La explotación del litio por mineras multinacionales crece en forma exponencial, para abastecer la demanda los países centrales ávidos de convertir su parque eléctrico y su industria automotriz, ya que es un insumo clave en la fabricación de baterías y dispositivos tecnológicos. Los países periféricos solamente aportan la materia prima, que es procesada y utilizada por capitales de las potencias que controlan el mercado mundial, que extraen el mineral fuera de sus fronteras para no cargar con sus niveles de contaminación.

Bolivia, Chile y Argentina integran el “triángulo del litio”. Se trata de una región que posee salares con niveles de concentración que hacen que su explotación sea sumamente rentable. Según datos de 2018 del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), alrededor del 67% de las reservas probadas de litio, y cerca de la mitad de la oferta global, se concentra allí. Pero no solo las condiciones naturales benefician las inversiones, sino también menores costos.

En Argentina, incluso, el marco normativo es menos riguroso que el de Chile y Bolivia. En este último país, la empresa que centraliza la explotación del Litio es estatal, mientras que una ley específica que considera estratégico este mineral en Chile. En Argentina no hay restricciones al dominio y las exigencias ambientales son mínimas. Además, sigue vigente la ley menemista de promoción minera N°24.228/93 que otorga exenciones impositivas. Alberto Fernández promociona esencialmente la extracción de este mineral, por lo que el país puede llegar a convertirse en el principal productor mundial de carbonato de litio.

El litio disponible en Argentina está concentrado en tres provincias del noroeste. Hasta el momento hay tres emprendimientos operativos, uno en Catamarca en marcha desde 1998, otro en Jujuy operando desde 2015 y otro en Salta de incipiente producción. Además hay una decena de proyectos en etapa de desarrollo.

En marzo la automotriz BMW anunció una inversión de 338 millones de dólares para comprar el litio que extrae en la Argentina la minera estadounidense Livent en Catamarca. Así, convertirá al país en su segundo proveedor global del metal, después de Australia. Quiere que, en 2030, el 50% de sus ventas correspondan a vehículos 100% eléctricos. Hoy, son el 10%. Pero, además, BMW anticipó que buscará acercar a la Argentina a sus proveedores de baterías para que se radiquen en el país. Actualmente, trabaja con la china CATL, la coreana Samsung y la sueca Northvolt. (https://autoblog.com.ar).

Argentina produce carbonato de litio con exclusivo destino de exportación. El proceso de producción es elemental: la salmuera con alta concentración de litio, que se encuentra entre 30 y 200 metros por debajo de la superficie del salar, se extrae por medio de bombas y se conduce algunos kilómetros hacia la planta de cal donde se separa el magnesio. El fluido se deposita en piletas listo para evaporarse naturalmente. Luego de aproximadamente un año el carbonato de litio ya seco se embolsa y es despachado para exportación.

En los años ’90 los fabricantes de electrónica de consumo (como celulares y computadoras) eran los únicos consumidores pero actualmente los grandes usuarios, son los fabricantes de baterías para vehículos eléctricos (automóviles, autobuses, motos y bicicletas) y de equipos de almacenamiento de energías renovables.

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Jujuy

El consorcio Sales de Jujuy comenzó en 2014 la explotación del salar de Olaroz, ubicado dentro del departamento de Susques de esa provincia. Dicho consorcio se establece a partir de un joint venture formado por la australiana Orocobre, la Automotriz Toyota Tsucho Corporation y la estatal de Jujuy Jemse. Este emprendimiento alcanza una producción anual de 17.500  toneladas.

A escasos kilómetros de esta planta, en el salar de Caucharí, existe el proyecto Caucharí-Olaroz, cuya propiedad comparten en partes iguales la empresa Exar -una filial argentina del grupo transnacional canadiense Lithium América- y la minera SQM, con una capacidad productiva de 25.000 toneladas anuales aproximadamente.

