A través de un convenio con el pulpo agro-biotecnológico Bioceres, el gobierno de La Rioja anunció que esa provincia comenzará un proceso de experimentación para sembrar trigo y soja transgénica. En ese sentido, y por los perjuicios que implicaría, las organizaciones ambientalistas locales salieron fuertemente a cuestionar la medida.

La administración del mandatario peronista Ricardo Quintela iniciará las plantaciones sojeras y trigueras de tecnología HB4 en zonas del departamento Capital y también en Ulapes. La iniciativa gubernamental buscará sembrar unas 100 hectáreas de soja (en unos veinte días) y una extensión similar de trigo transgénico (el próximo otoño). Se realizará una prueba piloto para ver el rendimiento y los resultados que arrojen los mencionados cultivos en los suelos riojanos y la respuesta de estos ante el clima. Cabe aclarar que esta resolución no pasó por ningún estudio de impacto ambiental, ni por audiencias para consultar a la ciudadanía, como lo exige la propia Constitución riojana.

Desde luego y tal como denunciaron los colectivos ambientales, la extensión de la frontera agrícola a lugares no habituales para el trigo y la soja genéticamente modificados es el augurio de la aplicación de agrotóxicos, nocivos para la salud de la población. Incluso, en la tecnología HB4 se aplica el glufosinato de amonio, un herbicida quince veces más tóxico que el glifosato. En tanto, según manifestó Marisa Romero (Asamblea Ciudadana de Capital), ya en La Rioja se utilizan fertilizantes y pesticidas en algunas actividades agrícolas. Entre las mencionadas está el nogal en la zona de Guanchín y en La Costa. También, en algunos emprendimientos grandes de olivos en Chilecito. En la zona de Anillaco ya hay chicos con problemas de salud producto de las fumigaciones.

Además, esto agravará las condiciones de sequía en la región, ya que son cultivos muy absorbentes del agua disponible. Por otro lado, el inconveniente que acarrearía un eventual “éxito” en la productividad del inminente experimento generará la presión para aumentar a escalas siderales la superficie sembrada. Con ello, se pondrían en riesgo las plantaciones tradicionales de la provincia como la vid, los nogales (nuez) o los olivares. En este sentido, la propia activista Romero se pregunta si estos cultivos se hacen con el objetivo de generar alimentos para los riojanos y el país o si es solo una plataforma para la exportación de materias primas.

Al igual que el gobierno nacional, la gestión provincial busca con estos emprendimientos la generación de divisas inmediatas para garantizar el pago de la deuda pública y ganancias extraordinarias para determinados sectores capitalistas, sin resolver la cuestión de la desocupación y la pobreza; es la contracara del ajuste presupuestario por orden del FMI. Ahora, se suma la novedad de que la provincia autorizó, en una zona limítrofe a la vecina San Juan, la explotación de una reserva de litio. Esto no se trata de una política de desarrollo e industrialización del país sino de saqueo liso y llano de los recursos, y con el agravante de que con esta orientación se comprometen salares, humedales y reservas de agua.

Este enésimo atropello requiere de la organización de los trabajadores, del movimiento ambiental, la juventud, las barriadas, profesionales independientes para frenarlo. En definitiva, apelemos a la deliberación para establecer una planificación productiva en función de la satisfacción de las necesidades alimentarias de las mayorías populares, que esté en armonía con la naturaleza.

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