En el partido bonaerense de Puan, ubicado al este del caldenal ya casi en extinción que marca el límite entre la pampa húmeda y la pampa seca, los efectos del extractivismo de los agronegocios y la concentración ganadera son devastadores tanto para el ambiente como para la economía de las familias trabajadoras.

Los intentos de implantación de soja transgénica no han dado resultados positivos, y lo mismo ocurrió con la siembra de otros cultivos de oleaginosas, pero asimismo avanza la agricultura química que va de la mano de la concentración de grandes superficies de campo. Estos empresarios se atreven a los agronegocios en una zona marginal, que históricamente se consideró solo apta para una ganadería moderada. Este modelo de explotación destruye fuentes de trabajo y contamina las napas de agua, continúa su curso sobre suelos cada vez más compactados y desprovistos de materia orgánica. Afecta todo reservorio de biodiversidad, ya que las pulverizaciones con agrotóxicos llegan a practicarse sobre las banquinas de los caminos.

Por otra parte, las mayores explotaciones de los empresarios ganaderos han elevado el precio de los arrendamientos a cifras inalcanzables para los pequeños productores. Estos se ven forzados a recluirse en sus pequeñas superficies, practicando una sobreexplotación de sus potreros que solo producen a fuerza de fertilizantes químicos, lo que al mismo tiempo encarece la siembra de pasturas forrajeras, reduce la rentabilidad y provoca la desaparición de pastos naturales de inmejorables condiciones de engorde para la hacienda. Afecta también a proveedores de flores para la apicultura. Muchos campesinos sin tierra propia, que en otros tiempos desarrollaban su actividad sobre lotes arrendados, han desaparecido. Los menos persisten pastando sus vacas en tramos de vías muertas, provocando -en su afán de subsistir- grandes alteraciones en estos corredores biológicos.

Las ordenanzas municipales que limitan el uso de agrotóxicos (estableciendo perímetros para proteger de los efectos nocivos de estos venenos a poblaciones y escuelas rurales, no permitiendo en el ejido urbano el depósito de estas substancias a quienes las comercializan) son incumplidas sistemáticamente. Ni siquiera existe una autoridad de aplicación de estas normas, y lo mismo sucede con las leyes que amortiguarían el impacto ambiental -como la 27.279 referida a los Envases Fitosanitarios que establece la existencia de Centros de Almacenamiento Transitorio a cuenta de cada comercializador. El municipio de Puan ha designado un espacio para depositar estos envases, para liberar de toda responsabilidad a las firmas comerciales, pero este no reúne las condiciones establecidas por la ley. Así, proliferan improvisados depósitos de envases a la vera de los caminos, poniendo en riesgo los cursos de agua subterránea.

Cabe preguntarse, entonces, sobre la calidad del agua que consumen los pobladores rurales y los centros urbanos, ya que en cercanías de las bombas extractoras de las entidades que prestan el servicio de agua “potable” también se pulveriza sin control alguno. ¿Estamos bebiendo agua con residuos de agrotóxicos? ¿Cómo saberlo, si estas entidades no realizan el análisis correspondiente?

Como en numerosos distritos de la provincia, los vecinos debemos organizarnos para contra la desidia de los empresarios y la complicidad del municipio, exigiendo que los envases de productos agroquímicos sean depositados donde corresponde y en las condiciones adecuadas. Planteamos la necesidad del control vecinal, con poder de veto, tanto sobre el uso de agrotóxicos comos sobre el trato de sus residuos, para proteger los espacios de biodiversidad, y exigir a las entidades prestadoras del servicio de agua potable la realización de estudios y la implementen la tecnología necesaria para preservar la salud de la población.

Para impulsar el desarrollo de un modelo agroecológico apuntando especialmente a la recuperación de suelos, base insustituible para la producción de alimentos y barrera contenedora de la contaminación, es necesario erradicar el régimen de saqueo de los agronegocios, para avanzar en una planificación productiva sobre nuevas bases sociales. Desde ya, implica una orientación contrapuesta a la del gobierno nacional, y el Estado en todos su niveles, basada en incentivos a las exportaciones del capital agrario como garantía de que estarán los dólares para cumplir con el pago de la deuda al FMI.