El carbonato de litio representaba hace dos años el 16% de las exportaciones de Jujuy. El Estado provincial participa con su empresa minera Jemse en el 8,5% de las acciones de las empresas que se instalen en su territorio para explotar el mineral. Ello no se repite en el resto de las provincias, que se limitan a cobrar escasos cánones mineros y gestionar las concesiones de los capitales privados. Es decir que ese es el máximo de participación estatal del negocio en Argentina, principalmente en manos de grandes compañías extranjeras.

Catamarca

En el Salar de Hombre Muerto, perteneciente al municipio catamarqueño de Antofagasta de la Sierra, está en actividad desde 1997 la  empresa estadounidense FMC, con una capacidad productiva de 40.000 toneladas anuales. Su exportación representa el 10% de las de toda la provincia y da empleo estable a aproximadamete 250 trabajadores.

Para ir desde este salar hasta Andalgalá hay un colectivo que parte por semana y tarda unas ocho horas en llegar. Pero la empresa FMC posee una aeropuerto propio.

En el mismo salar la empresa Galaxy Resources proyecta la construcción de una planta para producir 25.000 toneladas. Existe otro proyecto, denominado Tres Quebradas, en las localidades de Fiambalá y Tinogasta.

Salta

En esta provincia se proyecta un boom de la minería de litio, con más de 14 proyectos de exploración. Existen plantas piloto, una de Energy Group en el salar de Rincón, otra en los salares de Centenario y Ratones propiedad de la empresa Eramet que alcanzar una producción de 20.000 toneladas.

La empresa Puna Mining Lithium (financiada por una empresa australiana) produce por mes cuatro toneladas de carbonato de litio grado batería con un 99,8% de pureza. Posee 2.346 hectáreas en el Salar Rincón y el procesamiento del mineral se realiza en la localidad de Campo Quijano, de donde provienen la mayor cantidad de proveedores y personal.

La compañía Alpha Lithium incorporó una segunda plataforma de perforación para el proyecto en Salar Tolillar. Planea realizar pozos de hasta 450 metros.

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Impacto ambiental y luchas

En la región, el agua de buena calidad para consumo humano y animal se encuentra en sectores denominados “vegas”, que son humedales en zonas bajas que aparecen de manera interrumpida en el territorio. Su escasez constituye una de las grandes preocupaciones en torno al desarrollo de esta actividad en la Puna, ya que la minería de litio es una minería de agua.

“Al ser una cuenca cerrada, tiene ingreso de agua por deshielo y precipitaciones, que son muy escasas, y un sistema natural de evaporación por radiación solar, que generan un equilibrio que hay que respetar. De lo contrario, se genera un estrés hídrico que puede impactar en las fuentes de agua dulce. Las vegas y las lagunas que los pobladores usan para su vida pueden terminar secándose o salinizándose”, ejemplificó abogada Pía Marchegiani, docente de la Facultad de Derecho de la UBA y directora del área de Política Ambiental en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Un trabajo reciente de esa fundación sintetiza dos principales impactos ambientales de la actual forma de explotación del recurso. Uno es el riesgo muy probable de degradación irreversible de las reservas de agua dulce que yacen en los bordes de la cuenca salina y por debajo de los abanicos fluviales. Otro es el riesgo probable de subsidencia o asentamientos diferenciales del suelo a causa del vaciamiento del agua contenida en los acuíferos y pérdida de la presión de sostén del suelo, cuyas consecuencias serían rotura del suelo superficial (salinas actuales), la alteración del sistema hídrico superficial y una afectación significativa del proceso ancestral de “cosecha de sal” practicada por las comunidades originarias. Es por eso que su avance ha desatado luchas.

Una de las principales fue la de las comunidades de Guayatayoc y Salinas Grandes de Jujuy. En 2011 llegaron a la Corte Suprema de Justicia reclamando por el incumplimiento del proceso de consulta previo a la exploración, y ante las dilaciones recurrieron a tribunales internacionales denunciando la violación del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “Estaban como un kilómetro adentro de la laguna, ahí estaba la plataforma y ahí están perforando”, recordó el poblador que se dedica a la cría de llamas, al igual que lo hicieron sus antepasados.

