El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos ratificó la sentencia que el 1 de octubre emitió el juez Oscar Daniel Benedetto, de la Cámara Civil II, Sala Segunda, a raíz de un recurso de amparo que 40 días antes habían presentado el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos contra el gobierno provincial y el Consejo General de Educación. Dicha sentencia prohibía las pulverizaciones con agroquímicos en un determinado radio alrededor de todas las escuelas rurales de la provincia.

El juez determinaba que para las pulverizaciones aéreas el radio de prohibición es de 3000 metros y para las terrestres de 1000 metros. Dicha sentencia fue apelada por el gobierno provincial, ignorando las terribles consecuencias causadas por el agroquímico sobre la población de alumnos y docentes. En estos días han alzado sus voces de protesta innumerables Asociaciones patronales, Cámaras, Federaciones de acopiadores, productores y semilleros junto a la Sociedad Rural y la Federación Agraria provinciales, llegando a organizar, nucleados en la Mesa de Enlace provincial una convocatoria para cortar la ruta 14 este viernes a las 17 en defensa de “sus intereses”.

También por estos días se supo que al llegar la noticia de la prohibición a oídos del presidente Macri, éste se mostró en contra –durante un encuentro con la Mesa de los Cultivos Extensivos en Trenque Lauquen- “de que haya prohibiciones que limiten la producción” (La Ciudad Revista.com, 8/11). Otra muestra contundente de lo muy poco que le interesa la población estudiantil y los docentes. Y expresó su aval al trabajo que se viene realizando para las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), que es un gran cuento dado que el documento elaborado al respecto contiene 12 principios y 23 recomendaciones que no son más que un conjunto de pautas cuya base bibliográfica son los propios folletos de cada una de las industrias productoras.

La problemática es enorme. En la zona de Entre Ríos, se han realizado estudios preliminares elaborados por estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, donde se afirma que al igual que Gualeguaychú, la agraria localidad de Larroque supera largamente el promedio nacional de muertes por cáncer. A nivel nacional, sobre el total de fallecimientos, el 20 por ciento es a causa de cáncer. En Larroque, el índice supera el 30 por ciento, lo que implica que se supera la media nacional.

Asimismo, se demostró que los casos diagnosticados de diferentes tumores superan entre tres y cuatro veces los que deberían detectarse por año, situación que se agrava en las zonas rurales y sub-rurales del departamento Gualeguaychú.

Una vez más, el gobierno nacional y provincial son solidarios con los intereses del gran capital agrario, que falsamente denuncia que con las prohibiciones no se les permitiría producir en un radio equivalente a casi 300 mil hectáreas.

Los ambientalistas y representantes de los docentes consideraron que esa afirmación es una falacia. "Es falso que no se puede utilizar para agricultura un radio de 1.000 metros, lo que prohibió la Justicia fue la utilización de venenos", advirtieron (Infobae, 30/10).

Es preciso reducir al mínimo los peligros y riesgos que supone la utilización de agroquímicos para la salud y el medio ambiente en todas las aéreas rurales. Por ello es necesario adoptar marcos normativos adecuados, maximizando la prevención, autorizando o limitando prácticas y/o prohibiendo o reglamentando su uso, teniendo en miras la vulnerabilidad de la población y no tan solo el perfil toxicológico del riesgo que implica su utilización.