El 8 de setiembre, de manera imprevista, los concejales del Frente Cívico-Cambiemos y los del PJ votaron una ordenanza que plantea la prohibición de “… la actividad minera metalífera (oro, cobre, plomo, plata, etc.), en la modalidad denominada a cielo abierto y la actividad minera de minerales nucleares, uranio y torio, bajo cualquiera de sus formas, en las modalidades a cielo abierto o por galería, en todas sus etapas: cateo, prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación y extracción en toda la cuenca hídrica del río Andalgalá”. El artículo 2° prohíbe el uso de cianuro, mercurio y los ácidos sulfúrico, clorhídrico, fluorhídrico y nítrico.

La ordenanza plantea también “la prohibición del uso de agua de ríos, arroyos y de depósitos naturales de agua (tanto superficiales como subterráneos) para la actividad extractiva”.

 

Esta ordenanza aparece luego de conocerse el fallo del juez Cecenarro, que hizo lugar al amparo que obliga a suspender toda actividad vinculada con el emprendimiento de Agua Rica.

 

La ordenanza representa un cambio de frente del gobierno municipal encabezado por el intendente Páez. Frente a los reclamos y denuncias de los vecinos contra los pulpos mineros, en los últimos años, Páez se había limitado al discurso demagógico y a una acción sistemática de cooptación sobre las asambleas de lucha contra la instalación de los emprendimientos.

 

El balance de la experiencia de La Alumbrera fue fulminante. Las promesas iniciales eran de un barrio para 5000 personas, 2000 puestos de trabajo, un hospital de alta complejidad, cuidados del ambiente y desarrollo local. Nada de eso se concretó. Sí, en cambio, se multiplicaron las denuncias por contaminación ambiental. 

 

La tensión popular creciente, agravada por la crisis general, y la caída de los ingresos locales empujaron a este giro del gobierno municipal.

 

Las repercusiones políticas a nivel provincial fueron inmediatas. La gobernadora Corpacci insistió que está dispuesta a pagar el costo político que implica el desarrollo de la minería. El PJ cuestionó a sus tres concejales por su voto favorable a la ordenanza. Desde el Frente Cívico la tacharon como “irresponsable”. Los proveedores mineros cargaron contra la resolución del Concejo Deliberante adjudicándole que perjudica a la industria provincial y “amenaza el trabajo catamarqueño”. Los partidos que gobernaron y gobiernan la provincia de la mano de los pulpos mineros buscan retomar la ofensiva y pretenden que la ordenanza sea declarada inconstitucional.

 

Frente a esta contraofensiva del gobierno de Corpacci –en yunta con el Frente Cívico-Cambiemos–para liberar jurídica y políticamente el escenario para los negocios megamineros, se plantea la necesidad de organizar una respuesta popular mediante la autoconvocatoria de una asamblea popular.