Ernesto Sanz, dirigente de la UCR y una figura clave en la unidad con Macri en 2015, y Omar Félix, que junto a su hermano es dueño del PJ del sur mendocino, montaron sendas empresas mineras días antes de la modificación de la ley 7.722 (que al eliminar la prohibición del uso del cianuro pretendía habilitar la megaminería).

“El Boletín Oficial publicó el 5 de diciembre la constitución de la sociedad por acciones simplificadas Bergbau SAS. Como socios, figuran Marina Fernanda Meydac, Bernardo Alcanoni y Ernesto Ricardo Sanz. Inicia sus actividades con un capital social de 100 mil pesos y tiene como principal rubro de actividad la minería y los hidrocarburos” (RealPolitk, 26/12). El medio recuerda que Alcanoni (presidente de la firma) es un exrugbier que mandó al hospital a un joven cordobés colocándolo al borde la muerte luego de una paliza que le propinó en Punta del Este en el verano de 2018. A su vez Sanz tiene fuerte relación con el Instituto Argentino de Derecho para la Minería, una agrupación de abogados defensores de las megaminería.

En el otro caso, “el diputado nacional peronista, Omar Félix, constituyó en octubre junto a su hermano Emir, actual intendente de San Rafael, la firma Sierras del Nevado SA, para la explotación del cuarzo en Malargüe” (ídem). Pero la ligazón de la familia Félix con la actividad minera no se limita a esta nueva empresa. Ellos son propietarios de una parte sustancial de la mina “Don Sixto”. El yacimiento que se ubica en el límite entre San Rafael y Malargüe “contiene reservas de oro, plata y cobre. Emir y Omar Félix, poseen (aún la Justicia no ratifica que esa posesión de tierras sea legal) en esa localidad dos propiedades, una de 2.000 y otra de 7.000 hectáreas, adquiridas por su padre Chafí Félix en 1985. Los hermanos comparten la propiedad del yacimiento con otras familias a quienes les vendieron parte de tierras, los dueños de los otros terrenos que abarca la mina” (diariosomos, 23/5/18). Este emprendimiento, donde también participaba la canadiense Yamaha Gold, estaba frenado por la ley 7.722.

La modificación de la ley, derogada ahora por la presión de la movilización, contó con el acuerdo del kirchnerismo, a través de la excandidata a gobernadora por La Cámpora y actual senadora, Anabel Sagasti. También tuvo el aval explícito de Alberto Fernández y la “indiferencia” cómplice de otro miembro de La Cámpora, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié. La modificación a la 7.722, que el pueblo mendocino salió a enfrentar con movilizaciones masivas y recibiendo como respuesta una feroz represión, tenía beneficiarios directos en el seno de los propios políticos que la aprobaron, los cuales revelaron tener la sartén por el mango y el mango también. La UCR y el PJ con todas sus variantes usaron el aparato del Estado en todas sus facetas (ejecutivo, legislativo, represión) para asociarse con las multinacionales en el negociado de la minería en la provincia. La rebelión les malogró el negocio que tenían previsto.