Ambiente

18/5/2022

Ley de humedales de la provincia de Misiones: una nueva pantalla de la renovación

El mismo gobierno que promueve la depredación ambiental.

Foto: Economía Sustentable.

El Frente Renovador, que gobierna la provincia de Misiones con el apoyo de la oposición, en la segunda sesión del año de la Cámara de Representantes sancionó la Ley de Protección de Humedales. Su aprobación se da en el marco de que a nivel nacional crece el reclamo para que exista una ley que frene el avance sobre los humedales, siendo Misiones una de las provincias que más se vio afectada por los incendios de principio de año.

En el capítulo primero, en distintos artículos se describe lo que es un humedal y los beneficios ambientales que estos proporcionan. En el artículo cuarto habla de “El aprovechamiento de los humedales debe ser planificado considerando un uso sustentable y respetuoso de sus características ecológicas, entre las cuales no se puede prescindir de su elasticidad, así como de la conservación de los servicios ambientales que brindan…”. Esto ya nos despierta un alerta porque ya no solo estamos hablando de la protección si no de aprovechamiento sustentable. Y en el artículo tres también habla de “proteger los bosques nativos o implantados…” ¿implantados por las papeleras y madereras?

El artículo 5 comienza diciendo: “A los efectos de la presente ley, se consideran servicios ambientales de los humedales…” y describe una serie de servicios, incluso en el punto 8 señala “almacenamiento de carbono”. La Secretaría de Cambio Climático, desde su creación, tiene entre sus funciones comercializar los llamados “bonos de carbono”, vinculados a nuestra selva.

En el segundo capítulo en su artículo 7 anuncia que “La autoridad de aplicación es el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables” que tendrá que articular con la Secretaría de Estado de Cambio Climático…” Más allá de la letra escrita que parece auspiciosa, las y los misioneros conocemos al Ministerio de Ecología: es el responsable de la falta de recursos para combatir los incendios, de que los brigadistas y bomberos tengan que pedir a la comunidad los recursos más elementales para cumplir su función, no provee de combustibles a los trabajadores guardaparques, que tienen que proteger la selva de los focos de incendio y de los cazadores furtivos. No nos produce ninguna confianza que ahora se ocupe, precisamente, de proteger los humedales.

Además, el gobierno de la renovación con su Secretaría de Cambio Climático y su Ministerio de Ecología permite los desmontes y el desarrollo de los monocultivos, que despojan de sus territorios a los pueblos originarios para extender las plantaciones de pino y eucalipto de las papeleras. Justamente, hace tres semanas acompañamos el reclamo de las comunidades Mbya de Ka’aKupe, Puente Quemado II, que vinieron hasta la ciudad de Posadas para reclamar contra el desmonte, especialmente de la empresa Arauco, que tiene ocupadas 333 hectáreas de las 659 que le pertenecen a la Comunidad, (según el relevamiento de la Ley Nacional 26160, de propiedad de la tierra de los pueblos originarios), denunciaron también que con sus monocultivo de pinos y los agro-tóxicos que utilizan han contaminado la tierra y el arroyo, no tienen agua potable. Y el gobierno de la renovación ni siquiera ha realizado una perforación para proveer agua potable subterránea a las familias de esta comunidad.

En Posadas, el gobierno renovador persigue judicialmente a los vecinos de la asamblea de “el montecito de Villa Cabello” que defienden un pequeño espacio de monte nativo, para beneficiar a un club privado que alambra, levanta murallas y realiza bajadas de cemento sobre el humedal.

¿Este gobierno va a proteger los humedales? Quienes nos movilizamos en defensa del ambiente sabemos que no, lo señalado más arriba es solo una muestra de la depredación que desarrolla y/o permite el actual gobierno ante la complicidad o impotencia de la oposición parlamentaria.

Alertamos a la comunidad a no tener ninguna confianza en la aplicación de esta ley, de parte de los ministerios y funcionarios del gobierno misionero, la ley no prevé ningún organismo de control. Solo con la acción de las asambleas y de los vecinos que luchan por la defensa de la naturaleza y el ambiente y por el derecho a la tierra de los campesinos y comunidades originarias se podrá garantizar la protección de los humedales. Y luchar por cambiar el régimen social, el capitalismo, que en su etapa de decrepitud sólo genera depredación ambiental y social.