Desde que asumió la segunda gestión, la principal campaña del gobernador Alfredo Cornejo es poder habilitar la megaminería en nuestra provincia. Para esto se viene valiendo de varias maniobras para poder sortear los límites que establece la ley 7.722, la cual dicho sea de paso aún no se anima a tocar a sabiendas de la rebelión que se comió su antecesor Rodolfo Suárez.Pero a los avances de exploraciones, que ha logrado con la complicidad de ciertos bloques de la oposición en la legislatura, y la aprobación del Rigi en el Congreso y en la legislatura provincial, ahora pretende dar un nuevo salto en la avanzada prominera estableciendo un nuevo Código del Agua en la provincia, que busque anular todas las leyes referidas al uso y manejo del agua en una sola ley.

El anteproyecto de esta ley ya fue presentado por Cornejo en sociedad con el responsable de Irrigación Sergio Marinelli. Esta establece un orden de 10 prioridades del uso donde las primeras son el uso humano y la mantención del arbolado público siendo la última de estas 10 la que incluye la minería y el petróleo, y es acá donde se clarifican las intenciones del proyecto, ya que en la ley hay un apartado de “mayores beneficios” que le da la posibilidad al gobernador Cornejo de modificar el orden de las prioridades en tanto él lo considere “necesario y beneficioso para la provincia”. Así la minería puesta en el último orden podría saltar al primer o segundo lugar de prioridades, mostrando que, más que buscar ordenar el manejo del agua, el gobierno intenta dar un nuevo salto a favor de las mineras.

Todos los caminos llevan a Roma

En el marco de esta discusión el gobierno provincial también ingresó otra ley en la legislatura: la disolución del Epas (Ente Provincial de Agua y Saneamiento) para que sea absorbido por Irrigación de la provincia. El Epas era el encargado de regular tarifas, seguimientos de obras, entre otras actividades, es decir, un órgano contralor de Irrigación, la empresa prestadora del servicio Aysam (Agua y Saneamiento Mendoza) y el uso del agua en general. Si bien este organismo viene siendo vaciado desde la anterior gestión ahora se busca sacarlo de órbita bajo la excusa del orden fiscal y que dicha tarea de contralor lo pueda realizar Irrigación por “sólida trayectoria en el uso y manejo del recurso hídrico”, una institución que semanas atrás era foco del escándalo por el desmanejo de recursos (cemento, hierro, etc.) y fondos por parte de un Inspector de Cauce en obras que no se terminaron en el municipio de Guaymallén, hecho por el cual también es señalado el exintendente de ese municipio.

Lo cual deja en evidencia que a Cornejo no le interesa el orden fiscal, sino más bien esquivar posibles escollos que salgan a la hora de darle (mal) uso al agua y garantizar los negociados que ya viene ejecutando (de 34 cateos investigados en el sur provincial, 19 son de exfuncionarios suyos) o como los que estuvo prometiendo en un foro minero en Chile la semana pasada. Así como también el acuerdo de privatizar del servicio que firmó meses atrás con Mekorot, la empresa cómplice del genocidio israelí con el pueblo palestino.

El agua de Mendoza no se negocia

En el marco de esta ofensiva minera cornejismo, apoyada nacionalmente por Javier Milei, la implementación del Rigi y la negación del cambio climático, nos empuja a llevar a fondo el debate sobre el uso de un bien tan preciado como el agua en una zona desértica como nuestra provincia, así como la tentativa del saqueo de los demás bienes comunes. Más aún en momentos que empieza la mayor demanda de agua por parte de los habitantes, y con ello los constantes cortes que sufren los barrios populares por la falta total de obras hídricas, al tiempo que el gobierno implementó el uso de medidores para establecer los valores del consumo del agua, que ya han experimentado aumentos de más 350% con los que entraron en vigencia.

Por esto más que nunca hay que remontar la consigna “el agua de mendoza, no se negocia” y llevar la deliberación a los barrios, lugares de trabajo y de estudio para frenar de cuajo la avanzada minera, y anteponer todas las demandas postergadas en torno al uso del agua, estableciendo un gran plan de obras hídricas ejecutado y controlado por miembros idóneos y electos por el voto popular, para garantizar el agua en todos los barrios de la provincia y la reutilización del agua, generar puestos de trabajo genuinos en una provincia golpeada fuertemente por la pobreza, y anular todos los tarifazos, e implementación de medidores, hasta tanto se abran los libros contables de Aysam y se sepa a dónde van los recursos provinciales.

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