Detrás de la polémica por la tonalidad rosada del sistema lagunar de CORFO en la ciudad de Trelew, se esconde un entramado de intereses vinculados al negocio del tratamiento de efluentes líquidos pesqueros. Mientras los vecinos de Rawson y Trelew sufren las consecuencias de un asunto que no termina de resolverse, funcionarios y empresarios se cruzan en una disputa por jugosos beneficios que involucra la cuestión.

El boom de la “Laguna Rosa”

En las últimas semanas, salió a la luz una problemática vinculada a la contaminación de las lagunas de CORFO en Trelew. El vertido de efluentes líquidos pesqueros provenientes de empresas de Rawson en dichas lagunas fue señalado como la causa principal de contaminación. La llamativa tonalidad de las aguas colaboró para que la noticia se propague rápidamente hasta llegar a los principales medios nacionales y varios medios internacionales.

Lo cierto es que esas lagunas se encuentran en el mismo estado desde hace unos 20 años, y han recibido efluentes líquidos del Parque Industrial de Trelew (PIT) desde aquella época. Los efluentes provenientes del PIT se concentran en una planta de CORFO para su tratamiento, y luego se bombean al sistema lagunar. Como estos tienen alta carga orgánica, generan sulfuro de hidrógeno que hace proliferar en el agua una bacteria fotosintética que tiene pigmentos de color rosado. Por lo cual es común que el agua adquiera esa tonalidad en estos sistemas.

El incorrecto tratamiento previo de los efluentes, como así también el vertido de los mismos en cantidades excesivas y/o en lugares no adecuados, genera diversos efectos negativos en el ambiente: contaminación de napas, olores nauseabundos, proliferación de insectos, etc. Y es por ello que la cuestión requiere un manejo serio, responsable y acorde a las normativas vigentes.

El origen del problema: Los efluentes líquidos pesqueros

Tanto en Rawson y Trelew como en Puerto Madryn existen plantas de procesamiento de pescados y mariscos, que generan distintos tipos de residuos durante su operatoria. El tratamiento y disposición final de los mismos, durante mucho tiempo se realizó sin controles: por décadas, las empresas arrojaron sus efluentes al mar o al río, o los residuos tanto sólidos como líquidos se amontonaban en los basurales o predios en la periferia de las ciudades. El crecimiento de la actividad pesquera fue dejando en evidencia que las grandes cantidades de desechos generados debían tratarse de otra manera. A partir del año 2016, y a raíz de modificaciones en las normas ambientales, se comenzó a exigir a las empresas que realicen un tratamiento más eficiente de sus desechos.

El tratamiento de los residuos introduce nuevos costos a las empresas pesqueras, las cuales deben invertir en desarrollar sistemas propios o pagar los costos de los servicios de gestión de los residuos cuando estos son realizados por terceros. Surgieron así distintas alternativas: mientras algunas empresas pesqueras se ocuparon internamente del tema del tratamiento de los residuos, otras lo tercerizaron. Y mientras algunas decidieron resolverlo de manera individual, otras se agruparon en un proyecto común.

La firma GP Inversiones S.R.L. firmó un convenio con el municipio de la ciudad de Puerto Madryn en el año 2017, comenzó a tratar residuos sólidos de un grupo de empresas pesqueras en un predio cedido por la municipalidad para tal fin. Posteriormente incorporó el tratamiento de los efluentes líquidos. En Rawson, otro grupo de empresas pesqueras decidió en el año 2018 agruparse y conformar Rawson Ambiental S.A. (RASA) que sería la encargada de llevar adelante el proyecto de un sistema de bombeo y tratamiento de efluentes, desde las pesqueras hasta un sitio destinado al tratamiento y disposición de los mismos.

