Prometiendo triplicar las exportaciones de minerales del país para 2030, y con el objetivo de “deconstruir los mitos sobre la minería” (en palabras del ministro Matías Kulfas), el gobierno lanzó una “Mesa Nacional de Minería Abierta a la Comunidad”. Con la presencia de ejecutivos de grandes mineras, de representantes de la burocracia sindical de Aoma y de referentes de agrupaciones ambientalistas integradas al Ministerio de Ambiente, montaron una puesta en escena para darle “licencia social” a grandes emprendimientos cuya puesta en marcha es fuertemente cuestionada. Tanto es así que a la tarde siguiente la policía catamarqueña reprimía a los pobladores de Choya para habilitar el ingreso de camiones a la mina Agua Rica, cercana a Andalgalá.

Con la promesa de que una expansión de la minería servirá para dejar atrás problemas tan vertebrales como la falta de empleo y la crisis económica del país, el gobierno arma esta “Mesa” para apuntar sus cañones contra los procesos movilización popular, que le marcaron la cancha ni bien asumió el Frente de Todos con la rebelión mendocina en diciembre de 2019, que como el posterior Chubutazo obligaron a gobernadores y legislaturas a dar marcha atrás con leyes de aval a la megaminería.

Esos levantamientos son el máximo exponente de numerosas luchas que se desarrollan en todo el país, y contra las cuales esta iniciativa del gobierno nacional respalda a los gobernadores que dan luz verde a proyectos repudiados por la población. Es lo que vemos ahora en Andalgalá, donde nuevamente hubo represión con heridos y una detenida por orden del gobernador peronista Raúl Jalil; pero lo mismo vale para los habitantes de Jáchal que enfrentan la complicidad del gobierno sanjuanino de Sergio Uñac con los derrames permanentes de Veladero, mientras aprueba el megaemprendimiento Josemaría; o los acampes de las comunidades indígenas de Jujuy, que resisten las operaciones ilegales de la minería del litio promovidas por el derechista Gerardo Morales. Es una orientación que no conoce grietas entre mandatarios provinciales oficialistas y opositores.

Como sea, es ilustrativo que por ejemplo el Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina que anunciaron en el acto tenga una serie de registros con datos sobre la actividad económica del sector, excluyendo olímpicamente toda información sobre los pasivos ambientales de la actividad, ni las demandas judiciales, ni nada. Esto en un rubro que descarga millones de litros de agua cianurada en ríos y acuíferos, además de metales pesados y otros químicos.

En un país con una profunda crisis hídrica que afecta gravemente a amplias zonas, quieren imponer a las comunidades el modelo megaminero que derivó en verdaderos desastres como los derrames de la Barrick Gold en Jáchal, San Juan, donde se han contaminado la mayoría de los cursos de agua afectando la provisión de los pueblos y de las producciones agropecuarias. Son hechos por los cuales la multinacional pagó una multa irrisoria y los responsables gozan de total impunidad. Un contraste brutal comparado con los muchos luchadores ambientales que son detenidos y sufren persecución judicial a través de causas armadas para amedrentar a quienes se movilizan contra la megaminería, como en Chubut y Andalgalá.

Es lapidario que de este acto hayan participado agrupaciones autodenominadas ambientalistas, como Jóvenes por el Clima y Ecohouse, que se sentaron en la Mesa de Minería dando un aval “crítico” a la iniciativa del gobierno. Es una confirmación categórica de que quienes fueron cooptados por el Estado a través Ministerio de Ambiente terminan cumpliendo un papel de cobertura de la depredación capitalista y de espaldas a todo el movimiento ambiental. No se puede estar de los dos lados del mostrador.

La preocupación del gobierno nacional en incentivar la megaminería no tiene secretos: está orientada a ofrecer garantías al FMI de que cumplirá con el repago de la deuda externa. Es hoy el único rubro en Argentina que registra inversiones de capital del exterior, en un momento en que las reservas internacionales del Banco Central están virtualmente quebradas. Pero afirmar que es la solución de la “restricción externa” -como hizo el presidente del BCRA Migue Pesce- es un fraude, porque la escasez de dólares en el país coincide con un récord histórico de ingreso de divisas por los altísimos precios internacionales de las materias primas. Los dólares entran, pero se fugan precisamente porque impera un régimen de saqueo, que tiene a las mineras entre las principales beneficiarias. Veamos el tema más de cerca.

Una de las condiciones por las que presionan las multinacionales es que les aflojen el cepo cambiario para poder girar al exterior sus ganancias en dólares, tal como el ministro Martín Guzmán le promete a las petroleras; fue precisamente para destrabar inversiones como la de la francesa Eramet en litio que fue decretada una flexibilización a fines del año pasado. Este mineral, estrella en los discursos oficiales, se vende hoy muy por debajo de su precio internacional.

A la par se baraja montar un esquema de retenciones móviles similar al que rige para las exportaciones de petróleo, que dejaría como techo el 8% que pagan actualmente pero se reduciría progresivamente en la medida que descienda la cotización internacional de los minerales -hasta 0% en las ventas de crudo-, que hoy se encuentran por las nubes (Ámbito Financiero, 24/4). Es decir que no solo se convalida la “renta inesperada”, sino que se asegura que no perderán competitividad en caso de que se revierta la tendencia. De esto hablamos cuando nos referimos a un régimen de saqueo, que extrae minerales para venderlos por puertos privados sorteando todo control.

Esta puesta en escena de la “Mesa sobre Minería”, con cobertura de organizaciones ambientalistas integradas al Estado, reafirma aún más el valor de las acciones en frente único de todas las organizaciones independientes que pelean contra la profundización saqueo del país para pagar la deuda al FMI. Es lo que encarna hoy la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, junto a decenas de agrupaciones y asambleas combativas de numerosas provincias.

Para derrotar el lobby de la megaminería contaminante, el camino es la movilización popular como en Andalgalá, Chubut y Mendoza. También requiere un programa, que parta de la defensa del derecho a veto de las comunidades afectadas por los emprendimientos, la continuidad laboral de todos los trabajadores mineros  incluso en aquellas minas que cierren para ser empleados en tareas de remediación ambiental, investigaciones independientes para determinar los pasivos ambientales a cargo de las multinacionales, hasta la nacionalización del comercio exterior bajo control obrero para terminar con el saqueo.

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