En estos días el Congreso Nacional es el escenario de la puja entre distintas fracciones capitalistas. En particular destaca la disputa entre quienes defienden los intereses de las petroleras y quienes defienden los agronegocios, en torno a la prórroga de los beneficios establecidos por la Ley de Biocombustibles, lo cual pone de relieve el papel del Estado como garante de las ganancias de los empresarios a través de los generosos subsidios y exenciones.

Para comprender a qué nos referimos, es necesario contextualizar. En 2006, de la mano de Néstor Kirchner, se sancionó una promoción que beneficiaba a los sectores agroempresariales, impulsando el cultivo de semillas transgénicas –y toda la industria agrotóxica asociada, incluyendo la construcción de plantas para la producción de bioetanol y de biodiesel- con los cuales aprovechar el alza de los precios de los commodities y fomentar la producción de combustible de alto rendimiento. Esta promoción generó cuantiosas ganancias a los sectores agropecuarios, expandiendo la frontera agrícola como nunca antes.

Para retratar este crecimiento vale la pena mencionar que en 2005/2006 la superficie total sembrada en el país era de 26,9 millones de hectáreas, siendo la producción total de 74,5 millones de toneladas, y en 2019/2020 pasó de 36,6 millones de hectáreas (un 36% más de superficie sembrada), para producir cosechas históricas en las campañas 2018-2019 de 82,2 millones de toneladas, un 63% más que en 2005.

Según consta en el informe de coyuntura elaborado por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, en junio de 2020 “la soja continuó siendo el cultivo que mayor superficie ocupa: representó el 47% del total de área cultivada. Le siguió el maíz (con un 25% de participación), el trigo (18,6%) y en menor medida el girasol, la cebada y el sorgo”. Para que esta expansión tuviera lugar fue necesario un plan sistemático de la ampliación de la frontera agrícola, a base de desmonte y de quemas intencionales.

Sin embargo, la promoción estatal, factor clave para este negocio, llega a su fin el próximo 12 de mayo. De allí que los sectores ligados al agronegocio planteen la necesidad de establecer una prórroga de la normativa, que garantice el corte en los combustibles Premium: 12% de bioetanol (derivado de la caña de azúcar o del maíz, utilizado para la nafta) y 10% biodiesel (derivado de la soja que produce el gasoil). Además, la normativa contempla una serie de beneficios impositivos a los productores de biocombustible.

La prórroga de la Ley de Biocombustibles cuenta con media sanción en el Senado; para sancionarla en diputados, Juntos por el Cambio y el bloque Consenso Federal intentaron realizar una sesión especial que naufragó, ya que ni el oficialismo ni el Interbloque Federal para el Desarrollo se hicieron presentes. Este intento fallido desnuda la puja a la que nos referimos. El oficialismo rechaza tratar en diputados la prórroga que hace solo meses dio media sanción en el Senado. El cambio de posición del oficialismo es el síntoma de la puja entre los agrocombustibles y el sector petrolero y repercute al interior del propio sector gobernante. El PJ gobierna muchas de las provincias donde se encuentran las plantas productoras de biocombustible y Córdoba es uno de sus mayores exponentes.

El gobierno de Schiaretti es un lobista de la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustible en Origen (CIGBO) y de la Cámara Empresaria de Bioetanol de Maíz (Bio Maíz), hizo aprobar una ley provincial de biocombustibles que en Córdoba contó con el voto de todo el PJ y el kirchnerismo integrado a ese bloque, en noviembre de 2020.

De esta manera se garantizó todo tipo de subsidios, así como de habilitaciones para la depredación ambiental.

Desde la banca de PO-FIT ocupada por Soledad Díaz, en la legislatura cordobesa denunciamos la responsabilidad de estos sectores en la depredación ambiental de la provincia, donde se quemaron más de 300.000 hectáreas, reduciendo drásticamente el monte nativo a menos del 3%, contaminando por fumigación los suelos, fuentes de agua y el aire, no sólo por los agrotóxicos necesarios para la producción de granos sino también por la producción de bio combustible.

Guiados por estas razones muchas organizaciones ambientales de Córdoba reclamaron que no se prorrogue la ley. Sin embargo, omitieron denunciar que se trata de una puja entre sectores capitalistas y que al igual que la producción biocombustibles, la industria petrolera (que saldría favorecida ante la modificación de la ley) es factor de una depredación ambiental de la misma o mayor magnitud que los biocombustibles.

Entre sus consecuencias se cuenta el elevado consumo de agua y su pérdida para el ciclo hidrológico, agotando las fuentes de agua, elevada generación de desechos tóxicos y dificultades para su manejo, contaminación de los mantos freáticos y el agua superficial, contaminación atmosférica, migración de gases y sustancias del fluido hidráulico hacia la superficie, contaminación del suelo por derrames y flujos de retorno, emisión de gases de efecto invernadero (metano y otros), sismicidad inducida, contaminación acústica y alteración de la biodiversidad.

El rechazo a la prórroga de la ley de biocombustibles requiere de una delimitación de ambos sectores capitalistas en puja que configure una verdadera defensa de los recursos y el ambiente al servicio de las mayorías trabajadoras.

Como puede advertirse, es en este modo de producción energética, permanentemente subsidiado por el gobierno nacional y por los provinciales, donde radica el problema. Tanto la industria agroexportadora y como la extractivista refinadora son responsables de la depredación ambiental, y una y otra disputan la asistencia del Estado, a costa de que seamos lxs trabajadores quienes paguemos la crisis que genera el lucro capitalista, con encarecimiento de tarifas, pérdida de biodiversidad y agotamiento de recursos.

La transición energética debe venir de la mano de mantener todos los puestos de trabajo, y cargar a las empresas de los pasivos ambientales que han dejado acumulados por todos estos años.

Por eso, desde Tribuna Ambiental convocamos a todxs los que luchan por el ambiente a rechazar de plano cualquier subsidio a producción contaminante de energía o combustibles, a luchar por la nacionalización bajo gestión obrera y de las organizaciones ambientales y proceder al cambio de la matriz energética por una producción de energía sustentable y limpia.

https://prensaobrera.com/ambiente/jovenes-por-el-clima-y-su-integracion-al-estado/

https://prensaobrera.com/salud/el-gobierno-anuncia-medidas-vacias-frente-al-aumento-de-casos/