En el paraje Lipetrén Chico, 82 km al sur de Jacobacci (provincia de Río Negro), se emplaza Calcatreu: un emprendimiento minero de oro y plata a cargo de la británica Patagonia Gold, bajo el nombre de Aquiline Argentina. Los trabajos exploratorios realizados desde su descubrimiento en 1997 evidenciaron la baja concentración del oro en la roca. Esto significa que la única forma posible de extracción del metal, estimado en unas 1.000 onzas, es mediante el uso de millones de litros de agua por día y una solución con cianuro.

La sucesión de gobiernos promineros

Los trabajos de exploración en Calcatreu se llevaron adelante hasta 2005, año en el cual el gobierno de Saiz se vio obligado por la movilización popular a sancionar la ley 3.981 (“ley anticianuro”). La Asamblea de Autoconvocados planteó con mucha claridad que la posición pública del gobernador de no autorizar la explotación en Calcatreu no era suficiente en tanto existían otros 56 emprendimientos mineros de oro y plata autorizados tan o más grandes, conquistando de esta forma la sanción de una ley que prohibía la megaminería a cielo abierto con uso de cianuro y/o mercurio en toda la provincia.

La sanción de la “ley anticianuro” dejó parado el proyecto hasta 2012 cuando asume como gobernador Carlos Soria (Frente para la Victoria) quien derogó la ley y volvió a poner la vista de las multinacionales mineras en nuestra provincia. De hecho, la canadiense Pan American Silver había adquirido el proyecto Calcatreu en 2010 incentivada por las declaraciones promineras del entonces candidato Soria. Sin embargo, Calcatreu está emplazado sobre tierras fiscales lo cual impone un límite a la explotación minera. Al no poder avanzar más que en la exploración, a finales de 2017 Pan American Silver decidió vender los activos a la británica Patagonia Gold en alrededor de 15 millones de dólares.

Es sobre la base de la entrega de los recursos naturales de la provincia que se explica la urgencia e insistencia del oficialismo en modificar el Código de Tierras. Desde 2016 el gobierno de JSRN impulsa un proyecto que propone modificar el destino y uso de 4 millones de hectáreas de tierras fiscales y que “abriría la puerta a la venta de tierras para la actividad minera, la industria energética, forestal, turística y otras economías rentables”. El rechazo que generó el proyecto motivó en 2017 una enorme caravana del pueblo mapuche desde Bariloche hasta Viedma para manifestar su repudio. A pesar de los intentos de Weretilneck de reactivar su tratamiento, la falta de licencia social mantiene al proyecto en el freezer esperando el momento para meterlo por la ventana.

¡Organicémonos contra el saqueo ambiental!

Debemos impulsar la lucha contra la depredación que pretenden llevar adelante estas empresas, que tranzan con el Estado y sus representantes, evadiendo las leyes o haciéndolas a su medida. Es necesario impulsar un programa político llevado adelante en asambleas por los vecinos, con independencia de los partidos que hoy gobiernan el país y las provincias. Unir a las y los trabajadores en defensa de nuestro derecho a vivir en un ambiente sano contra el saqueo y la contaminación. Debemos desnudar el rol de la burocracia sindical, que plantea la necesidad de la minería a cielo abierto como fuente de trabajo, convalidando la tercerización, el trabajo insalubre, jornadas extendidas, y la destrucción ambiental.

Nuestro programa debe plantear la nacionalización de toda empresa minera bajo control obrero y científico, para poner en marcha la utilización de estos recursos sin minería a cielo abierto, y ninguna forma de contaminación, para desarrollar así emprendimientos sustentables.

La lucha de pueblos mendocino y chubutense marca el camino. La única manera de evitar que nos impongan la entrega de los recursos naturales es organizándonos en cada pueblo, en pos de un desarrollo social orientado a satisfacer nuestras necesidades y no orientado a satisfacer las ganancias que demanda el gran capital.

¡Pongamos en pie asambleas de organizaciones ambientalistas, de pueblos originarios y campesinos y organizaciones sociales y políticas independientes contra el saqueo!