y provocando condiciones de sequedad en el país sudamericano. Las manchas oceánicas también se producen regularmente y se disipan en un par de años. Pero los investigadores descubrieron que el ritmo de calentamiento prolongado y pronunciado de la mancha oceánica del sur va más allá de lo que podría ocurrir de forma natural.

Por otro lado, respecto a los fenómenos cíclicos de las corrientes oceánicas del Niño (mayor humedad) y la Niña (mas seca), en Chile históricamente era frecuente la primera, o sea con mas carga de lluvias. Sin embargo, en las últimas décadas es habitual la corriente de la Niña, lo que contribuye a periodos mas secos. Este cambio, se debe a las alteraciones del clima global. También, las sequias prolongadas han puesto a merced a la nación cordillerana de gravísimos incendios forestales.

La privatización del agua

El segundo motivo por el cual Chile atraviesa la carencia de agua es el acaparamiento de esta por parte de los capitales agrarios, mineros e industriales en desmedro de las comunidades. Si uno quiere adentrarse en el tema, hay una entrevista muy interesante del portal Civicus en febrero de 2020 a Rodrigo Mundaca, ingeniero agrónomo y por entonces vocero nacional del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima), una organización nacida en 2010 en la provincia de Petorca, región de Valparaíso. Mundaca hizo una minuciosa caracterización del proceso de privatización de este recurso vital para los seres humanos y las enormes luchas populares para enfrentarlo y que fueron y son criminalizadas.

Durante de la dictadura de Augusto Pinochet la Constitución de 1980 consagró la propiedad privada del agua. Esto se mantuvo e incluso se profundizó después de la transición a la democracia, ya que también se privatizó el saneamiento. El proceso de privatización de las sanitarias se inició en 1998, durante el gobierno Demócrata Cristiano de Eduardo Frei. Hoy en día los chilenos pagan las tarifas más altas de América Latina para consumir agua potable, que es de propiedad de grandes empresas transnacionales. Los pulpos Suez, Aguas de Barcelona, Marubeni y la administradora de fondos de pensiones de los profesores de Ontario (Canadá) controlan el 90% del suministro.

En el gobierno del derechista Sebastián Piñera (2018-2022) se llego al colmo de rematar ríos (actualmente unos 38). El expresidente Piñera se fijó el objetivo de apuntalar la certeza jurídica de la propiedad de los derechos de agua, y en su gabinete hubo varios ministros con derechos de aprovechamiento de aguas constituidos, liderados por su exministro de Agricultura, Antonio Walker Prieto. Ese ministro y su familia son propietarios de más de 29.000 litros por segundo, lo cual equivale al suministro continuo de agua de aproximadamente 17 millones de personas.

La constitución chilena de la década del 80 establece literalmente que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos legalmente, otorgan a sus titulares la propiedad sobre ella. En el año 1981, el Código de Aguas estableció que el agua es un bien nacional de uso público, pero también un bien económico. La propiedad del agua se separó del dominio de la tierra, de modo que hay propietarios de agua que no tienen tierra y propietarios de tierra que no tienen agua.

El Estado tiene la potestad de conceder derechos de aprovechamiento del agua, estos derechos se dividen en dos categorías: derechos sobre agua para uso de consumo y derechos sobre agua para uso no consuntivo, por ejemplo, para la generación de electricidad. En la primera categoría, el 77% de los derechos está en manos del sector agrícola y forestal, el 13% en el sector minero, el 7% en el sector industrial y aproximadamente 3% en el sector sanitario. En cuanto a los derechos de aprovechamiento del agua para uso no consuntivo, el 81% está en manos de una empresa público-privada italiana. Los portadores de derechos de aprovechamiento pueden vender o arrendar agua en el mercado. Esta perversa mercantilización, que restringe el acceso a las aguas por parte de la mayoría de la población, es inédita en el mundo.

Todo este panorama, ha sido resistido por enormes movilizaciones no exentas de represión y procesamientos judiciales. El propio Rodrigo Mundaca, por ejemplo, cita el caso de quien fue ministro del Interior en el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), que además era un empresario que desviaba agua para su campo de aguacates y cítricos. Lo denunció en un medio de comunicación en 2012 y eso le significó 24 comparecencias en los tribunales a lo largo de dos años. Finalmente fue condenado, primero a cinco años de cárcel, que luego fueron reducidos a 540 días y finalmente sus abogados lograron que le dieran libertad condicional. También tuvo que pagar una multa y que ha sido objeto de agresiones y amenazas. Además, en noviembre de 2019 una investigación reveló que era víctima de espionaje de la inteligencia policial. Sin embargo, en respuesta a un recurso de amparo contra Carabineros, la Corte Suprema emitió un fallo donde dice que el seguimiento mencionado no violaba derechos constitucionales.

Mundaca, tiene una definición categórica sobre la conducta de los gobiernos: ha sido invariable, más allá del signo político del gobierno de turno. Hayan sido de la Concertación o los herederos políticos del pinochetismo, todos los gobiernos han hecho acuerdos para mantener el modelo privado de aguas porque es un negocio, un negocio que le tributa a la casta política. Cuando salen de su cargo público, los funcionarios pasan a ocupar cargos en los directorios de las empresas que se apropian del agua. Aunque, paradójicamente Rodrigo Mundaca ha sido “cooptado por el sistema” y es desde el 2021 el gobernador de Valparaíso.

¿Quién paga esta crisis?

La presente sequía chilena, pretende enfrentarse tanto por el actual gobierno nacional del izquierdista Gabriel Boric como los gobernadores de las regiones por estrictos racionamientos de uso domiciliario del agua. Lamentablemente, estas resoluciones solo afectan a la inmensa población trabajadora. Sino se ataca el acaparamiento del agua (y la tierra) a los grandes intereses mineros o agroindustriales, solo tendremos una catástrofe social. Respecto del acceso al agua para revertir su actual privatización, en la redacción de la nueva Carta Magna todavía está en veremos, aunque tampoco un papel escrito lo garantizaría. Incluso el presidente Boric firmó el Acuerdo de Escazú (aun a la espera de la aprobación del Congreso) que por sí solo no es seguridad de nada mientras se sigue depredando el ambiente.

Las luchas y resistencia de las comunidades por el agua en el país trasandino han sido uno de los antecedentes de la rebelión popular de 2019 que ha puesto contra las cuerdas al régimen político. La cuestión de las aguas, puede ser un eje clave para relanzar el ímpetu de una generalizada movilización y dar una salida política independiente y organizada de los trabajadores y las comunidades para terminar con el régimen de propiedad del agua y la tierra en manos del gran capital y, en el mientras tanto, exigir al Estado las medidas de asistencia y emergencia al servicio de la mayorías populares.

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