El Estado Español se encuentra sacudido por los peores incendios forestales en décadas. Se estima que 400 mil hectáreas fueron abrasadas por las llamas, 160 mil de ellas correspondientes a terrenos protegidos –lo que afecta a especies protegidas, o en peligro de extinción. Hay ocho fallecidos y daños materiales incalculables.

Del total de 114 incendios registrados desde junio, que perjudicaron a todas las comunidades (con excepción del País Vasco, Ceuta y Melilla), 15 siguen activos. Esta catástrofe ambiental está relacionada con una ola de calor sin precedentes, con temperaturas record en el mes de agosto. El Instituto de Salud Carlos III estima que la ola de calor produjo más de 1.100 muertes (el cálculo se establece a partir de la diferencia entre los decesos actuales y aquellos que se producen en etapas normales). La menor humedad y los vientos contribuyeron a diseminar las llamas.

La acción del calentamiento global, que ya mostró sus efectos en el temporal (Dana) que azotó a Valencia en octubre de 2024, se potencia por la desidia de los gobiernos, que se han trenzado, como entonces, en una disputa política en que se echan la culpa los unos a los otros. El gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) afirma que son las comunidades autonómicas las que deben encargarse del control de los incendios, y apunta a la negligencia de las administraciones del PP, mientras que éstas acusan a Madrid de intervenir tardíamente.

Y, lo que es aún más asombroso, la derecha montó una campaña para ocultar su negligencia administrativa y el calentamiento global, atribuyendo la responsabilidad a los “pirómanos”. Tanto el jefe del PP, Alberto Núñez Feijóo, como el titular de Vox, el fascista Santiago Abascal, propusieron crear un registro nacional, y controlarlos por medio de pulseras con geolocalización.

Como ocurre con los migrantes, la derecha busca un chivo expiatorio en sectores vulnerables; en este caso, en personas que padecen un trastorno psiquiátrico. Cuando se va las estadísticas, resulta que los pirómanos solo explican 15 incendios de un total de casi 3 mil, es decir, el 0,5% del total, según registros de la Guardia Civil, de 2023 (El País, 26/8).

Existen, por supuesto, otros incendios intencionales, pero que no se deben a esa patología, sino a intereses materiales, como conflictos agrícolas y ganaderos (65 casos, en el período señalado), o para ahuyentar animales (13 casos), mientras que otros son fruto de negligencias (casi 10% del total), como la quema de hojas sin los recaudos correspondientes. Toda esta madeja de intereses económicos también queda disimulada con la transferencia de la responsabilidad a los “pirómanos”.

Los incendios en el Estado Español y las temperaturas extremas son un nuevo llamado de atención acerca de las consecuencias catastróficas que tiene el calentamiento global para la vida y el ambiente. Cuanto más se empeñan los regímenes políticos en negarlo y en eludir las medidas necesarias, más se pone de manifiesto el problema. Una salida a esta catástrofe exige una intervención de los trabajadores, que ponga fin a un régimen social basado en la lógica estrecha del lucro privado y la depredación ambiental. El problema no son los "pirómanos": es el capitalismo y sus gobiernos.

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