Aún cuando queda pendiente un fallo de la Corte Suprema de la Justicia Nacional y con la resolución negativa del Consejo Urbano Ambiental del municipio, el Concejo Deliberante de la localidad bonaerense de Luján intentará aprobar, el próximo martes 21 de junio, un proyecto para habilitar la nefasta central termoeléctrica, construida ilegalmente en los cruces de las rutas provinciales 6 y 34.

El escenario para llegar a la votación del 21 lo construyó la Cámara de Industria y Comercio local, cuando en febrero pasado se pronunció con que había que derogar o modificar la ordenanza municipal 6.224, que protege al distrito de instalaciones de industrias ultracontaminantes y arrancada con las luchas contra la ex-Curtarsa (expulsada en 2013), con el pretexto de que la normativa obstaculiza sus planes de expansión y generación de empleos. Nada más falso, toda vez que a las grandes patronales lujanenses les importa poco y nada el empleo; en plena pandemia de Covid han suspendido y despedido trabajadores a mansalva con la excusa de la caída de la actividad económica. Esto a pesar de que durante años han obtenido ganancias siderales sobre la base de pagar salarios de miseria. Por lo tanto, que digan que les preocupa el desarrollo productivo y que “un grupo de ambientalistas” se lo impide es una absoluta hipocresía.

Sumándose al coro de los empresarios y al lobby de Araucaria Energy (propietaria de la termoeléctrica), el intendente del Frente de Todos, Leonardo Boto, manifestó que es necesario que se instale la central porque se necesita tener fuentes de ingresos mediante el cobro de las tasas municipales. Aquí mete la cola el pacto con el FMI, ya que se necesitan fondos para cumplir con el pago de la deuda externa. Con ello, borra con el codo lo que planteaba hace unos años cuando era concejal, esto es, que la construcción de la termoeléctrica “era un escándalo de corrupción”, teniendo en cuenta que fue construida bajo la gestión del exintendente de Juntos por el Cambio, Oscar Luciani.

La construcción motivó movilizaciones para impedir que se la habilite ya que todo el procedimiento administrativo para su puesta en pie estuvo atravesado por profundas irregularidades. En verdad, varios funcionarios de la anterior administración municipal y provincial (Maria Eugenia Vidal) deberían ser juzgados, pero prima la impunidad, algo que también envuelve en general a funcionarios del Frente de Todos.

En todo este tiempo, los vecinos de Luján y en especial de la Asamblea de Jauregui se han puesto en alerta, con una fuerte campaña de difusión, movilizaciones al Concejo Deliberante, reclamo de reuniones con funcionarios (incluido el intendente Boto, que todavía no las ha recibido), etc. También denuncian que lo que se pretende votar el martes es un mamarracho jurídico, ya que el proyecto prevalecerá sobre la ordenanza 6.224 (una especie de excepción), aún sin derogarla en lo formal.

Desde Tribuna Ambiental y el Partido Obrero, acompañamos firmemente esta lucha. Los intereses que enfrentamos son muy poderosos, por eso llamamos a movilizar con todo junto a los vecinos este 21 junio a las 15 horas, al Concejo Deliberante. Defendamos a Luján del régimen de los contaminadores, por la salud y el ambiente.

¡No a la termoeléctrica!
¡La 6.224 no se toca!

https://prensaobrera.com/ambiente/otro-enorme-paso-en-la-lucha-contra-la-termoelectrica-en-lujan