Con la denuncia a Galaxy Lithium realizada por el Afip por la evasión de un total de $198 millones en el 2018, sumada a las que ya existen a otras empresas que extraen litio en Catamarca, podemos afirmar la tesis popular que dice que “todas las empresas mineras llevan adelante un saqueo y una expoliación”. Esto se da por partida doble: de manera legal, mediante los porcentajes ridículos que aportan por ley a la provincia; e ilegal porque buscan evadir y robar en toda ocasión que se le presenta, en complicidad del Estado y los gobiernos.

Esta nueva evasión es otra prueba más de lo deficitario que es el régimen minero actual en su totalidad. Los controles son ineficientes, en el caso de la empresa que hoy tiene el nombre Allkem (ex Galaxy) está siendo investigada después de cinco años y solo por la “disminución indebida del Impuesto a la Ganancia”. Lo que no se investiga es si sobrefacturan como lo hace Livent, o si existen ingresos de maquinaria por contrabando como lo hacen las empresas chinas, o si las declaraciones juradas donde denuncian las cantidades de minerales que extraen son reales.

El sistema minero en la argentina está organizado mediante las leyes que se votaron en el gobierno de Menem para el saqueo de los recursos y la corruptela de las empresas y los gobiernos, derivando en el empobrecimiento de las poblaciones mediante la expoliación de sus bienes comunes.

A esto tenemos que sumarle las denuncias a Liex-Zijin, por parte del sindicato de la Uocra, por las malas condiciones en las que los trabajadores tienen que desempeñar sus tareas. En las empresas mineras de litio, como lo fue en Bajo La Alumbrera, la tercerización y la precarización de los trabajadores es la regla, aceitando un mecanismo de empresas que están vinculadas con el poder político y la burguesía local que, mediante la explotación de los trabajadores, saca su renta del proceso minero. Las ganancias de las mineras, casi en su totalidad, son para las empresas trasnacionales que fugan los capitales dejando solo migajas en la provincia y el país.

La corrupción minera no es un problema de un emprendimiento minero, sino de todo el régimen desde las empresas, el Estado y los gobiernos, hasta la burocracia sindical adicta a las empresas. Para poder hacer que la explotación de los recursos naturales sea para activar la economía de la provincia y que genere recursos para los argentinos, además de ser cuidadosa con el ambiente y respetuosa de las decisiones de los pueblos, es necesario la nacionalización de los recursos naturales bajo control de los trabajadores y pueblos afectados, la industrialización del litio y cualquiera de los minerales que se extraiga en nuestros territorios.

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