Ante la reciente clausura de la termoeléctrica de Araucaria Energy ubicada en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar (provincia de Buenos Aires), la central homónima radicada de manera clandestina en el cruce de las rutas 6 y 34 en el partido de Luján vuelve a colocarse en el centro del debate político y socioambiental.

Luego de tres años de una lucha tenaz en defensa de la salud y el medioambiente, los y las vecinas de Pilar y Escobar lograron recientemente la clausura oficial de la central termoeléctrica Araucaria. Ahora, los gobiernos deben garantizar que este cierre sea definitivo.

La industria Araucaria Energy pertenece al empresario José Luis Manzano y al fondo Gramercy, dirigido por Gustavo Ferraro, empresario vinculado al macrismo, y cuenta con cuatro plantas en las localidades de Villa Rosa-Matheu, Luján, Las Palmas y San Pedro. La clausura de la central de Pilar “le pegó fuerte al fondo BlackRock […] que posee la mayoría de la deuda de 650 millones de dólares tomada para construir las cuatro plantas de Araucaria Energy. Además, más adelante se tomó 200 millones de dólares más de Gramercy para finalizar el ciclo de las plantas” (iProfesional, 19/8).

En Luján

La central termoeléctrica se instaló en Luján en 2017, durante el gobierno local del intendente Oscar Luciani y provincial de María Eugenia Vidal, ambos de la alianza Cambiemos. A pesar de las importantes movilizaciones y reclamos de vecinos y organizaciones, presentaciones ante la Justicia, deliberaciones en el Concejo Deliberante –incluidos aprietes de patotas y lobbies empresariales- y hasta una ordenanza municipal que prohíbe la instalación de industrias de tercera categoría en el distrito, la planta continúa realizando “pruebas” para su puesta en funcionamiento. Los habituales testimonios y denuncias de vecinos/as evidencian que la planta se encuentra, de una manera completamente ilegal, en funcionamiento.

En torno a la termoeléctrica se configuran enormes intereses empresariales y económicos que llevan, aún con algunos matices, a los distintos partidos del régimen capitalista a realizar todo tipo de concesiones y permitir en los hechos su instalación y funcionamiento. Abundan los ejemplos en ese sentido: en la campaña electoral del 2019, de las cinco fuerzas que competían por la intendencia del municipio sólo el Frente de Izquierda Unidad se pronunció explícitamente por la clausura y erradicación de la planta; desde su asunción en diciembre de 2019, el actual intendente, Leonardo Boto, del Frente de Todos, evita por todos los medios posibles pronunciarse sobre el tema. Este silencio significa, en los hechos, un “dejar hacer”.

Ante este cuadro general es primordial impulsar la organización y la lucha, desde abajo, para conquistar la definitiva e inmediata erradicación de esta empresa ilegal y altamente contaminante para la salud y el medioambiente. Los gobiernos, municipio y provincia, deben dar una repuesta efectiva a los innumerables reclamos de vecinos y organizaciones. Basta de depredación y saqueo capitalista. Defendamos la salud y el medioambiente.

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