La megaminería a cielo abierto es uno de los más emblemáticos ejemplos de devastación ambiental, pero también de la tenaz resistencia de las poblaciones afectadas, que han protagonizado verdaderas puebladas en distintos puntos. Por la utilización de sustancias altamente contaminantes como el cianuro y su impacto en los cursos de agua, la Unión Europea prohibió la actividad en 2010, pero los pulpos tanto europeos como norteamericanos la practican en regiones como América Latina, que cargan luego con enormes pasivos ambientales.

La minería es hoy el cuarto complejo exportador del país, habiendo cerrado 2018 con un estimado de 3.900 millones de dólares en exportaciones. Pero su ampliación es un punto compartido tanto por el Frente de Todos como por el macrismo, e incluso por la fórmula Lavagna – Urtubey. Ante la crisis rampante que atraviesa la Argentina, estos bloques aseguran que la promoción a la minería podría ser uno de los puntales de una recuperación económica y del ingreso de dólares.

Sin ir más lejos el 30 de agosto, en medio de la embestida de los gobernadores peronistas contra el paquete con que Macri buscó reaccionar a la corrida post paso, se reunieron funcionarios de todas las provincias con la Secretaría de Política Minera de la Nación y acordaron avanzar en modificaciones al Código de Minería. Los puntos centrales ya fueron firmados en 2017 por Macri y los gobernadores en el Acuerdo Federal Minero, que fijó los míseros topes en los ítems que pagan las empresas -del 3% en el caso de las regalías y del 1,5% en el de los fideicomisos para obras en las zonas de las explotaciones- además de provincializar el control ambiental, lo cual le permite a los pulpos “arreglar” con los gobernadores.

Solo cuatro días antes de aquel cónclave, Alberto Fernández se reunía junto a Alicia Kirchner y Lucía Corpacci –gobernadoras de Santa Cruz y Catamarca, respectivamente- con ejecutivos de ocho mineras multinacionales para comprometerse a brindarles “seguridad jurídica” para sus negocios y libertad para girar sus ganancias al exterior. Según las versiones periodísticas, estarían evaluando una “offshorización” como la que Nielsen propuso para Vaca Muerta.

Depredación a cielo abierto

Estas garantías que ofrecen las fuerzas políticas que gobiernan el país a los pulpos de la megaminería a cielo abierto son incompatibles con un desarrollo nacional, y por el contrario refuerzan la explotación colonial de país y dejan inmensos pasivos ambientales de efectos devastadores sobre las poblaciones y otras actividades económicas. Así como la triunfante pueblada al grito de “Famatina no se toca” impidió la instalación minera en esa región riojana, cada proyecto ha suscitado fuertes resistencias y movilizaciones.

La historia de la Minera La Alumbrera en Catamarca, que puso en marcha la extracción de oro y cobre en 1997, es ejemplificadora. Tras años de luchas de los vecinos de Andalgalá, y a pesar de que la empresa debió enfrentar procesos judiciales no solo por contaminación sino también por evadir impuestos y por contrabando, sigue operando con normalidad y se aproxima a agotar el yacimiento. Ello se hizo con la complicidad del Estado nacional, del gobierno y la justicia catamarqueña, y de la Universidad de Tucumán, que convalidó los informes ambientales de la empresa, propiedad de cuatro de los principales pulpos del mundo (Glencore, Xstrata, Yamana Gold y Goldcorp). Pero la provincia no ha recibido a cambio de estos favores grandes compensaciones. En 2016, los ingresos por regalías de La Alumbrera representaron apenas el 1,3% de los gastos presupuestados por la provincia, cuando en 2015 su producción significo el 80% de las exportaciones de Catamarca. Con todo, la minería sólo explica el 5% del empleo registrado en el sector privado en la provincia y, según información de la propia empresa, en 2014 el 40% de los trabajadores estaba contratado. Ahora importantes pulpos se relamen nuevamente con explotar Agua Rica, el emprendimiento megaminero que desde hace 9 años es resistido por el pueblo de Andalgalá.

San Juan, también gobernada por el peronismo (Gioja – Uñac) es el modelo de provincia minera elogiado por Alberto Fernández. Allí la canadiense Barrick Gold explota Veladero, una de las minas de oro más grandes del mundo y la mayor de Argentina. El proyecto se vio también cruzado por disposiciones judiciales, tras cuatro derrames de millones de litros de agua cianurada y de materiales contaminantes sobre el Río Jáchal entre 2015 y 2017, afectando a su vez todos los cursos de agua de deshielo que son fundamentales para la agricultura en toda la región. Es que tras la suspensión de su otro megaemprendimiento, Pascua Lama, por los graves daños ambientales comprobados por la justicia chilena (se ubica en la frontera), Barrick ha “ajustado” sobre las condiciones de producción en Veladero. Allí, dos tercios de los trabajadores están tercerizados. No obstante, y a pesar de la pueblada de Jáchal, luego del mencionado Acuerdo Federal Minero la justicia sanjuanina (en quien la Corte Suprema había delegado el caso) levantó la cautelar que había suspendido la explotación a cambio una irrisoria multa de 10 millones de dólares. El estado provincial está postrado ante una rama que significa el 78% de sus exportaciones.

