La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Educación Ambiental de manera cuasi unánime, con 215 votos a favor (incluyendo a a los dos legisladores del FIT), 7 negativos y 18 abstenciones. La norma con media sanción establece el derecho a una educación ambiental de carácter integral, y será regulada y ejecutada por la Coordinación Ejecutiva de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental (Cenea).

Esto esconde una serie de trampas que el movimiento ambiental debe colocar sobre la mesa. En primer lugar, ¿con qué presupuesto se pretende implementar esta ley cuando no se destinan recursos a solucionar los problemas de conectividad de millones de estudiantes en todo el país, ni tampoco para infraestructura? La cuestión presupuestaria es por supuesto decisiva.

El segundo punto a considerar es la propia orientación extractivista del gobierno nacional (y también la oposición patronal) y los gobernadores. ¿Podemos dejar la educación ambiental en manos de quienes defienden la megaminería contaminante y los agronegocios? Los que definirán los contenidos específicos de la currícula ambiental son los responsables de los incendios en la Patagonia, impulsores de la instalación de megagranjas porcinas de capitales chinos, o del veto en el pasado a la Ley de Glaciares.

Finalmente, la Cenea tendría un consejo consultivo en el que explícitamente se abren las puertas a la injerencia de las universidades privadas y peor aún de las grandes empresas contaminantes, bajo la figura de “representantes de organizaciones de la sociedad civil con probado interés en la educación y compromiso ambiental de proyección nacional” (artículo 14). Podríamos tener en las escuelas a empresas como Monsanto. La diputada Romina Del Pla, previo a rotar su banca, ya había contemplado este reclamo en el dictamen en disidencia que presentó al tratarse este proyecto en comisión.

El texto de esta ley tampoco contempla la prohibición de firmar convenios con empresas contaminantes, como sucede en la totalidad de las universidades de nuestro país. Esta omisión, en el momento en que se comienza a discutir una nueva Ley de Educación Superior, es una confesión de oficialistas y opositores de cómo pretenden avanzar en una profundización de la privatización encubierta de las universidades.

La tarea del movimiento ambiental y sus organizaciones independientes del Estado es llevar a fondo la pelea por separar a los capitalistas de la educación, ya que solo así se podrá conquistar una verdadera educación ambiental dictada por intereses populares y no de las empresas contaminantes.