Los incendios en el país se propagan por las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Santa Fe y Formosa, y en por lo menos 5 de ellas siguen sin controlarse. Tienen un epicentro en la Patagonia. Se han perdido al menos 6.000 hectáreas de bosque nativo en la zona del lago Martín y Steffen en Bariloche, otras 4.000 en la zona de Quillén y se desarrolla un foco enorme en la zona de Puerto Madryn, de 90.000 hectáreas.

Argentina viene de dos años de bajas precipitaciones y muchos más de altas temperaturas. Los ríos secos, con los consecuentes focos de incendios en los humedales son un resultado de esta situación. Las sequías persistentes y altas temperaturas son un resultado del cambio climático. Este año, en la Patagonia, el año fue el más cálido y seco desde 1961. Pero aunque esto se sabe hace meses, el Estado no tomó medidas de emergencia para afrontar una situación que era previsible en base a los informes del servicio meteorológico nacional. Es más, cajoneó la ley de humedales que apuntaba a proteger estos ecosistemas, por presión de los lobbies empresariales.

En muchos casos, a la sequía y el calor se suma la intencionalidad o la negligencia. En la comarca andina, por ejemplo, se reportaron comienzos de incendios por fallas en instalaciones eléctricas, responsabilidad del Estado. En otros casos los incendios buscan ex profeso avanzar en cambios en los usos del suelo, para hacer negociados inmobiliarios, agropecuarios o forestales.

La falta de recursos para combatir los incendios se puso de manifiesto en la demora en la llegada de aviones hidrantes, la falta de personal, y la falta de equipamiento. En Quillén (Aluminé), por ejemplo, se informó la falta total de equipamiento de los bomberos en el pueblo. La demora en la llegada de aviones hidrantes hace que los focos se extiendan y sean mucho más difíciles de controlar.

La caída de un helicóptero sobre el incendio en Aluminé, donde murieron dos tripulantes se produjo en el marco de estas condiciones de trabajo extremas, de personal exhausto y sólo apoyado por la población de las comarcas incendiadas. La precarización laboral y los bajos salarios de los brigadistas continúan. En enero, el ministro de Ambiente Juan Cabandié y la burocracia de ATE y UPCN firmaron un convenio de trabajo ruinoso que fue denunciado solo dos meses, que provocó incluso marchas de brigadistas por la ruta 40 en su rechazo.

Necesitamos por un lado que el gobierno dote de todo el equipamiento necesario para apagar ya todos los incendios. Por otro que los y las brigadistas cobren salarios iguales al costo de la canasta básica familiar, y un verdadero seguro de vida. Todo esto se logrará siguiendo el ejemplo del pueblo de Chubut, que en solo días volteó, con la movilización popular, con cortes de ruta y piquetes el intento de zonificación minera que había aprobado la legislatura.

Basta de incendios y precarización laboral. Fuera Cabandié. El Estado es responsable.

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