Un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia ha establecido la inconstitucionalidad de parte del primer artículo de la ley 7.722. Esta prohíbe el uso de sustancias contaminantes para cualquiera de las fases de la actividad minera. La decisión modifica la ley a favor de emprendimientos mineros como San Jorge.

El artículo 1° de la ley establece que “… se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos …” Lo inconstitucional sería donde dice: “y otras sustancias tóxicas similares” limitando la prohibición al cianuro, mercurio y ácido sulfúrico.

Progreso del capital megaminero

Esta modificación favorece claramente al emprendimiento San Jorge, quien impulsó el reclamo en la Corte, que pretendía extraer oro y cobre de la cordillera. Justamente el proceso de separación de la roca se pretende hacer con “otras sustancias tóxicas” como el xantato.

A fines de 2019 una pueblada dio por tierra con el pacto UCR-PJ que buscaba habilitar la megaminería. El lobby de las cámaras empresariales, funcionarios nacionales y provinciales, incluido el presidente y gobernador continuó, pese al rechazo masivo. Con esta resolución de la Suprema Corte de Justicia se materializa otra ofensiva del lobby megaminero, ahora para cercenar la ley 7.722.

En términos concretos significa un progreso en la explotación megaminera de Mendoza, pues la resolución está mutilando el espíritu general de la ley, que es evitar la contaminación por el uso de cianuro, mercurio ácido sulfúrico y demás elementos tóxicos. Quedan en pie las principales sustancias, lo cual no significa impedimento legal alguno para que emprendimientos como San Jorge puedan comenzar a extraer oro y plata.

Se gana en las calles

Las asambleas socioambientales del agua emitieron un duro comunicado donde rechazan el fallo de la corte y anuncian el estado de alerta y movilización. Echa luz con su comunicado al denunciar que “… no olvidamos que en 2019 las cúpulas del PJ y UCR acordaron derogar la ley 7.722 traicionando al pueblo mendocino. El Frente de Todos y Cambiemos son socios estratégicos del lobby empresarial megaminero, y no hay grietas en su intento conjunto de imponer contaminación y saqueo de nuestros bienes comunes.”

La AMPAP, asamblea que nuclea las asambleas socioambientales, también denunció el rol de los medios de comunicación que festejaron el fallo de la corte presentando la actividad megaminera como una salida a la crisis económica y social que atraviesa la provincia. Se busca deslegitimar la enorme acción en defensa del agua para encontrar una base social de sustentación y buscar licencia social.

Los capitales megamineros han logrado un triunfo en los escritorios que los habilita parcialmente, es en la calle como ha ocurrido siempre donde se debe imponer el respeto del espíritu general de la 7.722 y, por lo tanto, su adecuación constitucional.

El miércoles 3 de noviembre está convocada una movilización en defensa del agua y la 7.722, debe ser el principio de un plan de lucha coordinado por las AMPAP junto con las organizaciones sindicales y sociales de la provincia.

¡El Agua de Mendoza no se negocia!