La maniobra pactada entre el kirchnerismo y Cambiemos cumplió su objetivo al posponer cinco semanas la reanudación del debate en comisiones de la Ley de Humedales “para escuchar a los gobernadores”. Así evitaron cualquier dictamen, cuando, mundial de por medio, el año legislativo amenaza concluir.

La convocatoria desesperada del diputado Leonardo Grosso (Movimiento Evita) para retomar la reunión este jueves fracasó ante el boicot de la Comisión de Agricultura presidida por Ricardo Buryaile (Cambiemos).

La realidad es que los gobernadores ya se habían pronunciado con hechos viajando de la mano de Wado de Pedro a Washington para ofrecer garantías sobre la depredación del litio y también a través de las palabras del gobernador jujeño Gerardo Morales, quien twitteó: “Desde Washington paramos el tratamiento de la ley de humedales porque venía muy rápido”. Una ironía, ya que su tratamiento viene postergándose hace 10 años.

En una reunión que ya no podría dictaminar, los lamentos y acusaciones de los diputados oficialistas contra el macrismo cumplieron la función de encubrir el disciplinamiento al mandato de sus gobernadores.

A este juego se prestó la diputada Graciela Caamaño, que ha tomado demagógicamente el tema ambiental como bandera, pero prefirió sumergirse en la inútil tarea de ver quién tenía razón respecto a si se había mantenido o no el cuarto intermedio según el reglamento. Cuando habló de ambiente elogió a la ministra del área en la Provincia de Buenos Aires, presente en la reunión, compañera de La Cámpora del ministro Juan Cabandié, el que alguna vez dijo: “No podemos conseguir dólares para pagar la deuda sin contaminar”, él mismo un lobbista offshore. Caamaño tampoco se privó de elogiar la política ambiental del macrismo, lamentando que hubieran abandonado esa agenda.

Lo cierto es que el exministro y rabino Sergio Bergman afirmó desconocer el tema ambiental cuando fue nombrado y recomendó rezar frente a los incendios forestales. En 2018, el macrismo redujo un 30% en términos nominales el presupuesto ambiental y finalmente transformó el ministerio en secretaría. El abandono viene de lejos.

El Frente de Izquierda se pronunció por una sesión especial y urgente de la Cámara para ir directamente al tratamiento y votación de los proyectos presentados.

En su intervención, Romina Del Plá afirmó: “lamento haber tenido razón”; 40 días antes se había anticipado a este fracaso al hacer notar, al inicio del debate, que ya se había hablado lo suficiente. Que era momento de votar un dictamen y no hacerse los distraídos. En 2021 un dictamen apoyado por los movimientos ambientales perdió estado parlamentario por responsabilidad del oficialismo, que no se privó de usar el “Ley de Humedales Ya” durante la campaña electoral.

Romina preguntó “¿qué se pretende que vengan a decir los gobernadores si son los lobistas número uno?” y recordó que cuando Sergio Massa presentó el presupuesto habló loas de la megaminería, del litio y el petróleo para que al Estado le cierren los números, lo que fue destacado por el diputado Ricardo López Murphy, que a la vez dijo que eso no se podría hacer si se aprueba la Ley de Humedales.

Es el gobierno el que impulsa el cajoneo de esta ley o en su defecto un dictamen que con tantas modificaciones termine como las leyes de glaciares y bosques que no protegen ni a unos ni a otros.

La intervención de Romina produjo la respuesta airada y fuera de la lista de oradores del presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez. Como descubierto in fraganti y ofendido en su nombre y honor, destacó la nobleza de las negociaciones parlamentarias en las que él actuó de buena fe. Alcanza con escuchar su participación al finalizar una reunión de la Comisión de agricultura luego de las exposiciones de la UIA, la Cámara minera, la Mesa de Enlace y muchas patronales más, asegurándoles que todos los cambios que hicieran falta se harían para lograr consenso, no hace falta aclarar con quiénes.

Romina concluyó: “¿A quién le preguntan cuando buscan ‘licencia social’?” recordando que el pueblo chubutense tuvo que movilizarse para voltear una ley que aprobaba la minería contaminante, rodeando la Legislatura. Denunció las audiencias públicas escasamente vinculantes y la necesidad de que haya poder de veto de las comunidades, de las asambleas socioambientales, como lo plantea el proyecto del FIT-U, llamando a redoblar la movilización independiente, realizando asambleas en todas las localidades, a organizar y ponerle fecha a una gran movilización nacional para exigirle a este Congreso que apruebe de una vez por todas la Ley de Humedales.