El gobernador Axel Kicillof y su ministra de Ambiente Daniela Vilar presentaron el pasado viernes 8 un “plan de gestión ambiental 2022” para la provincia de Buenos Aires. Lo hicieron en un acto realizado en el Estadio Único de La Plata, junto al ministro de Ambiente de la Nación Juan Cabandié, el diputado nacional Máximo Kirchner, el jefe de gabinete provincial Martín Insaurralde y la vicegobernadora Verónica Magario.

Los anuncios

Según la gacetilla del portal de la gobernación, los principales ejes del plan “son la gestión de residuos; el fortalecimiento de áreas naturales protegidas y la perspectiva ambiental en espacios verdes; la protección de humedales; la transición ecológica y el cambio climático; la alimentación sustentable; la educación ambiental y la participación ciudadana; y la consolidación de una producción sustentable”.

Kicillof, manifestó que la creación del Ministerio de Ambiente obedeció a la comprensión de la centralidad y del papel estratégico que tiene la cuestión ambiental en este momento histórico, y que no existe una contradicción entre impulsar la producción y cuidar el ambiente. Además prometió presentar un Plan Integral de Manejo del Fuego y proyectos de ley vinculados al cuidado del ambiente -entre ellos uno de adaptación y mitigación al cambio climático, otro sobre las condiciones de trabajo de las y los guardaparques, y uno de “gestión de envases con inclusión social”.

Por su parte, Vilar dijo que “vamos a hacer una revolución ambiental en nuestra provincia”, y añadió: “Vamos a construir acciones que sienten las bases para una política de Estado enmarcada en el ambientalismo popular junto con todos los actores sociales clave para construir un gran consenso ambiental”. Todos estos anuncios y declaraciones rimbombantes se caen como piezas de dominó al contrastarlos con la realidad. Veamos por partes.

Un castillo de naipes…

Cuando hablan de la gestión de residuos se limitan solo a campañas de marketing sobre el reciclado domiciliario, de compostaje o de los cartoneros de la llamada “economía popular”, un monumento de la precarización laboral. No apuntan a medidas de fondo como la erradicación y remediación de los cientos de basurales a cielo abierto en territorio bonaerense, como el de Lujan, Navarro, el ecopunto trucho de Merlo por solo citar algunos casos. Tampoco del sistema de recolección de residuos en los municipios, que las concesionarias del servicio se roban enormes presupuestos del erario público, o sea plantear una renovación del parque automotor y de maquinarias, salario y condiciones laborales dignas para sus trabajadores, etc. Y ni hablar de los residuos que generan las industrias y los vierten con toda impunidad en un país donde más del 90% de estos no se tratan.

En cuanto al tema de las áreas protegidas y los espacios verdes, más que fortalecimiento están amenazados por los grandes intereses inmobiliarios, comerciales o de obras civiles sin estudios de impacto ambiental. La única fortaleza la dan los vecinos que defienden con movilizaciones las reservas naturales de, por ejemplo, Laferrere, Palomar, San Nicolás, entre otras. Bastaría con solo tomar los proyectos elaborados por los colectivos de los distritos, declarar su protección provincial o municipal y por sobre todo asignar los recursos para las mismas.

El punto de los humedales es central, el gobierno de la provincia es del mismo frente político que el gobierno nacional de Alberto Fernández. El Frente de Todos y la oposición de Juntos por el Cambio se han encargado de cajonear la ley de humedales en el país. Por eso cuando mencionan el tema es una absoluta hipocresía. Cuando semana a semana, nos enteramos de megaproyectos inmobiliarios que acaparan zonas de humedal, por caso en Tigre y Escobar. Es mas, las reservas naturales por las que luchan muchos vecinos en la provincia contienen humedales.

Respecto a la transición ecológica y el cambio climático, o sea, en apuntar a las energías alternativas, la ministra -junto a sus funcionarios de la subsecretaria de Fiscalización Ambiental- a los pocos días de los anuncios se reunió con las cámaras industriales de la provincia. En efecto, quienes deberían tener mano de hierro con las grandes patronales contaminadoras como los Klaukol (La Matanza) o Copetro (Ensenada), hacen buenas migas sonrientes en un desayuno. Posteriormente, la ministra se paseo por las centrales nucleares de Atucha I y II y la obra del reactor argentino Carem. En momentos donde incluso esta firmado un acuerdo con la empresa China Hualong para la construcción de una cuarta central nuclear (Atucha III) y los vecinos de Zarate están en pie de lucha contra su instalación. También, las peligrosas centrales termoeléctricas, que ahora hay una fuerte movida para avanzar en algunos municipios como Lujan y terminar de habilitarlas. O el visto bueno del gobernador a las plataformas petroleras off shore frente a las costas bonaerenses.

Por tanto, cuando se refieren a las energías limpias o para mitigar el calentamiento global, se ponen a elogiar o promover todo lo contrario, a formas de energías anacrónicas y de altísimo riesgo para la población y que, desde luego, no van “regular” ni controlar nada desde parte del Estado provincial.

Después, hablar de alimentación sustentable es un chiste de mal gusto, justamente cuando uno de los principales reclamos del movimiento piquetero y los trabajadores de las barriadas más humildes es precisamente por la carencia nutricional y en cantidad y variedad de los alimentos que llegan a los comedores -como resultado del ajuste en la asistencia social- para seguir los dictados del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Creer que con huertitas comunitarias van a resolver el hambre que hace estragos en el interior y el conurbano bonaerense, es una utopía.

En cuanto a la educación ambiental y participación ciudadana, tenemos que recordar que el actual ministerio de Ambiente de la provincia hereda toda la estructura burocrática de la nefasta OPDS (Organismo de fiscalización ambiental provincial), que ha hecho la vista gorda de la depredación ambiental estos años. Si logro convocar audiencias publicas (desde luego no vinculantes) es gracias a la lucha y movilización de las comunidades afectadas por las diversas problemáticas ambientales. En cuanto a la educación ambiental, las mismas son formalidades y una cortina de humo para tapar a los responsables políticos y patronales de la destrucción del ambiente. Una real educación debería ser organizada por los movimientos socioambientales y especialistas independientes y también, debidamente acompañada de la información técnica que siempre los funcionarios ocultan y que debería ser pública.

Por último, no puede haber producción sustentable en una provincia con suelos envenenados con agrotóxicos y que el capital agrario fumiga al por doquier, con un país cuyo comercio exterior lo controla el complejo agroexportador y sus divisas se fugan para el negocio del capital financiero y el pago de la deuda externa y con el correspondiente encarecimiento de los precios y que lo terminan padeciendo las masas trabajadoras.

Un real plan de salida…

La impostura del gobierno bonaerense revela que en definitiva cualquier plan ambiental real solo puede venir de la mano de la deliberación y organización de los trabajadores, los vecinos, colectivos ambientales, profesionales, y su concreción solo progresará con la movilización popular que enfrente esta depredadora política de Estado. El control obrero de la producción, los comités de técnicos y trabajadores para supervisar el cumplimiento de normas ambientales, el derecho a veto de las comunidades acerca de los grandes emprendimientos productivos que las afectan, son la base para todo plan de gestión sustentable; pero ello requiere de un plan económico antagónico al ajuste y la entrega al FMI.