La pueblada riojana del 26 de enero, en la que se movilizaron más de 10.000 pobladores, le dio un enorme impulso a todos los reclamos contra la megaminería contaminante. En particular, reanimó el proceso de lucha contra la minera La Alumbrera, expresado en una serie de bloqueos a todas las rutas de acceso a la mina.

Este nuevo escenario obligó a un replanteo del gobierno nacional y de los distintos gobiernos provinciales frente a su oposición encarnizada a los movimientos de lucha. En la Rioja, el gobernador Beder Herrera y la multinacional Osisko acomodaron su discurso, declarando que sin “licencia social” no se iba a implementar el proyecto de exploración y explotación del Famatina. Buscan apaciguar las aguas y ganar tiempo. Mientras tanto, lanzaron una contraofensiva para aislar al pueblo de Famatina. Beder Herrera declaró que Famatina era una “cuestión provincial”, precisamente cuando la defensa del Famatina se había transformado en una causa nacional.

Catamarca-Tucumán

En el caso de Catamarca, mientras la gobernadora Corpacci insistía en que la minería era política de Estado y se declaraba en favor del consenso social, ponía la policía y a sus grupos a disposición de la justicia para el desalojo violento de los bloqueos. Esa línea comenzó en Santa María, cuando a varios luchadores se les inició una causa bajo la nueva Ley antiterrorista. Luego, la presión represiva se concentró sobre Belén, donde se desarrollaba una intensa acción de cortes selectivos a los camiones que llevan suministros a La Alumbrera. Allí, la minera comenzó a propalar rumores de suspensión a los trabajadores (una parte de ellos son residentes de esa ciudad). La propia empresa impulsó un corte total de la ruta 40, con el propósito de desabastecer a la ciudad y volcar a la población contra los luchadores. Esta acción no dio lugar a ninguna acción judicial, ni a ningún reproche en los medios o de parte del gobierno. Una vez liberada la ruta, el malón policial se dirigió a Tinogasta, donde más de 1.000 personas se volcaron a la ruta a defender el bloqueo. Usando todos los recursos, procedieron a una violenta represión que dejó un tendal de heridos. Así liberaron el camino. Ese mismo escuadrón se dirigió, al día siguiente, a Andalgalá, donde actuó como soporte de las bandas de matones a sueldo de la minera, quienes han tomado de hecho el control de la ciudad. En simultáneo con estos hechos, la policía provincial de Tucumán, encapuchada y con autos con las patentes tapadas, procedió a levantar el bloqueo de Amaicha, destrozando un minicampamento que se había instalado en la zona del corte, y sitiando por horas el domicilio de un comunero donde se habían refugiado los participantes del corte. La misma Justicia que avala un desalojo a las cuatro de la mañana permite que las comisarías tengan las puertas cerradas para recibir a los abogados que defienden a los detenidos.

La reacción popular

Todos estos hechos represivos precipitaron múltiples acciones de repudio en todo el país, que alentaron un reagrupamiento de los luchadores del NOA.

En Santa María, en Belén, en Tinogasta. las movilizaciones populares liberaron a los detenidos y han alentado nuevos cortes y bloqueos contra las mineras. En Tinogasta, una gran concentración exigió la renuncia del intendente Avila.

En Santa María y Amaicha se resolvieron diversas medidas de movilización para el 15 de febrero. Todos estos hechos han contagiado al movimiento ambiental de Cafayate (Salta), que ha convocado a una asamblea para sumarse a la lucha.

La Rioja

Esta provincia sigue siendo el epicentro de la reacción popular, mientras el gobierno lanza una campaña sobre las “bondades” de la megaminería en mano de las multinacionales y refuerza su acción de prebendas -así como de intimidación represiva. Sin embargo, esta campaña encuentra límites en la propia crisis de las filas oficialistas, pues varios intendentes y legisladores -bajo el peso de la presión popular- han cuestionado los planes mineros. El movimiento popular se mantiene firme. Se ha iniciado una contracampaña de esclarecimiento en los pueblos del departamento, y se está impulsando un petitorio en el que se exige la revocatoria del mandato de la diputada oficialista representativa del departamento, Adriana Olima. También está en preparación un gran festival con los artistas nacionales que han apoyado la causa. El objetivo inmediato es la anulación del contrato con la Osisko; el mediato, la anulación de toda la legislación minera nacional.

Por una lucha de conjunto

El gobierno nacional y los gobiernos provinciales actúan de conjunto, porque consideran que la defensa de los intereses de las grandes mineras multinacionales es una cuestión de Estado. Asociados a ese interés, la nación y las provincias reciben migajas que van a tapar los agujeros de sus cuentas fiscales. Con ese fin, los Beder y Corpacci impulsan la formación de empresas mineras estatales, para asociarlas a los planes de explotación de las multinacionales extranjeras.

Esta orientación tiene que ser respondida con un plan de lucha de conjunto. El miércoles 15 se van a producir múltiples acciones en toda la región, las cuales van a unir el repudio a la represión, el reclamo por la anulación de la Ley antiterrorista y la bandera de que el Famatina y el Aconquija no se tocan. Puede ser un gran paso para avanzar en una acción más de fondo: una marcha federal para llevar los reclamos al corazón del poder político del país.