Obtuvo media sanción en el Senado la Ley Yolanda, que consiste en “garantizar la formación integral en ambiente y con perspectiva de desarrollo sostenible para las personas que se desempeñen en la función pública”. El proyecto fue votado de manera unánime el jueves 8 de octubre, y ahora será girado a Diputados.

La iniciativa no responde a reivindicación alguna contra la explotación del ambiente, ya que sus contenidos no van a tocar los intereses capitalistas. Es un instrumento más del greenwashing del gobierno nacional, mientras impulsa todo tipo de estímulos a las empresas responsables de la depredación ambiental.

No nos vendan humo (pero apaguen el fuego)

El proyecto es similar a la Ley Micaela. Si bien no tiene nada de negativo instrumentar la formación de funcionarios del centro del poder político, ¿una capacitación en género va a derivar en el desmantelamiento redes de trata? Incluso después de haber recibido esa capacitación, un fiscal de Chubut calificó a una violación en manada como “desahogo sexual”.

La Ley Yolanda es positiva en tanto y en cuanto busca introducir información ambiental en la sociedad. Sin embargo, capacitaciones sobre el cambio climático no modificará los agronegocios contaminantes y la constante fumigación con agrotóxicos sobre los pueblos, porque el gobierno se desvive por los dólares de la exportación de granos en función de cumplir con el pago de la deuda. Por eso viene de bajar las retenciones a los sojeros -y a las mineras.

La implementación de esta ley apunta a que las organizaciones socio-ambientales se integren al Estado. Esto es nada más ni nada menos que la materialización de la cooptación del movimiento ambiental en pos de apaciguar la lucha contra la depredación capitalista del ambiente, que ha cobrado un alcance importante con las movilizaciones contra el acuerdo porcino con China y las quemas en el Delta y el monte cordobés, y antes con la rebelión mendocina contra la megaminería.

En un régimen que condena al 50% de  la población del país a la pobreza, y en que las decisiones sobre qué y cómo se produce las toman un puñado de grandes pulpos contaminantes, ¿podemos plantearnos que una capacitación en materia ambiental va a cambiar la producción? Como se expresa en el hecho de que mucha gente no tenga para comer cuando exportamos toneladas de alimento, la finalidad de la producción se limita a la ganancia capitalista.

¿Qué tipo de educación ambiental queremos?

Es fundamental preguntarnos esto. Lo que plantea esta Ley es enseñarnos que podemos ser “sustentables” en este sistema capitalista, si dejamos atrás un modelo extractivista. Sin embargo, dijimos, la expresión máxima del capitalismo es su anarquía. Eso es lo que lleva a las crisis de sobreproducción, como la que estamos transitando ahora.

En materia ambiental, se siguen aprobando diferentes transgénicos resistentes a agrotóxicos cada vez más dañinos, se sigue desmontando a diestra y siniestra sin importar las inundaciones que suceden en los pueblos, se reproducen los incendios intencionales sin importar las vidas y la biodiversidad que se cobran, con tal de abrir nuevos terrenos al agronegocio y la especulación inmobiliaria. Ejemplos hay miles.

Necesitamos una educación que denuncie esta depredación ambiental, como parte inevitable del régimen capitalista en que vivimos; una educación independiente de los intereses de los grandes pulpos contaminantes, y del Estado que encubre y garantiza su accionar.

Incitamos a luchar contra los convenios que tienen las empresas contaminantes con las universidades públicas, para poner la educación al servicio de la clase trabajadora, no para los intereses del capital.

Llamamos a todo el movimiento estudiantil a organizarse contra la depredación capitalista del ambiente y a pronunciarse por una educación independiente de los intereses de las empresas contaminantes.

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