Lo que más atrae por estos días a los pulpos extranjeros es la extracción del litio de la Puna, un mineral fundamental en la producción de baterías para artículos electrónicos. El gobierno de Urtubey festejó la puesta en marcha de 50 exploraciones en los salares salteños, para extraer litio. Esto ha generado fuertes resistencias, que en el caso de Metán impidieron la radicación de un emprendimiento a cielo abierto de este tipo. En la misma provincia empezaría a operar en estos meses el proyecto Lindero de oro y plata, explotado por una minera canadiense con los contaminantes métodos del lixiviado, con uso de cianuro y la destrucción de la geografía para obtener unos pocos gramos de metal por cada tonelada de piedra. El entusiasmo del gobierno es tan grande que el secretario de Minería de Salta declaró que “cuando la minería venga tiene que encontrar nuestra gente capacitada en el oficio, por lo que apuntamos a la formación en todos los niveles educativos: secundario, terciario y universitario”, poniendo la educación al servicio de los pulpos depredadores, aunque rechaza todo atisbo de industrialización del lito: “No es el momento oportuno (…) Primero tenemos que alentar la producción primaria”. Urtubey impulsa al mismo tiempo el proyecto Taca Taca, en el cual la canadiense First Quantum extraerá oro y cobre.

Un referente de las comunidades indígenas que viven en la zona de los salares denuncia que “ahora las empresas mineras ya no van a pagar regalías, se estableció que las inviertan en infraestructura y lo que están pidiendo es pavimentar las rutas para sacar más rápido los recursos naturales extraídos del territorio. Nunca se han planteado hacer un hospital”. Esta denuncia empalmó con las movilizaciones de vecinos de Antofagasta de la Sierra que rechazan la construcción de un acueducto en el Rio Los Patos para beneficiar a los emprendimientos mineros de litio. En Jujuy también las comunidades indígenas han protagonizado cortes de ruta contra la instalación de estos proyectos, fuertemente promovidos por el gobierno radical de Morales, al punto que el presidente de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado explica que se multiplicaron las exploraciones porque “somos más atractivos (que Chile y Bolivia) porque tenemos un código minero más flexible y además le habilitamos la participación al capital privado”.

El lobby de las mineras también busca aprovechar en su favor la quiebra de Chubut. Allí, en plena meseta patagónica, Pan American Silver busca instalar la mayor mina de plata del mundo con su llamado Proyecto Navidad, mientras que una empresa rusa promete abrir una “Vaca Muerta de Uranio”. Para proceder a desarrollar estos emprendimientos las empresas y los intendentes (y hasta el patotero burócrata petrolero Jorge Ávila) impulsan la “zonificación” de la meseta, como forma de sortear la prohibición a la minería a cielo abierto establecida por la ley provincial 5.001 -sancionada en 2003 gracias a la lucha del pueblo de Esquel y su célebre “No a la mina”. En febrero de 2018 fue reprimida una manifestación que se congregó para rechazar la cumbre que el ex ministro macrista Aranguren realizó con las mineras.

Como se ve, no hay grieta a la hora de promover la megaminería contaminante. Este rubro explica un 37% del Producto Bruto de Santa Cruz, donde en 2015 Alicia Kirchner dispuso la eliminación del impuesto provincial minero, en línea con las medidas del gobierno de Macri ni bien asumió. La principal apuesta estratégica de su gobierno es desarrollar la extracción de oro y plata en Cerro Negro, Cerro Moro y Cerro Vanguardia.

Un programa contra la megaminería

La lucha contra esta depredación requiere entonces enfrentar al Estado. La legislación que buscó poner un límite a esta depredación, como la Ley de Glaciares, ha sido evadida olímpicamente por los pulpos, los cuales en 2010 habían obtenido el respaldo de Cristina Kirchner que vetó la ley original. Cuando, en junio, la Corte Suprema convalidó la constitucionalidad de la norma contra el pedido de la Barrick, el ministro de Minería de San Juan ahuyentó fantasmas y sostuvo que el fallo “no beneficia ni perjudica a la minería”, que “los proyectos mineros han seguido su marcha” y saludó que la Corte “haga un claro reconocimiento de las facultades y atribuciones y derechos que tienen las provincias sobre sus recursos originarios”. Celebraba así la continuidad de Veladero, que se ubica alrededor de los 4.000 metros de altura en zona de glaciares y periglaciares.

Para terminar con este saqueo es necesario un programa político, que además de aglutinar a las asambleas vecinales motorice la intervención de la clase obrera. Eso implica combatir los argumentos de gobernadores y burócratas sindicales, que lo ofrecen como una fuente laboral cuando en realidad convalidan la tercerización, los trabajos insalubres y la destrucción ambiental. Para establecer una transición hacia una producción sin minería a cielo abierto es necesaria la nacionalización de toda la industria minera, la cual debe estar bajo control de comités obreros y científicos, con derecho a veto de los pueblos involucrados. Ello permitiría a su vez invertir la renta minera en el saneamiento ambiental, el desarrollo de emprendimientos sustentables, y en  infraestructura e industrialización del país. Con este programa vamos a la huelga por el clima, contra los pulpos de la megaminería contaminante.