La mesa de debate "La Lucha contra la megaminería en todo el país", organizada por Tribuna Ambiental, contó con un panel de luchadores socioambientales de Catamarca, Mendoza, San Juan y Chubut, y fue seguida por Facebook y Zoom por compañeros de toda la Argentina.

Ailén Saracho, parte de los activistas detenidos de Andalgalá, nos comentó que la comunidad lleva diez años de oposición al proyecto Mara Agua Rica de explotación de oro, plata y cobre situado a 17 km de esta ciudad catamarqueña, sobre uno de los ríos que la abastece de agua. El reciente conflicto, que derivó en la represión, allanamientos y detenciones arbitrarias, se desató luego de que la empresa  Yamana Gold comenzara a subir maquinaria al cerro violando incluso una ordenanza municipal, con el apoyo de la policía. Eso muestra la orientación del gobierno de Raúl Jalil.

Denunció que ella y sus compañeros apresados, liberados tras dos semanas de movilizaciones, siguen procesados. Destacó también que los habitantes de Andalgalá, que ya experimentaron durante más de veinte años los perjuicios ocasionados por la mina La Alumbrera, están más organizados y salieron a luchar contra el emprendimiento y por la inmediata liberación de los detenidos. “Nos detuvieron como presos políticos y ahora doce personas seguimos estando procesados. ¿Y Mara qué ofrece? Sólo 50 puestos de trabajo. La Alumbrera no ha dejado más que pobreza, enfermedad y daño”.

Finalmente agregó que el gobernador pidió a la Iglesia que actúe como mediadora, pero la institución no cuenta con la confianza de los pobladores. Ailén concluyó planteando que seguirán luchando hasta que las máquinas se vayan del cerro y no haya empresas contaminantes en su territorio.

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Graciela Hermoso, de la Asamblea Ambiental del Este de Mendoza, repasó el gran triunfo que se produjo en diciembre de 2019 contra la derogación de la ley 7722, impulsada por parte de los legisladores de los dos lados de la “grieta”, con una rebelión que obligó a dar marcha atrás al gobernador Rodolfo Suárez y la Legislatura.

Destacó que aquella ley, que impide la megaminería que usa sustancias tóxicas, fue una construcción social, que sufrió embates planteando su inconstitucionalidad pero que sigue vigente. Denunció que el gobierno de Mendoza creó un Consejo Económico con distintos sectores pero excluyó a las asambleas, y ahora pretende avanzar con una zonificación minera para crear regiones donde la ley no tenga vigencia, buscando explotar áreas naturales protegidas con distintos proyectos incluso urbanos. Enfatizó que Mendoza es árida, y la lucha de la comunidad en defensa del agua es vital.

Carolina Sativa, de la Asamblea Jáchal No se Toca, inició su intervención afirmando que “vivir en San Juan es vivir en una dictadura”, alegando que ni siquiera se puede hacer una consulta popular como se ha hecho en otras provincias. Denunció que la Barrick Gold en Veladero ocasionó el mayor derrame de la historia en 2015, contaminando el Río Jáchal con mercurio y otros metales, afectando así a productores y a sus animales que usan ese recurso. Desde entonces la asamblea levantó una carpa frente a la Municipalidad. Entre sus reclamos figura que la Universidad de Cuyo haga un muestreo periódico del agua, el cual hace más de un año fue suspendido por las autoridades.

Como si esto fuera poco, agregó que llega un nuevo proyecto denominado Josemaría, que consumirá 100 millones de litros diarios según el estudio de impacto ambiental, o sea diez veces más agua que Veladero. Tendrá un dique de cola enorme. Contó a su vez que hace unas semanas se secó un dique, los agricultores de Jáchal están afectados porque todo el mes de abril no tuvieron agua, pero el gobierno sigue apostando todo a la megaminería. Señaló que el proyecto Josemaría fue avalado en persona por el propio ministro de Ambiente, Juan Cabandié, quien días antes fue de visita a San Juan. Al finalizar, Carolina reclamó el cumplimiento de la Ley de Glaciares, con un inventario de glaciares riguroso, porque son la fuente de los ríos cordilleranos que como el Jáchal desembocan en otros y a su vez en el Atlántico.

Santiago Vasconselos, de la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn, Chubut, habló desde uno de los cortes de ruta que se realizaron en la provincia luego de que la Legislatura votara el rechazo a la Iniciativa Popular,  que fue presentada con 30.000 firmas de adhesión.

El proyecto de ley amplía el listado de sustancias tóxicas prohibidas y evita una futura rezonificación que habilite la minería. Esto es importante porque hay cientos de proyectos mineros que se compran se veden, en una provincia que cuenta con un solo río que la atraviesa y provee agua potable, por lo que si se contamina no quedará nada. Subrayó que allí que tampoco hay grieta en torno a la cuestión porque todos los bloques políticos políticos están mancomunados para cumplir con el mandato del lobby minero. Denunció que el gobiernos de Mariano Arcioni busca avanzar con la actividad minera para cumplir con el pago de la deuda externa, mientras los estatales tienen sus salarios congelados. Es la misma orientación, afirmó, que el presidente Alberto Fernández, y agregó que los acreedores son interesados por vía doble: para cobrar y porque son accionistas de los pulpos mineros -es el caso de BlackRock asociado a Yamana Gold en Andalgalá y en Esquel.

Santiago denunció además que hay conducciones sindicales promineras, y otras que evitan poner todos los recursos en esta lucha por su subordinación al gobierno nacional. Cuestionó que esas direcciones gremiales que cuando convocan a parar contra la ofensiva minera no colaboran ni con micros, ni equipos, ni siquiera con banderas. Concluyó resaltando que en los fogones de los cortes de ruta hay un frente único de lucha, donde se reivindica la independencia política respecto del Estado y los distintos gobiernos.

Finalmente tomó la palabra Gabriel Solano, dirigente nacional del Partido Obrero. Comenzó coincidiendo con la compañera Gabriela en el análisis de la incidencia de los precios de los commodities asociados a una orientación económica, a una emisión de dólares que devalúa la moneda norteamericana y así revalúa las materias primas como la soja y los metales -el cobre está a precio récord. Esto explica la presión por una mayor apertura a la megaminería en este contexto. Y coincidió también que el aumento de la producción no augura desarrollo sino solamente ingreso de dólares destinados al pago de la deuda y a la fuga de capitales.

Caracterizó que en esta materia dentro del Frente de Todos no hay diferencias, como lo muestra el kirchnerismo que gobierna hace 30 años Santa Cruz favoreciendo la minería, siendo la principal provincia productora de oro y plata de todo país. Así, enfatizó el rol del Ministerio de Ambiente como herramienta de cooptación estatal de activistas ambientales, posando de ala izquierda de la coalición gobernante, pero llevando adelante la misma política como demostró recientemente en su visita a San Juan.

Luego hizo hincapié en la necesidad de la unidad  de estas luchas con las de los trabajadores. Puso como ejemplo a Neuquén, donde la burocracia sindical fracasó en movilizar a los obreros petroleros para levantar los cortes de ruta de los trabajadores de la salud que luchaban por el salario. Finalizó explicando que la lucha es contra el capitalismo y el Estado, para cambiar el sistema productivo y financiero para abrir paso a otro tipo de desarrollo, lo cual requiere que gobiernen los trabajadores.

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