RASA y los problemas en los barrios

Desde 2019, los efluentes se fueron transportando en camiones y depositando en un sistema de estanques impermeabilizados que fueron emplazados en una zona periférica de la ciudad de Rawson, con el objetivo de comenzar a recibir los efluentes en una primera etapa. Mientras, se iría avanzando con el proyecto en cuestión. Al día de la fecha, el sistema no está terminado y las demoras en la finalización del proyecto fueron ocasionando diversos problemas que afectan desde entonces a dos barrios de la ciudad capitalina: Área 12 y Tierra Para Todos. Al no obtener respuestas a sus reclamos, los vecinos se organizaron y desde octubre de 2020 bloquean a los camiones para impedir el paso y descarga de efluentes en los estanques. Esta situación complicó a la empresa RASA, que empezó a tener dificultades para gestionar los residuos pesqueros ante la resistencia de los vecinos.

Ante este inconveniente, surgió un “Acta Acuerdo de Compromiso y Cooperación” firmado en junio de 2021, en la cual la Subsecretaría de Ambiente de la provincia, junto con la Secretaría de Ambiente de Rawson, otorgaron a la empresa RASA un permiso temporal para realizar el vertido de efluentes en las lagunas de CORFO.

Cruces entre funcionarios y batalla mediática

La publicación de las imágenes y su repercusión mediática generó mucha información falsa y/o tendenciosa sobre la situación. La rápida respuesta de los funcionarios para debatir el vertido de efluentes pesqueros en el sistema lagunar de CORFO, implica que las imágenes difundidas corresponden a una laguna en la cual RASA no estuvo vertiendo efluentes (existen 8 lagunas), además de que como ya mencionamos, esa tonalidad existe hace décadas en el sistema lagunar.

En segundo lugar, porque los “especialistas” en tratamiento de efluentes que entraron en escena en medios de la burguesía (como Clarín o TN), llamativamente son el Gerente y Director de la empresa GP Inversiones SRL, quienes serían los potenciales impulsores de toda esta polémica y tendrían más intereses económicos que ambientales sobre la cuestión. Manipular la información es una estrategia económica disfrazada de preocupación ambiental; estarían buscando acaparar un negocio: $49millones de facturación mensual en tratamiento de efluentes. El principal interés sería afectar negativamente a la empresa RASA y así avanzar con el monopolio del negocio.

Las empresas y el Estado son responsables

Por un lado cabe señalar lo hecho por RASA en perjuicio de los vecinos de Rawson como un incumplimiento durante el desarrollo del proyecto, en el cual no procedieron respetando las normativas vigentes. La inacción del municipio de Rawson y su Secretaría de Ambiente son muestras claras de la desidia del Estado ante los reclamos de los vecinos que se vieron afectados por el accionar de la empresa.

Por otra parte, es importante destacar que dicho incumplimiento de RASA, y el posterior acuerdo para realizar el vertido en el sistema lagunar de CORFO, fueron utilizados claramente para influenciar a la opinión pública, logrando señalar a RASA como única culpable de la contaminación, en una burda operación mediática que logró replicarse de manera sorprendente. El conjunto de mentiras y verdades a medias que dominó por unas semanas los portales de los medios oculta oscuras intenciones de quienes intentan capturar un negocio millonario.

Ante este panorama donde existe una fuerte puja entre empresarios del sector privado, el rol del Estado una vez más queda completamente desdibujado. Los organismos estatales que deberían intervenir procurando regular y controlar los procesos productivos, demuestran a través de sus funcionarios la incapacidad para lograr tales objetivos, y lo que es peor, se entremezclan en cruces y debates lobbystas por uno u otro bando, defendiendo otros intereses que nada tienen que ver con el bienestar de la comunidad y la protección del ambiente.

Por una salida de las y los trabajadores

Ante esta situación, desde el Partido Obrero consideramos que es necesario que sean los propios trabajadores de las empresas los que por medio de un organismo de control interno tengan la facultad de controlar la gestión de los residuos que se generan, pudiendo intervenir en el desarrollo de mecanismos que colaboren para un correcto tratamiento primario dentro de la empresa.

Es fundamental además, conformar una comisión integrada por juntas vecinales, trabajadores y especialistas, independiente de los gobiernos y del Estado, que funcione como un real organismo de control sobre la generación, tratamiento y disposición final de los residuos. De esta manera, se podría llevar adelante un organismo que contribuya a impedir los desmanejos y así evitar los posteriores perjuicios a la salud y al ambiente.

 

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