Un informe de la ONG Global Witness afirma que 207 activistas defensores del medio ambiente y la tierra fueron asesinados en el mundo en 2017, lo que constituye el año más mortífero desde que la organización realiza su relevamiento. La cifra podría ser superior debido a las dificultades para identificar estos casos.

La lista es encabezada por Brasil, donde fueron asesinados 57 luchadores ambientales, seguido por Filipinas (48 casos) y Colombia (24). Casi el 60% de los crímenes se produjeron en América Latina. Un dato interesante es que en la lista de los asesinados figuran Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, vinculados a la comunidad mapuche y a la lucha contra el saqueo de la Patagonia por parte de grupos como Benetton y Lewis.

De acuerdo al trabajo, la agroindustria fue el sector donde se concentró la mayor cantidad de asesinatos (46), seguida de la minería y el petróleo (40), la caza ilegal (23), y la tala (23).

Responsabilidad empresarial y estatal

Los datos confirman la responsabilidad estatal y patronal en los crímenes. “Uno de los hechos más impactantes delineados en este informe es la cantidad de homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno, a instancias de sus jefes políticos y en alianza con la industria”, dice el informe. “Global Witness –añade- pudo vincular a las fuerzas de seguridad del gobierno con 53 de los asesinatos y a actores no estatales [bandas criminales, guardias de seguridad, terratenientes, cazadores ilegales] con 90 de las muertes”.

A su vez, ha escalado la cantidad de masacres. La organización documentó “siete casos en los que más de cuatro personas defensoras fueron asesinadas al mismo tiempo”.

Uno de los mayores exponentes en este sentido es Brasil. “En la primera masacre del año, el 19 de abril, nueve pobladores locales fueron torturados y asesinados por sicarios en el estado de Mato Grosso”, dice el informe, por orden de un empresario maderero que quería garantizarse el acceso a esa tierra. El 24 de mayo, durante un desalojo de granjeros sin tierra en el estado de Pará, un grupo de oficiales mató a 10 de ellos. A su vez, “en uno de los ataques más brutales, indígenas Gamela fueron atacados con machetes y rifles por agricultores brasileños, dejando 22 heridos graves; algunos con las manos cortadas”. El 90% de los casos están vinculados, según el informe, a la protección del Amazonas.

El gobierno de Temer aparece como el máximo responsable de esta política de guerra contra las masas agrarias.

Otro punto interesante del informe es el caso de Honduras, que si bien registra una menor cantidad de homicidios en 2017 (5) con respecto a años anteriores, computa 120 casos entre 2010 y 2016. Entre ellos figura el de Berta Cáceres, asesinada en 2016 en medio de una lucha contra la construcción de una represa en una zona reclamada por comunidades indígenas como tierra sagrada. En ese caso, han quedado expuestos los vínculos entre la empresa constructora (DESA) y funcionarios del gobierno.

Honduras se encuentra gobernada por Juan Orlando Hernández, un alfil del imperialismo que logró su reelección el año pasado gracias a una elección fraudulenta. Las multitudinarias protestas contra el fraude fueron reprimidas con un tendal de 30 muertos.

Del resto del mundo sobresale el caso de Filipinas, donde el gobierno de Rodrigo Duterte es denunciado por garantizar a sangre y fuego la expansión de los agronegocios y la expulsión sistemática de sus tierras de campesinos y pueblos indígenas. “El grueso de los casos involucra al ejército y (…) el 67% de los asesinatos ocurrieron en la isla de Mindanao, rica en recursos”, puntualiza Global Witness.

Depredación

El informe tiene el límite de buscar una coexistencia entre los negocios y las comunidades afectadas, o sea de reconciliar lo irreconciliable. En tal sentido, promueve una batería de consejos a empresarios y gobiernos. Aun así, constituye un importante testimonio del carácter depredador y de los métodos del capital para imponer sus intereses.