Las pautas consensuadas por las comunidades, tras años de trabajo conjunto, sobre el proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado, se plasmaron en el protocolo de Kachi Yupi (huellas de la sal), que se terminó de redactar en 2015. Pero el gobernador Gerardo Morales sigue otorgando permisos de explotación. En enero de 2019 las 27 comunidades del pueblo Kolla de Jujuy se movilizaron durante tres días e impidieron que la empresa Ekekos S.A. y AIS Resourses ingresen a la cuenca de Salinas Grandes, Laguna de Guayatayoc y Salar de Jama.

En agosto de 2019 la población de Antofagasta, Catamarca, se movilizó para cuestionar la decisión de realizar un acueducto en el Rio Los Patos para beneficiar exclusivamente a los emprendimientos mineros. Como denunció en su momento el Partido Obrero de la provincia: “Debido a la reacción de repudio del pueblo, se ha puesto en evidencia el accionar expoliador de las mineras que actúan con total complicidad con el Estado, porque tanto el PJ como Cambiemos, apoyan, sin chistar, una actividad extractivista como esta, que genera depredación ambiental y daños irreparables”.

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La ausencia de un desarrollo nacional

De todo este proceso, como vimos, a la Argentina solo le queda una mínima participación en la exportación del mineral, la cual está en manos de grandes multinacionales mineras y automotrices. Ello, a costa de cargar con los pasivos ambientales de esta explotación, con una mínima contratación de mano de obra nacional -e incluso ello fundamentalmente en las actividades iniciales. La fabricación de baterías se lleva a cabo ya afuera del país. Es una clásica función colonial como proveedora de materias primas, mano de obra barata y escasa regulación ambiental.

Hay muchas investigaciones sobre litio realizadas con el fin de mejorar el proceso y agregar valor a esta materia prima, tanto del Cidmeju (Instituto del Litio de la Universidad Nacional de Jujuy) como de las universidades de Cuyo, de Córdoba, de La Plata y también del INTI. Incluso hay trabajos para recuperar este material y otros de las baterías usadas. Incluso el Cidmeju en colaboración con el INTI cuenta con proyectos para el desarrollo de nuevos procesos para la producción de hidróxido de litio que eviten tener que producir antes el carbonato de litio, y así reducir los costos de producción y también tecnologías electrolíticas.

Sin embargo, adempas de que la política económica está subirdinada a los pulpos extranjeros del sector, estos organismos sufren el desfinanciamiento por el ajuste del gboierno nacional. En este cuadro los anunciados del gobernador Morales sobre supuestos convenios con las compañías multinacionales para producir baterías en la provincia son un saludo a la bandera.

Un programa

Desde Tribuna Ambiental y el Partido Obrero denunciamos que esta explotación del litio ilustra el régimen de saqueo de las riquezas del país, mientras el gobierno aspira exclusivamente a recaudar una cuota ínfima por la exportación para contribuir al pago de la deuda al FMI. También demuestra la hipocresía del capital imperialista y sus gobiernos, que anuncian con bombos y platillos una transición energética sustentable que en los hechos es a costa de la destrucción ambiental en los países oprimidos.

Por eso oponemos como salida la nacionalización de las explotaciones y ponerlas bajo control de los trabajadores, las comunidades, los investigadores y tecnólogos, para tener una producción eficiente y acotada, protegiendo las salinas e integrando los procesos hacia una producción nacional de baterías, atendiendo el derecho a veto de las comunidades afectadas y el impacto sobre el sistema de humedales. Ello como parte de un plan de transición energética debatida y dirigida por la clase obrera, antagónico al régimen de saqueo y depredación ambiental de todos los que gobiernan para el pago de la deuda.

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