La deuda también se paga con el saqueo de nuestros territorios

El debate sobre el extractivismo no puede separarse del de la deuda externa y el Fondo Monetario Internacional. La necesidad de conseguir dólares para pagar a los acreedores se usa una y otra vez para justificar la apertura de los territorios a las grandes inversiones: hay que producir más, exportar más y atraer capitales. Casi nunca se discute quién se queda con las ganancias, qué costos se trasladan a las comunidades y por qué los acreedores deben imponerse sobre las necesidades de la población.

Esa deuda también es una política de Estado. Macri tomó en 2018 el préstamo más grande de la historia del FMI; el gobierno de Alberto Fernández lo legitimó y lo renegoció en 2022; Milei firmó en 2025 un nuevo acuerdo por 20.000 millones de dólares. Cada acuerdo vino acompañado de metas de ajuste, y cada metro de cordillera habilitado para la minería se presenta como una fuente de divisas para cumplirlas.

Hay que desconocer la deuda usuraria y romper con el FMI. No hay soberanía real cuando las decisiones sobre el agua, la tierra y los recursos estratégicos quedan subordinadas al capital financiero y a las multinacionales. La salida es la organización independiente y una perspectiva socialista.

Las asambleas y la calle

Frente a este escenario, las asambleas ambientales y territoriales tienen un papel fundamental. Son espacios donde vecinos, trabajadores y comunidades discuten qué pasa en sus territorios, comparten información y deciden colectivamente cómo enfrentar las políticas que amenazan sus condiciones de vida.

Córdoba tiene su propia historia: las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo, que denunciaron las fumigaciones con agrotóxicos, y la asamblea de Malvinas Argentinas, que con un bloqueo sostenido durante años impidió la instalación de la planta de Monsanto. Hoy, en la misma provincia, hay defensores ambientales imputados y elevados a juicio, parte de una ofensiva que se repite en Mendoza, Chubut, Catamarca y San Juan.

La movilización en las calles es indispensable, porque los intereses que enfrentan las comunidades cuentan con recursos, poder institucional y capacidad de presión que no se contrarrestan con reclamos individuales. Cuando las comunidades se organizan, además, ponen en cuestión la idea de que el desarrollo se mide por las inversiones o las ganancias empresariales, y obligan a discutir quién decide, qué se produce y quién paga las consecuencias.

Por eso la unidad entre las luchas ambientales y la clase trabajadora es decisiva. Defender el agua y la tierra no es una preocupación separada de la lucha por el salario, el trabajo, la vivienda o los servicios públicos: es parte de la misma disputa por las condiciones materiales de existencia. Y en esa disputa las mujeres y las diversidades ocupan un lugar central, porque la destrucción de los territorios golpea primero sobre la alimentación, el acceso al agua y las redes de cuidado que ellas sostienen.

Necesitamos fortalecer las asambleas, coordinar las luchas entre provincias, defender el derecho a la protesta y construir una organización independiente de los gobiernos y de las empresas, que no se limite a denunciar los daños cuando ya ocurrieron, sino que pueda impedir que los negocios avancen.

Una salida socialista

El desafío no es solo denunciar los proyectos que destruyen los territorios, sino discutir qué alternativa construir. No alcanza con prometer un extractivismo mejor administrado, manteniendo los mismos intereses y las mismas relaciones de poder.

Planteamos la nacionalización sin indemnización de la minería metalífera, los hidrocarburos y el litio, bajo control de los trabajadores y de las comunidades, para que la producción y el uso de los recursos respondan a las necesidades sociales y no a la rentabilidad privada. Eso permitirá garantizar el derecho a veto de las comunidades afectadas por los grandes emprendimientos, las tareas de remediación ambiental a cargo de las empresas que generaron los pasivos, la reconversión de los sectores contaminantes que se decidan no continuar, y el cumplimiento de verdaderas normas de seguridad y protección ambiental. Esa perspectiva solo puede llevarla adelante un gobierno de los trabajadores.

El encuentro permitió compartir experiencias y escuchar distintas posiciones. Las diferencias aparecieron, y está bien que así sea, siempre que sirvan para aclarar con qué perspectiva luchamos. Frente al extractivismo, la deuda y la represión necesitamos más asambleas, más organización, unidad en las calles e independencia política de todos los gobiernos y partidos patronales que nos trajeron hasta aquí. Eso requiere la construcción de una alternativa política propia, que nos proponemos desarrollar con el Frente de Izquierda.

Defender nuestros territorios es defender nuestras condiciones de vida. Y esa lucha no puede esperar.

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