Una multitud se reunió frente al Monumento a la Bandera en Rosario para exigir que paren las quemas en las islas del Delta del Paraná, en el tercer año de incendios intencionales. Según especialistas, “en lo que va del año se consumieron unas 90.000 hectáreas” de humedal, que va de la ciudad de Santa Fe a Zárate. Entre 2020 y 2021 fueron incendiadas casi 1 millón de hectáreas (La Nación, 8/8).

Está claro que los gobiernos de todos los niveles son responsables, desde el momento en que no han puesto recursos para apagar el fuego en la emergencia, mientras la toxicidad del aire ya es alarmante, tal cual advirtieron neumonólogos en los medios nacionales. Los brigadistas que dependen del Ministerio de Ambiente de la Nación reclaman aumento de salarios, mientras el ministro Juan Cabandié se limita a ampliar denuncias judiciales improcedentes, porque el poder judicial hace años tiene pisadas las causas a pedido del poder ganadero, sojero e inmobiliario, al igual que los gobiernos que no tomaron ninguna disposición ejecutiva frente a los terrenos fiscales adjudicados a privados que mandan a quemar pastizales.

Todo esto se monta sobre el régimen constitucional de los ’90, cuando Menem y Alfonsín pactaron provincializar los recursos naturales para su mejor saqueo, como sucede con los puertos que pasaron a jurisdicción provincial para ser rápidamente privatizados. En esto se escudan quienes detentan el poder en Entre Ríos, Santa Fe y a nivel nacional, en un cinismo extremo, desde el momento en que responden al mismo frente político que gobierna y que cajoneó la ley de humedales, para luego presentar uno completamente devaluado. El tema del inventario optativo, en manos de los gobiernos provinciales, es piedra libre para que la delimitación del humedal sea meramente una cobertura funcional a los gobiernos para depredar de conjunto ese ecosistema.

Más de fondo, la orientación social y económica del Frente de Todos apuesta a profundizar la megaminería, los beneficios para los pooles de siembra y todo el esquema  de primarización económica que rige en la Argentina desde hace 200 años, como lo anunció Sergio Massa con su “plan de estabilización”, que es más ajuste contra el pueblo, para juntar los dólares para pagarle al FMI a como dé lugar.

Profundicemos la movilización popular independiente para exigir el fin de las quemas en las islas del Delta. Recursos ya para apagar el fuego y para los trabajadores a cargo. Necesitamos que intervengan los trabajadores y sus sindicatos para desarrollar a fondo un plan de lucha contra los gobiernos de la contaminación.

Planteamos la expropiación de los terrenos incendiados sistemáticamente, en defensa de la vida del humedal y de nuestra propia vida. Que esos terrenos sean de utilidad pública, para un parque nacional, escuelas y para el disfrute del pueblo. Por una ley de humedales bajo control obrero y popular, con poder de veto frente a proyectos contaminantes.

Viva la lucha popular contra el saqueo y la depredación ambiental capitalista. Abajo el régimen del FMI.

Desde una masiva convocatoria en el Monumento @DeianaCarla "estamos cansados de la complicidad política de todos los gobiernos con la devastación del ecosistema" pic.twitter.com/HOT58A3Y76

— Partido Obrero Rosario (@peorosario) August 10, 2022

https://prensaobrera.com/ambiente/el-gobierno-impulsa-un-proyecto-de-ley-de-humedales-que-no-protege-a-los-humedales